o EDITORIAL
Colombia: lo que queda por ver.
Como el lector podrá apreciar, en este recorrido por el sur del Continente nos faltan por analizar cuatro países: los dos que resisten la ofensiva imperialista, Venezuela y Bolivia y además Ecuador y Colombia, que presentan características muy peculiares, aunque bien diferenciadas. Ahora nos referiremos a Colombia.
Con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, en 1948, la extremadamente reaccionaria oligarquía colombiana dejó bien sentado que el reformismo no se encontraba entre sus tácticas para mantener el poder y mucho menos el permitir políticas progresistas.
Posiblemente nunca se sabrá la cantidad exacta de víctimas como consecuencia de las guerras que han asolado ese país entre 1948 y la actualidad, primero en la llamada época de la violencia y después en la lucha contra el movimiento guerrillero, pero sobre todo como consecuencia del terror reaccionario. El propio presidente Juan Manuel Santos admitió recientemente que durante los últimos cincuenta y dos años de conflicto, entre el ejército y las fuerzas guerrilleras, han sido afectadas más de 8 millones de personas.
Al respecto, el Registro Único de Víctimas recoge la existencia en ese período de tiempo de 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones forzadas, 34.814 secuestros y, 7.134.646 desplazados.
Lo cierto es que en Colombia se efectuaron elecciones parlamentarias el pasado 11 de marzo y las presidenciales tendrán lugar el 27 de mayo -de ser necesaria una segunda vuelta, se efectuaría el 17 de junio- mientras se mantiene incumplido el sueño de paz, que tras los acuerdos entre el gobierno y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) sólo alcanzan a cumplimentarse en un 18,3 por ciento, según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz (OIAP).
No es que nos hayamos hecho ilusiones con que los acuerdos de paz iban a devolver la tranquilidad a ese hermano país. Recuerdo que cuando en 2012, en La Habana, bajo los auspicios de Cuba y Noruega, se iniciaban las pláticas, dedique un editorial en el que alertaba sobre “… la nefasta experiencia de que tras las negociaciones de paz y reinserción que concluyeron con la desmovilización del Movimiento 19 de Abril (M-19), la mayoría de los líderes de esa organización insurgente fueron asesinados” (De NUESTRA AMÉRICA, “Me voy para La Habana”. Número 25. 2012-09-15). En ese artículo también llamaba la atención acerca del narcoparamilitarismo y la narcoparapolítica que dominan todos los ámbitos de la sociedad colombiana.
Y es que resulta imposible olvidar que en abril de 1990, a solo 45 días de haber firmado un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, fue asesinado el máximo líder del M-19, Carlos Pizarro León Gómez, ya aspirante a la presidencia de Colombia.
Desdichadamente, el tiempo nos ha dado la razón. Desde la firma del Acuerdo Final Paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados más de 50 exguerrilleros o familiares suyos y más de 250 líderes sociales. En las cárceles continúan alrededor de 600 excombatientes, en espera de ser favorecidos por la Ley de Amnistía, contemplada en los acuerdos.
Si bien las FARC-EP se desarmaron y convirtieron en un partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), esta nueva agrupación tuvo que, primero, suspender la campaña electoral presidencial por falta de garantías, incluso se produjeron ataques contra su máximo líder, Rodrigo Londoño, y por último, desistir de su participación en la contienda por las elecciones presidenciales,
Afortunadamente, más allá de los resultados del proceso electoral legislativo efectuado el 11 de marzo, la FARC logró quedara plasmado en el Acuerdo Final Paz (como naciente fuerza política) el poder contar con cinco de sus miembros en el Senado y otros cinco en la Cámara de Representantes, durante los dos próximos períodos constitucionales (2018-2022 y 2022-2026), adicionales en ambos casos a los establecidos para esos cuerpos legislativos.
Si la votación por el nuevo partido, una vez aplicada la fórmula de la cifra repartidora, hubiese sido mayor, habría alcanzado más curules, pero eso resultaba prácticamente imposible si tomamos en consideración la corrupción del sistema electoral colombiano, la histórica propaganda descalificadora en su contra y el hecho de no contar, por tratarse de una joven agrupación política, de una infraestructura partidaria nacional.
Resulta ingenuo confiar en la imparcialidad de los resultados electorales cuando la propia directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia, Alejandra Barrios, reconoció recientemente que en más de 82 municipios existen más votantes que habitantes, cuando el clientelismo electoral resulta una práctica que va desde la compra-venta de votos hasta el “intercambio” de favores (el sufragante entrega el voto al político a cambio de que le consiga una consulta médica para su hijo enfermo), cuando bandas paramilitares, muchas de ellas financiadas por narcotraficantes, deciden, arma en mano, en tal o más cual zona, por quien votarán los electores.
Con un escenario de ese tipo ningún resultado positivo podía esperarse en los comicios legislativos, a lo que hubo que sumar nuevas variantes de fraudes ensayadas en esta ocasión: pese a que existían más de 36 millones de colombianos habilitados para votar y que de ellos sólo participó el 47 por ciento, se “agotaron” las boletas por lo que se “autorizó” el uso de boletas fotocopiadas, lo que impide cualquier auditoría. La disculpa de la Registraduría Nacional de Colombia fue que “por razones presupuestales” no se imprimió el total de las papeletas.
Otro increíble resultado de los comicios fue que los votos en blanco superaron a los votos válidos. ¿No será que las boletas no deseadas fueron sustituidas por otras en blanco?
