o EDITORIAL
¿Izquierda en crisis?
Se inició 2017 con una situación bien complicada para los procesos progresistas suramericanos: gobiernos abiertamente neoliberales y proimperialistas en Brasil, Argentina -principales economías de Suramérica- y Paraguay, lo que implica un Mercado Común del Sur (MERCOSUR) controlado por la ultraderecha oligárquica, en alianza político-ideológica con el ya existente bloque conformado por Colombia, Perú y Chile.
Venezuela, Ecuador y Bolivia, sin fronteras entre si, quedaron como islas rodeadas por enemigos cavernícolas que sueñan con cobrar a los sectores progresistas y muy especialmente a Venezuela, los avances obtenidos durante los primeros años de este siglo.
Una vez más, el imperialismo y la ultraderecha continental creyeron llegado el fin de la Revolución Bolivariana (a ese tema dedicaremos el editorial del próximo número) e igualmente, derrotar al proceso progresista ecuatoriano, que en febrero de este año efectuaría elecciones presidenciales y legislativas, así como un referéndum destinado a prohibir que los funcionarios públicos depositen bienes o capitales en los paraísos fiscales.
Como era de esperar la guerra sucia desatada por la reacción contra el Movimiento Alianza País (AP), en Ecuador, y su candidato para la presidencia, Lenín Moreno, abarcó desde atentados terroristas, como el envío de un paquete bomba a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que afortunadamente no estalló en sus manos, hasta una verdadera guerra mediática con campañas de descrédito orquestadas a través de la “gran prensa” contra el gobierno y los candidatos del partido oficialista, así como la manipulación de datos y la publicación de falsas noticias.
Pese a ello, la ultraderecha no pudo evitar que Alianza País se alzara con una triple victoria en esos comicios. Aunque no alcanzó el 40 por ciento de los votos para ser proclamado ganador en la primera vuelta (alcanzó el 39,33 % de los votos), Lenín Moreno se alzó con una victoria de 11 puntos por delante del banquero Guillermo Lasso (29,19%); Alianza País obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional con 77 escaños de 137, lo que le permitirá aprobar leyes ordinarias sin necesidad de acuerdos con otras organizaciones políticas, y también venció en el referéndum (55 contra un 45%) sobre la prohibición de depósitos en paraísos fiscales por los funcionarios públicos, lo que afectará a Guillermo Lasso en su futuro político pues cuando la Asamblea Nacional apruebe la ley que norme el resultado del referéndum, tendrá que repatriar la millonaria fortuna que posee en los “paraísos” o renunciar a sus intentos de mantenerse como figura política oposicionista.
Siguiendo la ya conocida política de no reconocer las victorias electorales de los sectores progresistas, aún cuando hasta los observadores internacionales certifiquen la no existencia de fraudes, Lasso y la Alianza Creo-Suma, que lo candidató, no reconocieron la derrota y provocaron desórdenes en distintas ciudades del país.
Los resultados de la segunda vuelta, en los que nuevamente Lenín Moreno se alzó con la victoria (51 contra 49 % de los votos, lo que corresponde a una diferencia de más de 220 mil votos) también fueron desconocidos por la oposición, que en este caso se unificó y cerró filas en torno a Lasso; nuevos violentos incidentes se escenificaron por parte de la ultraderecha, que así dejó abierto el camino para futuros intentos desestabilizadores (copia y calco de su homóloga venezolana). El propio Lasso llamó a sus seguidores a protestar.
Cabe destacarse que en esa segunda vuelta a la que, como ya dijimos, la derecha acudió unificada, algunos sectores progresistas prefirieron mantener sus críticas hacia Alianza País, con lo que en la práctica le hicieron el juego a la derecha en momentos, además, en que el imperialismo y las oligarquías latinoamericanas arrecian la ofensiva de restauración neoliberal.
La victoria de Alianza País resulta de gran importancia para el resto de las fuerzas progresistas latinoamericanas y a la vez debe servir para sacar experiencias que ayuden en las duras luchas que se avecinan en los próximos meses.
Con esa victoria quedó rota parte de la campaña continental del imperialismo, en el marco de lo que se ha dado en llamar guerra de cuarta generación, que daba por sentado a través de los medios masivos de comunicación el fin del ciclo progresista iniciado a principios del siglo. Los ideólogos derechistas basaron esa teoría en la victoria de Macri en Argentina, la derrota en las legislativas en Venezuela, el No en el referendo en Bolivia y la destitución de Dilma Russeff como presidenta de Brasil. Cabe señalar que incluso algunos teóricos progresistas fueron confundidos por esa campaña y llegaron a adherirse a la teoría de la existencia de una época de reflujo de la izquierda en Latinoamérica.