Si de 36 millones de electores sólo votó el 47 por ciento y de esa última cifra más de la mitad lo hizo en blanco, tenemos que menos de la cuarta parte del electorado fue la que eligió al poder legislativo.
De no tratarse de un problema verdaderamente trágico e indignante, movería a risa el hecho de que uno de los futuros representantes a la Cámara por la FARC, Bayron Yepes, no pudo votar, pues su nombre no apareció en el registro de electores.
En fin, el resultado de tanto fraude no podía ser otro que la obtención del control derechista tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Si con el actual Congreso los Acuerdos de Paz sólo se han cumplido en poco más de un 18 por ciento, con el próximo, igualmente, se verá obstaculizada la elaboración de las leyes que pudieran permitir una reforma política y social de reimpulso al estancado proceso de paz.
A la bancada de la FARC sólo le resta contribuir a conformar un bloque parlamentario con el resto de las agrupaciones alternativas a la mayoría ultraderechista, para intentar salvar la mayoría de las reformas pendientes de los Acuerdos de Paz, entre ellas la imparcialidad del sistema electoral, uno de los puntos de esos acuerdos.
¿Qué puede esperarse para los comicios presidenciales del próximo mes, donde las encuestas dan como favorito a Gustavo Petro (uno de los pocos dirigentes sobrevivientes del M-19), que intenta conformar una coalición progresista, dentro del contexto extremadamente reaccionario existente en Colombia?
Son varios y de distintos signos políticos los candidatos a ocupar el cargo que dejará vacante Juan Manuel Santos, por lo que resulta muy probable una segunda vuelta; en ese caso, si nos seguimos llevando por las encuestas, el contrincante de Petro sería Iván Duque, quien fuera asesor del ultrarreaccionario ex narco presidente Álvaro Uribe Vélez.
No cuesta ningún trabajo suponer que entre esos dos contendientes, todas las maquinarias de las élites de poder se volcarán contra Petro.
Puede ocurrirle a Petro que no pueda –a modo de burla de los ultrarreaccionarios y al igual que al representante de las FARC, Bayron Yepes-, votar ni por él mismo, porque su nombre no aparezca en el registro de electores.
Cosas veremos.
Eddy E. Jiménez
TITULARES
–¿Con qué moral señores presidentes atacan al Presidente de Venezuela? Por Itzamna Ollantay
– Rex Tillerson, de ExxonMobil al Departamento de Estado. Por Arantxa Tirado
– Declaración XV Cumbre del ALBA-TCP. Caracas, 5 de marzo de 2018
– Elecciones en Cuba: los desafíos del relevo generacional. Por Daniel Cubilledo Gorostiaga
-Abortada provocación anticubana en vísperas de las elecciones. Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
¿Con qué moral señores presidentes atacan al Presidente de Venezuela?
Por Itzamna Ollantay
En los últimos meses, luego de haber desprestigiado y castigado políticamente ya a varios de los precursores de la dignidad latinoamericana que impulsaron MERCOSUR, CELAC y ALBA, y al no poder sojuzgar desde adentro la dignidad libertaria del pueblo venezolano, ahora, el criminal gobierno norteamericano ensaya su conocida y grotesca táctica de usar a la OEA, y a 14 cipayos gobiernos corruptos del vergonzosamente denominado Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) para invadir y saquear el petróleo de Venezuela.
¿Qué calidad democrática y moral tienen estos gobiernos anti Venezuela?
Juan Orlando Hernández, actual usurpador de la silla presidencial de Honduras, mediante unas elecciones fraudulentas e inconstitucionales (la Constitución Política de Honduras no permite la reelección presidencial).
Durante su primer gobierno, convirtió a éste empobrecido país, en el más violento y hambriento de toda América Latina. Ante la masiva protesta social contra los resultados manipulado de reelección inconstitucional, este dictador respondió manu militari, asesinando casi a medio centenar de activistas políticos, y encarcelando a muchos otros. En Honduras, cada 18 horas se asesina a un hondureño.
Éste es uno de los gobernantes “ejemplares” que USA la OEA para “acusar” de dictadura a Venezuela, país donde en las dos décadas del chavismo se celebraron nada menos que 22 procesos electorales. Sin contar el anunciado para el próximo 22 de abril.
Jimmy Morales, actual Presidente de Guatemala, denunciado e investigado por la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG) por haber utilizado dinero del narcotráfico para su campaña electoral.
Ya Presidente, recibió ilegalmente cerca de 70 mil dólares del Ejército (en bonos), y al ser denunciado, los devolvió al Estado. Su hijo y su hermano (su asesor), actualmente son procesados penalmente por apropiación indebida de fondos públicos.
En Guatemala, cerca del 80% de niños sufren desnutrición crónica. Según PNUD, el 63% de guatemaltecos se encuentra en situación de pobreza. Pero, Jimmy Morales recibe uno de los salarios más altos de toda América Latina (cerca de 20 mil dólares mensuales). Allí tenemos a otro Judas latinoamericano de los gringos.
Juan Manuel Santos, Presidente “democrático” de Colombia. Firmó “la paz” en dicho país, pero, en lo que va del año de la “Colombia en Paz” permitió la masacre impune de más de 120 defensor@s de derechos humanos. Especialmente indígenas y campesinos que exigen la restitución de las tierras para sus pueblos.
Según investigaciones de OXFAN, 2017, el 82% de las tierras cultivables del país es acaparada por el 1% de colombianos (terratenientes), mientras el 70% de campesinos languidecen en la miseria.
Pedro Pablo Kuczynski, anfitrión y puntal del denominado Grupo de Lima. Aún funge como Presidente de Perú, gracias a la “compra venta” de diputados de Alberto Fujimori, quienes con sus votos impidieron la destitución y castigo a éste súbdito norteamericano (que para desgobernar dicho país andino renunció a su ciudadanía gringa).
El empresario brasilero Odebrech depositó millones de dólares a las cuentas de las empresas de este sujeto. Así fue cómo Odebrech se adjudicó la construcción de obras públicas cuando Kuczynski era Ministro de Economía y Finanzas del Perú.
Actualmente, en el Congreso de la República peruana se tramita, por segunda vez, en menos de seis meses, la posibilidad de la “vacancia” presidencial.
Gobiernos neoliberales corruptos como el de Alberto Fujimori (sentenciado), Alejandro Toledo (prófugo de la justicia), Ollanta Humala (encarcelado por corrupto), Alan García (investigado por delitos de corrupción) convirtieron al Perú, no sólo en uno de los países más empobrecidos de Sur América, sino en uno de los más endeudados (cada peruano nace con una deuda pública de cerca de 1700 dólares)
Michel Temer, Presidente “democrático” de Brasil, sin haber ganado ninguna elección en las urnas. Es uno de los políticos magnates más corruptos de aquel país que impulsó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, y frenó las investigaciones contra la corrupción.
Tanto el organismo judicial, como las dos cámaras de representantes del Legislativo, por separado, lograron evitar que Temer fuese desaforado y juzgado por los evidentes actos de corrupción.
En vísperas del golpe de Estado en contra de la Presidente Dilma Rousseff, todo Brasil escuchó los audios de conversaciones grabadas entre los políticos, incluido Temer (ex aliado del partido de Rousseff) en las que concertaban “estancar la sangría” de las investigaciones contra la corrupción. Y lo lograron.
Aún están vivas en las retinas de las y los brasileros aquel apartamento del ex ministro de Temer, Vieira Lima, conteniendo los billetes de millones de reales (equivalente a cerca de 14 millones de euros), difundido por la televisión.
Mauricio Macri, Presidente de Argentina, al igual que sus homólogos “demócratas”, se mantiene en el poder gracias al pacto de políticos corruptos. Ni bien asumió el mando presidencial, salieron las evidencias de evasión fiscal en los casos de Panamá Papers.
Luego, salió embarrado con el corruptor empresario brasilero Odebrech que compró presidentes y legisladores latinoamericanos a precios más baratos que a las bestias de carga en la época de la Colonia española.
Y, hasta ahora, coronó su oscura administración estatal condonando la millonaria deuda que la empresa de correos en manos de su padre tenía con el Estado argentino
Estos son algunos de los “pulcros” y “democráticos” gobernantes que el Gobierno norteamericano utiliza para hacer la guerra total y “continental” al digno y democrático gobierno y pueblo de Venezuela.
Quieren castigar/escarmentar al pueblo venezolano por abrir brechas de liberación, y, en nombre de “ayuda humanitaria”, saquear sus reservas hidrocarburíferas. Así hicieron con Iraq, Libia, Afganistán… Pero, lo más vergonzoso, es que aún hay latinoamericanos (de derecha e izquierda) que creen en esta patraña como si fuese una acción democrática. ¿Será la condición colonial que aún nos habita?
Fuente: TeleSur
Rex Tillerson, de ExxonMobil al Departamento de Estado
Por Arantxa Tirado
Tillerson fue durante diez años (2006-2016) presidente y director ejecutivo de la petrolera ExxonMobil, de donde se trasladó al Departamento de Estado para dirigir la política exterior a principios de 2017.
El secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, ha acaparado la atención mundial con su reciente gira por varios países latinoamericanos. Antes y durante su visita a México, Argentina, Colombia, Perú y Jamaica, ha realizado declaraciones reiteradas sobre la necesidad de un cambio de régimen en Venezuela.[1] Sin embargo, su aparente preocupación por el destino de los ciudadanos de Venezuela podría confundirse con su ansiedad respecto del destino del petróleo venezolano.
Tillerson fue durante diez años (2006-2016) presidente y director ejecutivo de la petrolera ExxonMobil, de donde se trasladó al Departamento de Estado para dirigir la política exterior a principios de 2017. Entró a trabajar a dicha empresa en 1975 como ingeniero de producción[2] y escaló hasta llegar a la cúspide. Fue asimismo miembro del American Petroleum Institute[3] y del National Petroleum Council.[4] Cabe recordar que en 2007 ExxonMobil fue la única compañía estadounidense, junto con la ConocoPhillips, que se negó a aceptar las nuevas reglas establecidas en la Ley de Hidrocarburos, promulgada bajo presidencia de Hugo Chávez, que regulaban los porcentajes de regalías y la participación de las empresas extranjeras de extracción de petróleo que operaban en Venezuela[5] El desacuerdo llegó a los centros de arbitraje internacional, entre ellos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) vinculado al Banco Mundial.[6]
En 2013 el presidente ruso Vladimir Putin galardonó a Tillerson con la “orden de la amistad”. Este hecho y sus buenas relaciones con Rusia labradas durante sus años en ExxonMobil, sirvieron para que los demócratas cuestionaran su idoneidad para el cargo. Pero también desde las propias filas republicanas hubo voces como la de John McCain que se sumaron a las críticas. El presidente Trump defendió su elección como “hombre de negocios”: “Para mí, una gran ventaja es que conoce a muchas de las piezas clave y las conoce bien. Logra enormes acuerdos con Rusia, hace enormes acuerdos, no para él mismo, sino para la compañía”.[7] Dos conclusiones se extraen: lo que es bueno para ExxonMobil es bueno para EE. UU. (y para Donald Trump, que tenía acciones en la petrolera),[8] y el país se puede gobernar cómo se gestiona una empresa. De hecho, no hace falta tener experiencia previa en gestión pública, como lo muestran los casos de Tillerson[9] y Trump.