Tomados como sentencias académicas y repetidos hasta la saciedad por la “gran prensa”, esos ejemplos eran y son avalados por un hipotético cansancio de los pueblos hacia los regímenes “populistas” (así llaman despectivamente a los gobiernos progresistas), por los infundados fracasos económicos de estos, así como por la supuesta corrupción de sus dirigentes y la violación de los “valores” democráticos y de los derechos humanos de sus pueblos.
Estamos ante una retahíla de mentiras y tergiversaciones repetidas constantemente y que llegan a sembrarse en el ideario de los sectores despolitizados y sobre todo en la juventud, que no conoció la época de las dictaduras militares y del más descarnado neoliberalismo. No es para nada casual los constantes llamados de los ideólogos derechistas al olvido del pasado. Por ello tampoco resulta nada casual que una de las banderas más esgrimidas por el expresidente Obama durante su visita a Cuba fuese el olvido del pasado y la necesidad de cambio (en abstracto).
Al respecto vale la pena que nos detengamos en el significado que intentan dar los ideólogos contrarrevolucionarios a la palabra “cambio” que ha sido y seguirá siendo durante un buen período de tiempo, utilizada como pasaporte por parte de la derecha continental en busca de triunfos electorales y de no lograrlos, también le será útil para intentar derrocar a los gobiernos progresistas del área.
Desgraciadamente una parte de los seres humanos es dada al olvido de la historia, a ellos se suman, como ya dijimos, los sectores despolitizados y los jóvenes, que la conocen sólo por referencias en ocasiones deformadas y hasta mal intencionadas. Resulta imprescindible que los pueblos interioricen que ningún cambio positivo para ellos ha llegado de la mano de las élites, que siempre los han explotado, y que nunca los sectores progresistas, generadores de los verdaderos cambios, han triunfado haciendo concesiones al gran capital.
La gran batalla que hoy se libra contra esta llamada guerra de cuarta generación desatada por el imperialismo contra los movimientos progresistas latinoamericanos y caribeños hay que ganarla rompiendo todas las matrices de opinión que imponen a la opinión pública los ideólogos de la derecha, valiéndose de los gigantes de la desinformación, de sus medios locales y de las redes sociales. La formación cultural de los pueblos, lo que equivale a decir de la ideología como parte de la cultura, no puede permanecer en manos de la derecha; ese es un requisito básico para poder avanzar hacia un futuro progresista y democrático.
Sé que corro el riesgo de ser acusado de estar en contra de la tan cacareada sacrosanta libertad de prensa, pero al que así lo piense le pediría que reflexione si practican esa libertad los que han sumido al mundo, a través de una dictadura mediática, en la desinformación globalizada que hoy padece la humanidad, dictadura que ha llevado a la muerte a millones de seres humanos en guerras justificadas por mentiras cuando en realidad se basan en el saqueo de las riquezas por las transnacionales.
Hay que hablar claro y sin miedo. No se puede hablar de reflujo de las ideas de izquierda o progresistas en Nuestra América porque en realidad los gobiernos de izquierda o progresistas en el Continente son los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia -todos integrantes de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)- y todos ellos pese a las agresiones imperiales se mantienen al frente de sus pueblos.
Para nada puede catalogarse como derrotas de la izquierda latinoamericana los casos de Argentina y Brasil porque ninguno de los dos gobiernos eran de izquierda, simplemente aplicaron en lo interno tímidas políticas reformistas de redistribución, aunque en lo externo resultaban molestos para los intereses imperiales que buscan en el área un tajante retorno al neoliberalismo, que le permita abaratar los costos de producción y con ello maximizar las ganancias.
De todas formas, a los que no opinen así y crean que Argentina y Brasil eran países gobernados por la izquierda, les pido que recuerden que en Argentina el triunfo de Macri se debió a que el Partido Justicialista se presentó dividido a los comicios y pese a ello su sector más positivo agrupado en el Frente para la Victoria –la líder indiscutible era Cristina Fernández de Kirchner, que no podía postularse a la presidencia por tercera ocasión- fue derrotado por sólo dos puntos de diferencia y que en Brasil Dilma Russeff no fue víctima de un reflujo de la izquierda, como consecuencia de una derrota electoral , y sí de un golpe de estado parlamentario-judicial.