El perfil de Tillerson es un ejemplo más de los empresarios de la industria petrolera que incursionan en la gestión del Estado con un bagaje y relaciones institucionales y personales que pueden favorecer los intereses de las empresas a la hora de la toma de decisión. Algo muy frecuente en la política estadounidense. Son “ejecutivos” que, una vez fuera del Estado, hacen uso de la información e influencias acumuladas durante su función pública para beneficio particular y empresarial. En esa espiral, se convierten en protagonistas de las puertas giratorias (revolving doors) que garantizan la articulación permanente entre los intereses del sector público y privado estadounidense.
En este sentido, destacan sus vínculos con el Center for Strategic and International Studies, un think tank del establishment que marca línea en temas de Relaciones Internacionales y Seguridad, donde forma parte de la Junta Directiva desde 2005. Aquí, su área de trabajo prioritaria fue en la Comisión de Salud Global Inteligente.[10] El sector de la salud es otro importante nicho de negocio, que tiene a varias empresas estadounidenses entre las principales compañías mundiales según la lista de Fortune.[11]
Su gestión ha recibido hasta la fecha críticas por parte de algunos sectores del establishment estadounidense vinculados al Deep State, esto es, a los sectores burocráticos del Estado que permanecen por encima de las distintas administraciones. Se ha cuestionado su supuesto desmantelamiento de algunas áreas del Departamento de Estado[12] aunque las cifras globales del personal en servicio parecen mantenerse más o menos estables.[13]
Se desconoce cómo se posicionará el actual Departamento de Estado comandado por Tillerson en muchos de los temas de la agenda de política exterior estadounidense, si habrá continuidad o cambio y hasta qué punto. Lo que sí parece probable es que los intereses del lobby petrolero estén resguardados con la nueva administración. Nada nuevo, por otra parte, pues desde hace décadas han tratado de condicionar la política exterior de EE. UU. en América Latina y el Caribe.[14] Ahora tienen a un inside man para hacer este trabajo directamente.
[1] https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/02/277840.htm[2] https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/267393.htm[3] http://www.api.org/[4] http://npc.org/[5] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38805320[6] http://www.venelogia.com/archivos/10470/[7] http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38287729[8] http://abcnews.go.com/Politics/rex-tillerson-trumps-pick-secretary-state/story?id=44112481[9]https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/12/10/who-is-rex-tillerson-the-exxonmobil-chairman-who-may-become-secretary-of-state/?utm_term=.713669d2c1a0[10] https://www.csis.org/csis-statement-rex-tillersons-nomination-secretary-state[11] http://fortune.com/global500/list[12] http://foreignpolicy.com/2017/12/14/rex-tillerson-is-about-to-make-a-terrible-mistake/[13] https://www.state.gov/documents/organization/276140.pdf[14] https://www.icij.org/investigations/us-aid-latin-america/narcotics-and-economics-drive-us-policy-latin-america/
Fuente: Celag
Declaración XV Cumbre del ALBA-TCP.
Caracas, 5 de marzo de 2018
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) nos reunimos en Caracas, inspirados en las ideas fundacionales del Comandante Fidel Castro Ruz, líder histórico de la Revolución cubana, y a cinco años de la partida física del Comandante Hugo Chávez Frías, cuyo pensamiento y obra encarna el verdadero ideal de integración latinoamericano y caribeño.
Reafirmamos los postulados de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, firmada por los Jefes de Estado y/o Gobierno en la II Cumbre de la CELAC, celebrada en La Habana los días 28 y 29 de enero de 2014.
Demandamos la estricta observancia de los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, entre otros, lasolución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el respeto a la libre determinación, a la soberanía, laintegridad territorial, y la no injerencia en los asuntos internos de cada país.
Ratificamos la plena vigencia, en el actual contexto de agresiones a los países progresistas de la región, de la Declaración de la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, el 5 de marzo de 2017.
Reiteramos la decisión de continuar impulsando la construcción de un nuevo orden internacional, justo e inclusivo, multicéntrico y pluripolar, en contraposición a las tendencias hegemónicas y unilaterales, con estricto respeto a los pueblos, a las Instituciones elegidas por ellos y a las diversas culturas que existen en nuestro planeta.
Denunciamos los intentos de resucitar la Doctrina Monroe, así como, la amenaza militar y los llamados a un golpe militar contra el Gobierno constitucional de Venezuela.
Destacamos la falta de autoridad moral de terceros Estados para brindar lecciones en materia de democracia y derechos humanos a los países de la región, y reclamamos respeto a la soberanía y libre determinación del pueblo venezolano.
Rechazamos la política intervencionista del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de algunos países de esa organización en contra de los países progresistas de la región.
Reiteramos nuestro compromiso con la unidad latinoamericana y caribeña, en la búsqueda de un destino propio, independiente y soberano, sin tutelaje ni injerencias que afecten a nuestros pueblos y su desarrollo, reivindicamos nuestro pleno compromiso con los procesos de integración genuinamente latinoamericanos y caribeños como CELAC, UNASUR, PETROCARIBE, CARICOM y el ALBA-TCP, para garantizar la soberanía, independencia, igualdad y autodeterminación de nuestros pueblos.
Expresamos nuestro desacuerdo con el pronunciamiento de un grupo de países del continente, emitido el 13 de febrero de 2018 en Lima, Perú, que constituye una intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Rechazamos la exclusión de la hermana República Bolivariana de Venezuela y de su Presidente, Nicolás Maduro Moros, de la VIII Cumbre de las Américas, pues consideramos que dicha Cumbre debe ser un punto de encuentro para todos los Estados del continente y un espacio donde todos podamos expresar nuestras ideas, alcanzar consensos, disentir y debatir respetando nuestra diversidad.
Exigimos respeto a la legalidad de la organización de la Cumbre de las Américas, en ese sentido, demandamos el derecho de participación de Venezuela en la referida actividad, y nos proponemos ejercer medidas diplomáticas y políticas para garantizarla.
Exhortamos a la comunidad internacional a abstenerse de ejercer coerción de cualquier tipo, en contra de la independencia política y la integridad territorial de Venezuela, como práctica incompatible con los principios del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y contraria a la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
Rechazamos las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones impuestas contra la República Bolivariana de Venezuela, que afectan la vida y el desarrollo del noble pueblo venezolano y el goce de sus derechos.
Renovamos nuestro firme respaldo al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a su Gobierno y al proceso democrático que dirige.
Reconocemos el derecho inalienable del pueblo venezolano a celebrar y participar en las elecciones presidenciales y legislativas a nivel nacional, estadual y municipal, conforme a sus normas y procedimientos internos.
Respaldamos los esfuerzos de las autoridades y del pueblo venezolano por encontrar por sí mismos las respuestas a sus desafíos políticos y económicos.
Repudiamos el avance de la corrupción política y económica en la región, manifestada por la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, la exclusión social de los sectores más humildes, la influencia financiera del gran capital en las campañas políticas, la fuga de capitales y el refugio seguro de políticos corruptos en terceros países que los acogen.
Reafirmamos la voluntad política en la lucha anticorrupción y en el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia, al tiempo que hacemos un llamado a los países de la región para que emprendan o continúen profundizando el combate contra la corrupción y la delincuencia transnacional organizada a fin de garantizar el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos.
Reafirmamos la necesidad de fortalecer la CELAC, como espacio privilegiado para la concertación política en Nuestra América declarada como Zona de Paz, en la II Cumbre de la CELAC, en La Habana.
Ratificamos los acuerdos de las Cumbres de los Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, al tiempo que ratificamos la Declaración de Punta Cana.
Manifestamos nuestro incondicional apoyo a Bolivia en el pronto ejercicio de la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y la UNASUR, como mecanismos de diálogo para consolidar la integración de nuestra región.
Reiteramos el reclamo de la comunidad internacional para que se levante de manera incondicional el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba, que por su extraterritorialidad afecta a todos los Estados. Asimismo, condenamos las nuevas medidas de recrudecimiento del bloqueo y las recientes decisiones unilaterales del gobierno de los Estados Unidos, que afectan al pueblo cubano, a los ciudadanos estadounidenses y a las relaciones con Cuba en su conjunto.
Destacamos la voluntad del pueblo y el gobierno de Bolivia en la búsqueda pacífica de soluciones a través del Derecho Internacional, la negociación y el diálogo fructíferos a su enclaustramiento marítimo que afecta la integración regional y le impide el desarrollo.
Felicitamos y saludamos el pueblo ecuatoriano por su participación en la consulta popular y el referéndum del 04 de febrero de 2018, así como por el mayoritario respaldo popular otorgado al Presidente Lenin Moreno, que ha permitido fortalecer la democracia.
Reiteramos nuestro invariable apoyo a los hermanos países caribeños, víctimas de devastadores fenómenos naturales y del cambio climático, de tal forma que contribuyamos de manera activa a superar los estragos que provocaron. Demandamos un tratamiento justo y diferenciado para los Estados caribeños. Reafirmamos nuestra solidaridad ante las medidas llamadas de “graduación”, y las acciones de países extraregionales contra varios países del Caribe declarándolos jurisdicciones no cooperativas, y nos unimos al reclamo de compensaciones por los horrores de la esclavitud y la trata.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales y políticas del continente, a participar en foros y actividades de los movimientos sociales y fuerzas progresistas que se realizarán en el 2018.
Defendamos la unidad en la diversidad de Nuestra América. Rechacemos las exclusiones vergonzosas y el intervencionismo.
La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres… sino inexorable decreto del destino.“Unámonos y seremos invencibles”
Simón Bolívar
Abortada provocación anticubana en vísperas de las elecciones.
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
Una nueva provocación anticubana se ha intentado orquestar desde el exterior, mediante el otorgamiento de un “premio”, con el objetivo de interferir en los asuntos internos de Cuba, generar inestabilidad, afectar la imagen del país y las relaciones diplomáticas de Cuba con otros Estados.
La operación se ha realizado con el financiamiento y apoyo de la contrarrevolución externa y de otras orga-nizaciones internacionales como la llamada Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), la Fundación para la Democracia Panamericana, la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo, y utilizando como instrumento un grupúsculo ilegal anticubano. Como ya es habitual en cualquier iniciativa reaccionaria de nuestra región, no faltó el involucra-miento del Secretario General de la OEA.