Igualmente, para nada es aceptable la matriz de opinión que se intenta imponer sobre la existencia de crisis en los países progresistas como consecuencia del modelo económico. Para desmentir tal falsedad basta consultar las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ese organismo de la ONU señaló que esa área geográfica cerró el 2016 con una contracción promedio del -1,1 % del Producto Interno Bruto (PIB) y específicamente Suramérica experimentó una contracción de -2,4%.
La realidad es que la baja de los precios de las materias primas ha golpeado fuertemente a las economías de toda la región; los países latinoamericanos dependen de las exportaciones de materias primas y algunos de ellos, específicamente, de las petroleras que de más de 100 dólares el barril llegó a cotizarse a 20. En síntesis, la crisis económica azota a todos los países del área; no sólo a los progresistas, como se pretende hacer creer.
Otra matriz de opinión que la ultraderecha intenta imponer a través de los medios de comunicación es la relativa a la corrupción dentro de los gobiernos progresistas. La realidad es que ningún alto dirigente de los gobiernos a los que llamo de izquierda o progresistas, entiéndase los miembros del ALBA, han sido salpicados por la ola de escándalos que conmueven el Continente: Papeles de Panamá o el de la firma brasileña Odebrecht, por citar los más renombrados.
A otras matrices de opinión que la ultraderecha trata de imponer a la opinión pública mundial y específicamente a la guerra no declarada contra la Revolución Bolivariana, nos referiremos en el próximo número; no obstante, podemos afirmar que los sectores progresistas atraviesan la crisis provocada por el imperialismo y las oligarquías locales y no las consecuencias de un reflujo de la izquierda, a causa de sus errores.
Eddy E. Jiménez
TITULARES
-Ecuador: Un paso adelante para no ir dos atrás. Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
-Buenaventura: Qué pasa cuando no pasa nada. Por Luis Salas
-El gobierno está podrido !directas ya!. Por João Pedro Stedile
-Ambientalistas en peligro. Por: Darío Aranda
-El crimen de Berta Cáceres y las “fuerzas especiales” entrenadas en Estados Unidos. Por Fernando Vicente Prieto
Ecuador: Un paso adelante para no ir dos atrás
Por Juan J. Paz y Miño Cepeda*
Entre 1979-2017 Ecuador ha vivido la etapa más larga de regímenes constitucionales, un proceso que contrasta con el pasado, cuando el país tuvo una historia similar al conjunto de América Latina, con oleadas de constitucionalismo, dictaduras, caudillos o revoluciones.
La Revolución Ciudadana bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) no sólo forma parte de esta singular etapa, sino que surgió bajo una serie de contextos.
Después de las décadas “desarrollistas” de 1960 y 1970 y tras las dictaduras petroleras de esta última, el retorno a la democracia institucional parecía fortalecer una tendencia progresista; pero la crisis de la deuda externa desde 1981/82, seguida del progresivo e indetenible avance del modelo empresarial/neoliberal de economía, liquidaron el ascenso social.
Además, los partidos y la clase política del momento pasaron a controlar las funciones del Estado en beneficio propio. Esa combinación entre economía y política aceleró la desinstitucionalización del Estado, pero sobre todo deterioró sistemáticamente las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población nacional porque se consolidó un sistema que, en plena época de globalización transnacional y derrumbe del socialismo, dio el triunfo al capital, beneficiando en Ecuador a una elite que concentró la riqueza y el poder como en ninguna otra época.
Finalmente se perdió todo sentido de latinoamericanismo, soberanía y hasta decoro y dignidad nacionales, por la subordinación al FMI, a los intereses imperialistas y a los principios del mercado libre con empresa privada absoluta.
Fue la reacción contra esas condiciones la que condujo al cambio: el triunfo presidencial de Rafael Correa apoyado por el sector progresista, democrático y de toda la izquierda nacional, la Asamblea Constituyente, la Constitución de 2008 y el nuevo poder ciudadano en el control del Estado, incluso bajo condiciones prometedoras, por los altos precios de los bienes de exportación y sobre todo del petróleo, del cual dependía la economía del país.