Cabría recordar que el pasado año se intentó una operación similar, en la que además de los ya mencionados participaron el Centro Democracia y Comunidad, el Centro de Estudios y Gestión para el Desarrollo de América Latina (CADAL) y el Instituto Interamericano para la Democracia, del terrorista y agente de la CIA Carlos Alberto Montaner, quienes se han mantenido activamente trabajando contra Cuba y de quienes se conocen sus vínculos con la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos (NED, por sus siglas en inglés), que recibe fondos del gobierno de ese país para implementar sus programas subversivos contra Cuba.
Estas organizaciones tienen sobradas credenciales como agentes de la injerencia y la subversión contra los gobiernos progresistas de Nuestra América con el propósito de destruirlos, para lo cual han dedicado significativos esfuerzos y recursos. Curiosamente, guardan silencio cómplice sobre la amenaza del uso de la fuerza y la instigación reciente de EE.UU a golpes militares contra la República Bolivariana de Venezuela, callan ante los golpes de estado en el continente, no denuncian el hambre y la pobreza, ni la discriminación racial y religiosa que están presentes en nuestra región.
No pueden contar tampoco nuestros pueblos con estas organizaciones y sus personajes para luchar por más justicia social y equidad, para apoyar a los familiares de líderes progresistas, sindicales y periodistas asesinados por sus ideas políticas, ni a otras víctimas del paramilitarismo y el crimen organizado.
Se pretendía esta vez montar un espectáculo que afectase el normal desenvolvimiento de las elecciones generales en Cuba. Las acciones combinaron una estrategia de comunicación, a través de los medios internacionales y redes sociales, con medidas encaminadas a burlar las disposiciones jurídicas de nuestro país, y a restar legitimidad a la justa y legal actuación de nuestras autoridades.
Aunque sabían bien y fueron advertidos de que con estos propósitos no serían bienvenidos en Cuba, Andrés Pastrana Arango y Jorge Fernando Quiroga Ramírez, expresidentes de Colombia y Bolivia respectivamente y el diputado chileno de la Unión Demócrata Indepen-diente (UDI) Jaime Bellolio Avaria, se prestaron para participar de esta provocación en el territorio cubano, por lo que, basados en nuestras leyes y en normas internacionales, no se les permitió el ingreso a nuestro país.
Dicha acción se inscribe en la ofensiva imperialista contra los pueblos de América Latina y el Caribe, en la que el gobierno de Estados Unidos ha declarado la relevancia y vigencia de la “Doctrina Monroe”, y ha provocado un retroceso en las relaciones bilaterales con Cuba.
A los protagonistas de esta maniobra no les interesan para nada Cuba y los cubanos, a quienes ofenden al pretender violentar el orden constitucional que libremen-te hemos elegido. Por eso, han tenido que acudir a recursos y personajes foráneos para procurar sus propósitos.
Cada vez que lo intenten, de esta o de cualquier otra forma, recibirán la respuesta firme de los cubanos que permanecemos unidos y leales a los principios de la Revolución, como lo demostraremos el próximo domingo 11 de marzo, al votar masivamente por los candidatos del pueblo.
La Habana, 8 de marzo de 2018
“Año 60 de la Revolución”
Fuente: Granma
Elecciones en Cuba: los desafíos del relevo generacional.
Por Daniel Cubilledo Gorostiaga
Es cierto que el relevo generacional no será consumado del todo hasta que Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura sean sustituidos de los máximos cargos del PCC, tras la celebración de su VIII Congreso previsto para 2021
Pese a las reservas, dudas y cautelas mostradas por algunos analistas y diversos medios de comunicación, Raúl Castro no continuará siendo el presidente de Cuba tras las elecciones generales que se celebrarán el próximo 11 de marzo. Esto no solo confirma lo que el propio mandatario ya había anunciado en múltiples ocasiones[i], sino que también ratifica lo acordado en el 2011 durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), sobre la limitación de los principales cargos del Gobierno y el Estado a un máximo de dos períodos consecutivos (diez años).
La pregunta que emerge de inmediato es quién sucederá a Raúl Castro cuando el próximo 19 de abril los nuevos diputados electos a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) ejerzan su voto, aunque hasta ahora todos los pronósticos apuntan al actual Primer Vicepresidente, Miguel Díaz Canel. A esta incógnita se suma el hecho de que, por primera vez desde 1959, el jefe del Gobierno y del Estado -así como la mayoría de sus principales miembros- no pertenecerán a la llamada Generación Histórica. Sobre este punto no habría que pasar por alto el posible significado – más allá de lo simbólico- de las condecoraciones otorgadas por Raúl Castro el pasado 24 de febrero en el recién inaugurado Capitolio (futura sede de la Asamblea Nacional, como ha señalado a través de redes sociales el exdiplomático y académico cubano Carlos Alzugaray[ii]). Los condecorados como Héroes del Trabajo de la República de Cuba fueron José Ramón Machado Ventura (vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, además de Segundo Secretario del PCC) y los Comandantes de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez (también vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros y miembro del Buró Político del PCC) y Guillermo García Frías (miembro del Consejo de Estado y del Comité Central del PCC). El mensaje posible es que no solamente haya un nuevo presidente en abril, sino todo un Consejo de Estado y Consejo de Ministros sin miembros de la Generación Histórica.
No obstante, es cierto que el relevo generacional no será consumado del todo hasta que Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura sean sustituidos de los máximos cargos del PCC, tras la celebración de su VIII Congreso previsto para 2021. Sin embargo, el propio Raúl Castro ha realizado durísimas autocríticas sobre los daños que la suplantación de funciones del Gobierno y del Estado por parte del Partido ha causado a la institucionalidad del país[iii]. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando, además, el clima del “Proceso de Actualización” caracterizado por una fuerte crítica a los errores del pasado y la introducción de importantes cambios en todas las esferas, no tendría demasiado sentido que el Primer Secretario del PCC y principal impulsor del citado proceso, interfiriera en las principales decisiones del nuevo Gobierno.
Por todo ello, las próximas elecciones en Cuba tendrán un carácter inédito. Y con ellas, se abrirá una nueva etapa en el proceso de reformas donde uno de los grandes desafíos será gobernar sin la legitimidad histórica y la autoridad moral de aquellos que protagonizaron la revolución latinoamericana más radical e influyente del siglo XX. De esta manera, no solo será puesta a prueba -como nunca antes- la capacidad de gestión de los nuevos representantes, sino la de todo el sistema político, esto –además- en una coyuntura sumamente compleja y delicada que analizaremos a continuación.
El desempeño económico y los retos del proceso de actualización
Tras un 2016 en el que por primera vez desde los duros años del Período Especial la economía cubana se contrajo alrededor del 1 %, en el 2017 se revirtió la tendencia al lograrse un modesto crecimiento del 1,6 % del PIB. De esta forma, si consideramos la adversa coyuntura económica (limitaciones en las importaciones de petróleo y sus derivados por la crisis en Venezuela, restricciones financieras externas, y las pérdidas valoradas en más de 13.000 millones de dólares tras el paso del ciclón Irma, el más potente huracán generado en el océano Atlántico desde que se tienen registros), el desempeño no fue malo[iv]. Pero si tenemos en cuenta las necesidades del país y las expectativas de la población, los resultados son claramente insuficientes. La estimación de un crecimiento del 2 % en 2018 augura la continuación de las tensiones en este terreno.
Teniendo en cuenta dicho escenario, es probable que el nuevo Gobierno tenga que tomar unas u otras decisiones en función de dos lógicas contrapuestas: por un lado, la de la audacia, sostenida por los partidarios de acelerar las reformas como fórmula para superar los obstáculos de la economía; por el otro, la lógica de la prudencia, de aquellos otros que desaconsejan lo anterior hasta que no se solucionen, previamente, una serie de problemas estructurales que aún persisten. No debería soslayarse que, en el fondo de las dos posturas y de sus diversos matices y variantes, subyacen diferencias ideológicas nada despreciables derivadas de las diversas visiones del socialismo que se disputan la dirección y el ritmo de las reformas[v].
Así, el nuevo Gobierno se enfrentará a decisiones sobre medidas concretas que requieren una pronta solución, por ejemplo:
– La reanudación del otorgamiento de licencias y/o ampliación de actividades para ejercer el trabajo por cuenta propia, paralizado desde el verano de 2017 debido a un proceso de reordenación y perfeccionamiento del sector.
– La unificación monetaria y cambiaria (bien sea su implementación, de no realizarse hasta el mes de abril del presente año, o la gestión de sus probables distorsiones una vez sea materializada).
– La puesta en vigor de una Ley de Empresas que recoja los derechos y deberes de las nuevas formas de propiedad y resuelva, al mismo tiempo, contradicciones como las de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) privadas con trabajadores asalariados, que a pesar de ser reconocidas como tales en los documentos rectores de la Actualización siguen operando bajo la figura de “trabajo por cuenta propia”.
– La simplificación de los trámites para la aprobación de las inversiones extranjeras directas.
Además, el estancamiento de la implementación de la Actualización desde 2016 ha creado un clima de insatisfacción en diversos sectores de la sociedad. Ello incrementará la presión sobre el nuevo ejecutivo en la medida en que las expectativas en ámbitos como el nivel de los salarios, la mejora del transporte y la vivienda, o la mayor oferta de alimentos a precios más asequibles, no se correspondan con los resultados logrados[vi].
Por último, aunque no menos importante, existen algunas reformas de carácter político-institucional de máxima relevancia que si bien ya han sido anunciadas por los Gobiernos precedentes todavía no han sido llevadas a cabo. La reforma de la Constitución, la discusión y aprobación de una nueva Ley Electoral, o la generalización a todas las provincias del nuevo funcionamiento del Poder Popular consistente en la separación de funciones legislativas (Asambleas), ejecutivas (Gobiernos) y económicas (empresas estatales), y que ya ha sido aplicado de forma experimental en las provincias de Mayabeque y Artemisa, son, probablemente, las más importantes[vii].
El grado de discusión que provocarán -tanto en la sociedad como en el Parlamento- las nuevas condiciones señaladas, pondrá a prueba la nueva institucionalidad en construcción, en la que se incluye el importante papel de los medios de comunicación públicos, así como las fortalezas y debilidades de la democracia socialista.
El giro en la política estadounidense hacia Cuba bajo la administración Trump
El giro regresivo emprendido por el presidente estadounidense Donald Trump en relación con la política de normalización iniciada en 2014 por Barack Obama, constituye una mala noticia para la Isla. Sin embargo, es preciso analizar con detenimiento dos cuestiones. Por un lado, el alcance real del National Security Presidential Memorandum on Cuba, firmado por el presidente de EE. UU. el 16 de junio de 2017, en Miami, ante una audiencia que aglutinó a lo más relevante de la derecha cubanoamericana más reaccionaria afincada en La Florida. ¿Significó ello la “cancelación” de la apertura de Obama, tal y como fue anunciado por Trump?
Por otro lado, cabe preguntarse si la vuelta del unilateralismo y de la retórica hostil hacia el país caribeño puede endurecerse, y si ello fortalece o debilita políticamente a La Habana en la coyuntura doméstica e internacional que estamos analizando.