Superar las herencias resultó una obra titánica, porque comenzaron a ser afectados, no solo los antiguos sectores del poder sino tradicionales grupos políticos y movimientos sociales, acostumbrados a sus propias prebendas.
Con el avance de la Revolución Ciudadana, el modelo empresarial/neoliberal fue rápidamente superado por una economía social CON mercado (término operativo para caracterizar un “modelo” que también se diferencia de la economía social DE mercado europea), cuyos rasgos han servido para que se le bautice erróneamente como neodesarrollismo, neoestructuralismo, neokeynesianismo y hasta postcapitalismo.
Ha sido fundamental el fortalecimiento de las capacidades estatales, la acción regulatoria del Estado, la consolidación del régimen redistributivo de los impuestos y las inversiones en obras públicas que durante una década transformaron las infraestructuras del país en forma inédita, así como también potenciaron, como nunca antes, los servicios públicos en varias áreas: educación, salud, atención médica, seguridad social y vivienda.
También fue superado el antiguo Estado-de-partidos, con la nueva constitucionalidad basada en el poder ciudadano (otro término por el momento operativo), el presidencialismo fortalecido, la nueva institucionalidad entre las funciones del Estado, y el apoyo del sector progresista y democrático de la sociedad en 14 procesos electorales, que refleja una multiplicidad clasista, sobre cuya base se recuperaron los principios de soberanía, orgullo y dignidad nacionales.
La incomprensión de estos cambios en el régimen político también ha conducido a que se revivan viejos conceptos sociológicos para caracterizar al gobierno del “correísmo”, desde perspectivas subjetivas y meramente conceptuales, como populista, caudillista, paternalista, hiperpresidencialista, etc., y hasta autoritario.
De todos modos, el proceso de la Revolución Ciudadana debe ser observado como una sucesión de distintos momentos, porque entre 2007-2008 se ubicó la reforma constitucional; entre 2009-2013 la estabilización de los objetivos y reformas; entre 2013-2014 la institucionalización hegemónica de Alianza País; pero entre 2015-2016 la recesión económica, que solo desde 2017 empieza a girar por los índices de recuperación existentes.
Por consiguiente, en la perspectiva de amplio plazo la Revolución Ciudadana inauguró un nuevo ciclo en la historia política del Ecuador, que se inscribió en el marco de los gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda en América Latina, región con la que el presidente Correa mantuvo una identidad permanente.
Las transformaciones económicas y sociales han sido resaltadas por informes y estudios de la Cepal, el Pnud, el BM y hasta el FMI, que observaron la disminución de la pobreza, el progreso en la equidad y redistribución de la riqueza, así como la atención en los servicios estatales; la obra de gobierno fue reconocida en foros académicos y políticos internacionales; el liderazgo de Rafael Correa igualmente exaltado por las universidades que le otorgaron 15 doctorados Honoris Causa.
Como ha ocurrido con otros gobiernos latinoamericanos guiados por orientaciones de nueva izquierda, el gobierno de la Revolución Ciudadana despertó poderosas fuerzas de oposición: el imperialismo, las élites económico-empresariales, el partidismo y el movimientismo tradicionales, los medios de comunicación mercantiles, y hasta un sector de la izquierda que en la segunda vuelta electoral de 2017, incluso, llamó a votar por un candidato de la banca o creó los conceptos fundamentales (allí estuvieron los marxistas pro-bancarios) para combatir al “correísmo”.
Desde luego, quedaron una serie de políticas por atender: los triunfos electorales no promovieron una democracia más participativa y directa; ha sido insuficiente el apoyo al sector de economía social y solidaria; no se cumplió con la reforma agraria aspirada por el campesinado; fueron conflictivas las relaciones con las dirigencias de los trabajadores, indígenas y otros sectores sociales; también quedaron problemas de burocratismo y excesiva centralización; en los dos últimos años se flexibilizaron ciertos derechos laborales y se giró a decisiones demasiado favorables al sector privado; se estabilizó un “capitalismo social”.
Por sobre los límites, en una década Ecuador se transformó. Y el triunfo del presidente Lenín Moreno, con hegemonía política de Alianza País, evitó el retorno de los intereses de la ultraderecha económica y política.
Con el presidente Moreno, Ecuador ha comenzado una nueva fase en el proceso de la Revolución Ciudadana, bajo la expectativa de América Latina y las esperanzas nacionales que confían en la continuidad a favor de la consolidación y profundización de los logros de una década indudablemente ganada para la historia nacional.
*Juan J. Paz y Miño Cepeda es Historiador, investigador y articulista ecuatoriano.
Fuente: Prensa Latina
Buenaventura: Qué pasa cuando no pasa nada.
Por Luis Salas
La entrada en Wikipedia dice que, oficialmente, a la ciudad de Buenaventura (Colombia) se le denomina “Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura”. “Aparte de esto –continúa la entrada- es el municipio más grande en toda la región del pacífico y de mayor extensión del departamento del Valle del Cauca”.
Entre esta descripción y el nombre uno pensaría que se trata de un lugar paradisíaco localizado a las orillas del pacífico colombiano. Y de alguna manera lo es. Solo que los paramilitares, narcotraficantes, políticos, autoridades y poderosos empresarios de la zona, se han empeñado en convertirlo en un verdadero infierno.
Buenaventura hoy es noticia porque su población encabeza un paro contra el gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de una acción que ya habían practicado antes exigiendo seguridad. En este caso, sin embargo, la demanda pasa porque se decrete una emergencia económica, dados los altos índices de desempleo y pobreza de la zona. Pero la respuesta del gobierno fue un toque de queda para reprimir la protesta. Lo que contrasta abiertamente dicho sea de paso con sus “preocupaciones” en torno a la supuesta violación a los derechos humanos y la libre protesta en Venezuela, siendo el caso que el gobierno venezolano – enfrentando una situación de terrorismo callejero oposicionista- no ha recurrido todavía a tal extremo.
Ahora, este evento excepcional que más allá del colaboracionismo de los grandes medios con el gobierno de Santos atrajo la atención de la opinión pública mundial, no se entiende si no se le analiza sobre el contexto de un drama cotidiano generalmente ignorado por dicha opinión pública. Y cuando decimos drama no estamos exagerando y más bien puede que nos quedemos cortos, en la medida en que no existen calificativos que sirvan para describir a plenitud lo que ocurre en Buenaventura.
Y es que Buenaventura como decíamos, hoy día es víctima del ensañamiento de los señores del dinero y de las armas. Y no estamos hablando solo de los paramilitares y narcotraficantes, sino también y sobre todo de los señores ligados a la política y el poder económico formal. De hecho, esto es lo primero que hay que aclarar. Ya que contrario a lo que reza la matriz de medios como la revista SEMANA (ligada a la familia Santos y al uribismo), el terror no llegó a Buenaventura de mano de los paramilitares de la generación de los hermanos Castaños. El terror llegó antes: de la mano del propio gobierno nacional, las autoridades locales y los empresarios.
El drama de Buenaventura comenzó en los años 90. Hasta entonces, la ciudad había sido como siempre una zona pobre del pacífico colombiano, cuya buena parte de sus habitantes –afrodescendientes en su gran mayoría- vivían de la pesca. La gran actividad económica de la zona la representaba sin embargo el puerto, cuya administración en manos del Estado llegó a su fin en los tiempos en que Cesar Gaviria, en su condición de presidente de Colombia, nombró a Juan Manuel Santos ministro de comercio exterior.
Con la privatización del puerto impulsada por Santos llegaron las promesas de desarrollo. Pero los únicos que se desarrollaron fueron los bolsillos de las doce familias que manejan el negocio portuario tanto en lo que tiene de legal como de ilegal. Entre estos destacan los nombres de Luis Parody, papá de Gina Parody, política ligada al uribismo y ex ministra de Santos, así como también y sobre todo el de Oscar Isaza, amo y señor de Buenaventura, tanto en los negocios portuarios propiamente como los urbanísticos y hoteleros.
Con la privatización del puerto, el narcotráfico, que ya tenía presencia en la zona, creció exponencialmente y tomó el protagonismo. Y fue por esta razón según se dice que llegaron las guerrillas. Pero luego, atendiendo al llamado de los comerciantes y empresarios de la zona –según reza en distintos testimonios- llegaron más atrás los paramilitares. Y con los ellos las torturas, los secuestros, los desaparecidos, descuartizamientos y desplazamientos.
Todos los expertos plantean que la estrategia de terror paramilitar tenía y tiene un doble propósito: debilitar la base social de la guerrilla y hacerse con el control de las rutas del narcotráfico. Y ambas cosas sin duda son ciertas. Lo que no es cierto es que esos sean los únicos propósitos. También existe el de desplazar a la población de estas zonas costeras para avanzar en desarrollos urbanísticos y turísticos, cosa que actualmente obstaculizan las poblaciones que tienen décadas asentadas en las mismas. Por otra parte, es un mecanismo utilizado para garantizar el pago por extorsión y secuestros. Y no menos importante: un dispositivo de control mediante violencia salvaje que se ejerce contra líderes sociales, sindicales, comunitarios, defensores de derechos humanos, y en general, todo aquel que ponga en entredicho el poder de los amos y señores de la zona.
Así las cosas, Buenaventura no solo es un municipio que genera 2 billones de pesos en impuestos, y que mantiene en la pobreza a más del 64% de sus habitantes, en la miseria al 18% y en el desempleo al 60%, como lo denunció la ex senadora Piedad Córdoba. Es también el lugar de las tristemente célebres “casa de piques”, sitios a donde son llevadas personas para ser descuartizadas vivas por causas como cruzar la frontera invisible de alguno de los grupos en conflicto o ganarse la enemistad de algún poderoso. Pero adicionalmente, es un lugar donde la población –sobre todo la más pobre- está atrapada entre el terrorismo paramilitar y la ambición de una clase política y económica en extremo corrupta, que pese a todas las promesas no está interesada en mejorar la situación de estos habitantes, pues en el fondo desean que se vayan para disponer de las tierras e instalar hoteles y otras logísticas asociadas a negocios de enclave tanto legales como ilegales.
En fin, hoy Buenaventura es noticia porque la gente en su desesperación cortó el flujo de los negocios millonarios que no solo no los benefician, sino que los perjudican. Por eso y no por otra razón el gobierno de Santos actuó con desafuero. Pero esta ciudad debería ser noticia exactamente por aquello que entre poco y nada sale en los medios hegemónicos: por el despotismo de una plutocracia que la convirtió de un paraíso natural en un infierno criminal.
Fuente: CELAG
El gobierno está podrido !directas ya!
Por João Pedro Stedile*
Se juntaron los poderes económicos, mediáticos, jurídicos y el congreso, y dieron un golpe institucional derrocando a la Presidenta Dilma, sin que se hubiese cometido ningún crimen, como exige la constitución.
El pueblo incrédulo, apenas asistió a todo eso por televisión.
Creían que iba a hacer un gobierno de frente nacional, donde cabrían todos, ¡menos el pueblo!
Escondieron del pueblo que el verdadero objetivo del golpe era una alianza entre la burguesía brasileña con el capital extranjero para retomar un programa neoliberal, que aumentase la explotación del trabajo, liberase los recursos públicos para sus empresas y entregase nuestras riquezas naturales (agua, petróleo, tierras…) para beneficiarse con lucros extraordinarios, con el capitalismo en crisis en todo el mundo.
Todo eso salvaría a la burguesía de la crisis económica, el PIB volvería a crecer y calmaría a los trabajadores.
La crisis económica sólo se agravó. Hasta porque los capitalistas en vez de invertir en la producción, prefieren el “rentismo” de los intereses. Y el estado brasileño paró de hacer inversiones públicas, porque el gobierno golpista prefirió dilapidar a las empresas estatales en las que antes se invertía. Y la tasa de inversiones sobre el PIB, en el 2016 fue de apenas el 16,9%, cuando el padrón necesario debería estar en torno al 25%, lo que revela que la crisis va a continuar por mucho tiempo.
La crisis social ya huele a tragedia con las protestas hasta de presidiarios y de la policía militar. Doce millones de trabajadores desempleados se suman a otros ocho que nunca trabajaron. Falta trabajo para 20 millones de adultos. Y la violencia social contra los pobres, que mata 50 mil jóvenes por año en las periferias, continúa silenciada.
La crisis ambiental, que afecta a todo el mundo, está allí, con el cambio climático, la sequía y la falta de agua, incluso en la capital federal en plena época de lluvias. Esto es una consecuencia de la furia del capital sobre los bienes de la naturaleza, con sus venenos, el monocultivo y la explotación depredadora de los minerales. Mariana está allí, con una herida abierta, y el Rio Doce, muerto, esperando la compensación de dos mil millones que la empresa Vale dice no tener, a pesar de los 13,3 mil millones de beneficio neto obtenido en el año 2016, que distribuirá entre sus accionistas, 52% residentes en el extranjero. ¡Y el poder judicial servil y promiscuo finge no darse cuenta!
La crisis política, dispensa comentarios. Todos los días tenemos noticias en la prensa que huelen a podrido. En nueve meses, nueve ministros tuvieron que escapar. Y la lata de la basura de la historia está a la espera de la visita de muchos otros.
El comandante del Ejército se dirige a la sociedad y dice que la nación está a la deriva, ¡y todo el mundo se queda en silencio, como si hablara de otro planeta! Ahora, cuando el comandante de las fuerzas armadas, la institución más disciplinada de la sociedad, advierte que el barco perdió el control, nadie sabe a dónde va y se hundirá… Es por eso que la situación es muy grave.
Frente a esta situación, los movimientos populares agrupados en el Frente Brasil Popular hemos defendido que es necesario cambiar el gobierno. Temer y su grupo no tienen más chances de seguir. Hay que poner freno a todas las propuestas criminales como la reforma de la previsión social y las leyes laborales, detener la entrega de Petrobras y la Base de Alcántara.
Para eso precisamos de elecciones generales, cuanto antes, combinada con una reforma política de emergencia, que garantice elecciones limpias sin influencia del poder económico y de la corrupción. Y el compromiso del nuevo congreso, convocar a una asamblea nacional constituyente exclusiva.
O sea, sólo recuperar la democracia podrá salvar a la sociedad, para que tengamos en el comando un gobierno legítimo y popular, que pueda debatir con la sociedad un nuevo proyecto de país.
Y el pueblo precisa salir del sofá y movilizarse, luchar por esos cambios. Nosotros buscaremos hacer nuestra parte. Y contamos con la participación activa de Lula, que aún es el principal lidera popular de país, para que él nos ayude a recorrer el país, hablando con el pueblo, explicando la gravedad de la crisis y las verdaderas salidas necesarias.
*Joao Pedro Stedile es economista y miembro de la coordinadora nacional del Movimiento Sin Tierra – MST- y de la Vía Campesina de Brasil.
Fuente: Cubadebate
Ambientalistas en peligro.
Por: Darío Aranda*
Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes.
Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América Latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.
“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.
Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.
La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.
Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.
La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.
Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Méndez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).
El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.
En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.
El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.
En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.
“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.
En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).
La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.
*Darío Aranda es periodista y escritor argentino. Trabaja en el diario Página/12.
Fuente: Página 12
El crimen de Berta Cáceres y las “fuerzas especiales” entrenadas en Estados Unidos.
Por Fernando Vicente Prieto
A un año del crimen de la militante hondureña, una investigación afirma que dos de los detenidos por el asesinato son oficiales de inteligencia con entrenamiento en Fort Benning, Georgia, donde se localiza la Escuela de las Américas.
La información se basa en registros de las fuerzas armadas hondureñas y en documentos judiciales a los que accedió la periodista Nina Lakhani, quien publicó un artículo en el diario inglés “The Guardian” el martes 28 de febrero.
Según estas fuentes, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas Giovanny Bustillo recibieron en 1997 entrenamiento en la tristemente célebre Escuela de las Américas, que formó durante décadas a las fuerzas militares latinoamericanas en la Zona del Canal de Panamá y desde 1984 fue localizada en Fort Benning, Georgia, bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
Además, en 2005 Díaz fue entrenado en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea (IAAFA, por sus siglas en inglés). La IAAFA estuvo localizada en Panamá hasta 1989, luego en la Base Aérea Homestead (Florida) hasta que fue destruida por el Huracán Andrés, para finalmente recalar en la Base Aérea Lackland, en Texas, desde principios de 1993. Allí fue donde, en 2005, Mariano Díaz tomó un curso de “contraterrorismo”.
Acusados como organizadores del crimen, ambos militares fueron detenidos en mayo de 2016 <http://notas.org.ar/2016/05/03/honduras-detienen-cuatro-personas-asesinato-berta-caceres>, junto a Sergio Ramón Rodríguez y Edilson Antonio Duarte. Este último es identificado como el autor de los disparos contra Berta Cáceres, en el atentado que le costó la vida el 2 de marzo de ese año.
Duarte, quien desde hacía tiempo se dedicaba a tareas de sicariato, declaró haber sido contratado por Sergio Rodríguez, ejecutivo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA). Esta compañía es presidida a su vez por Roberto David Castillo Mejía, otro ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Berta Cáceres, en su condición de lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), impulsaba la lucha contra Agua Zarca, denunciando el impacto que ocasionaría en el río Gualcarque y en las comunidades lenca de la zona.
El teniente Bustillo, retirado de las Fuerzas Armadas en 2008, era el jefe de seguridad de DESA y fue quien planificó el asesinato <http://notas.org.ar/2016/03/03/asesinan-berta-caceres-honduras/> junto a Díaz. Desde su rol en la empresa, Bustillo había acosado reiteradamente a Berta Cáceres, quien en un reportaje en 2013 ya había denunciado los intentos de soborno y amenazas. “(Rodríguez) me ofreció soborno, a mí y al COPINH”, declaró. “Como no les funciona eso, vienen todas las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa (Bustillo), donde incluso hay acoso sexual”, había expresado Berta, entrevistada por el periodista Dick Emmanuelson.
Las “fuerzas especiales”
Además de Díaz y Bustillo, en la operación participó Henry Javier Hernández, un francotirador retirado que trabajó bajo el mando de Díaz en el 15º Batallón, una de las dos unidades de las fuerzas especiales del ejército hondureño, formadas y adiestradas por Estados Unidos en la década de 1980, con el objetivo de desarrollar su estrategia contrainsurgente.
Eran momentos en que desde Honduras se prestaba apoyo a la “contra” que combatía a la Revolución Sandinista en Nicaragua. También en El Salvador y en Guatemala se desarrollaban procesos de lucha armada contra gobiernos plenamente subordinados a Estados Unidos. Tres décadas después, la estructura de fuerzas especiales adiestradas por el Comando Sur continúa en pie, ahora bajo el pretexto de las “amenazas difusas”, en particular la lucha contra el terrorismo y las drogas.
El 15º Batallón, al igual que el Centro de Entrenamiento de las fuerzas especiales, tiene su sede en el Bajo Aguán, una de las regiones socialmente más conflictivas, donde las comunidades campesinas denuncian la represión militar. Allí fueron asesinados la mayor parte de los 124 líderes y activistas sociales que luchan contra el monocultivo de la palma aceitera, en manos de compañías trasnacionales asociadas a empresarios locales, quienes en la práctica ejercen el poder de mando sobre los cuerpos militares, que aplican la doctrina “antiterrorista” contra la población que resiste a los proyectos que intentan quedarse con su territorio.
Luego de su retiro formal en 2013, Hernández se convirtió en informante de la inteligencia militar hasta ser detenido en enero de 2017.
Según lo publicado en “The Guardian”, registros telefónicos incluidos en la causa judicial ubican a Bustillo y Hernández en el pueblo de La Esperanza, donde vivía Berta Cáceres, desde varios días antes de ser asesinada.
La información también consigna que el mayor en actividad Mariano Díaz, al momento de su arresto, estaba siendo investigado por secuestros y tráfico de drogas. Pese a eso, estaba a punto de ser ascendido.
“En nuestro país hay una dictadura”
Olivia Zuñiga, la hija mayor de Berta Cáceres, considera que el Estado hondureño es gobernado por “una elite criminal, formada también por empresarios que trabajan para favorecer al capital transnacional y no a las grandes mayorías de nuestro pueblo”.
Consultada por “Notas” para una entrevista que se publicará en forma completa en las próximas horas, Olivia señaló que este es “un momento en que la dictadura se impone en nuestro país con políticas de terror”.
“El crimen de Berta Cáceres es lo que confirma todas las sospechas que había, de que muchas compañeras y compañeros fueron asesinados por escuadrones de la muerte por defender la vida. Nosotros siempre lo hemos denunciado, y como movimientos sociales hemos tenido certeza de ello: como en la década del ’80, un nuevo Plan Cóndor “http://notas.org.ar/2016/04/25/nuevo-plan-condor-america-latina/” se ha impuesto a partir del golpe de Estado en Honduras. El golpe de Estado de 2009 fue crucial para reactivar nuevamente todos los grupos paramilitares, para reactivar los escuadrones de la muerte”.
“A pesar de ser una líder con un perfil internacional muy alto, de ser una lideresa reconocida mundialmente, nada de eso detuvo a las élites criminales, que la mandaron a asesinar con escuadrones de la muerte y con toda una guerra contra nuestros pueblos, con tropas de élite entrenadas por Estados Unidos, por Colombia, por Israel”, remata Zuñiga.
Fuente: Telesurtv.net