En relación a la primera cuestión, el académico norteamericano William Leo Grande lo ha puesto en duda de una forma sintética, elocuente y clara. En primer lugar, respecto a las doce categorías habilitadas por Obama bajo las cuales los norteamericanos podían viajar a Cuba, las medidas de Donald Trump solo afectan a los viajes individuales del programa people-to-people. Esto significa que los estadounidenses podrán seguir viajando a Cuba en grupo y llevar si lo desean ron y habanos cubanos de regreso a su país. En segundo lugar, la prohibición de comerciar con empresas ligadas a la Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) no afectará a los contratos pasados y futuros en los sectores de telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, que son, según el autor, donde se concentran la mayor parte de los contratos entre empresas norteamericanas y cubanas. En tercer lugar, se debe tomar en cuenta lo que podía haber hecho y, sin embargo, no hizo: no prohibió los viajes de los cubanoamericanos a Cuba ni el envío de remesas; tampoco rehabilitó la política de “pies-secos, pies-mojados” derogada por Obama al final de su mandato; no ha roto las relaciones diplomáticas restablecidas con la Isla; ni tampoco ha vuelto a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo[viii]. Con todo, la afectación más significativa de las medidas puede manifestarse en un descenso del ritmo de crecimiento de los viajes de estadounidenses al país caribeño. En tal caso, sin embargo, uno de los sectores más afectado podría ser el cuentapropismo (alquileres de habitaciones a turistas, restauración, ventas de artesanías, taxistas, etc.); es decir, que paradójicamente perjudicaría a aquellos que, según cierta lógica, constituyen un grupo potencialmente antisistémico en relación al socialismo[ix].
Respecto a la segunda cuestión, cabe señalar que una serie de acontecimientos sucedidos en los últimos meses podrían indicar que el regreso del unilateralismo -que hasta ahora se mantiene en el plano retórico- evolucione hacia medidas y sanciones concretas de mayor envergadura e impacto en un futuro próximo. Uno de los más notorios tiene que ver con la acusación del Gobierno de Trump contra Cuba por supuestos “ataques acústicos”, a raíz de una serie lesiones auditivas y cerebrales que habrían afectado a veintiún diplomáticos estadounidenses en la Isla, incluyendo familiares[x]. Pese a la ausencia total de evidencias que prueben que tales afectaciones se deban a un ataque deliberado mediante algún tipo de arma acústica, tal y como ha sido reconocido por científicos e investigaciones tanto cubanas como norteamericanas[xi], la fabulación del ataque fue utilizada políticamente. Así, en octubre de 2017 fueron expulsados diecisiete integrantes de la misión diplomática cubana en Washington, y retirados, asimismo, aproximadamente la mitad de los funcionarios norteamericanos en la embajada en La Habana[xii]. La posibilidad que se baraja ahora entre sospechosos “nuevos informes científicos” publicados recientemente, es el cierre definitivo de las embajadas[xiii].
No obstante todo lo anterior, frente a la estrategia de las sanciones contra Cuba que promueven sectores minoritarios pero influyentes en el Gobierno de Donald Trump, liderados por el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, existe un amplio y diverso grupo de sectores políticos y sociales tanto en Cuba como en Estados Unidos -además de Gobiernos de diverso color- que sin ser necesariamente simpatizantes con un sistema de carácter socialista se oponen a la actual política estadounidense, tanto por intereses puramente económicos, comerciales o por mero sentido común, como por percepciones diferentes acerca de cómo propiciar más eficazmente el fin del socialismo en la Isla[xiv].
En definitiva, pese a los enormes costes económicos que supone dilatar el final del bloqueo en un contexto donde el desarrollo económico y social es uno de los objetivos prioritarios del país, el regreso de la retórica hostil supone un escenario bien conocido por la diplomacia cubana en el que tiene toda la ventaja política[xv]. Ello debido tanto a la mayoría social que en ambos países se oponen al regreso de la política de hostilidad, como por el respaldo casi unánime de los países del mundo que apoyan a Cuba frente al bloqueo. Asimismo, el reconocimiento del fracaso de la política unilateral practicada por Estados Unidos contra Cuba en los últimos cincuenta años por parte de Barack Obama, junto con el de la legitimidad del Gobierno Revolucionario de Cuba, fueron hechos históricos que siguen contribuyendo, aún más, al fortalecimiento de la posición mantenida por La Habana.
La correlación de fuerzas en América Latina y la inestabilidad del sistema internacional
La potente proyección externa de la Revolución Cubana y su intenso activismo internacional han jugado históricamente un papel fundamental –aunque no exclusivo- de cara al desarrollo del país y su estabilidad interna. El mantenimiento de dicho perfil en la nueva etapa inaugurada por Raúl Castro en 2008 sigue siendo clave, toda vez que los objetivos en materia de desarrollo económico son vitales para garantizar el éxito de la Actualización.
Partiendo de lo anterior, el triunfo de una nueva derecha latinoamericana en países como Argentina y Brasil tras la llamada “década ganada”, junto con la permanencia de otros Gobiernos tradicionalmente liberales como el de Colombia, Perú, México o Chile, podría sugerir un escenario hostil para Cuba. Sin embargo, y pese al apoyo incondicional de la Isla al Gobierno de Nicolás Maduro -sometido a un cerco sin precedentes- puede afirmarse que, hasta el momento, las relaciones con los países latinoamericanos no se han visto afectadas de una manera significativa. Entre las posibles explicaciones de esta situación puede señalarse el carácter más pragmático de la política exterior de Cuba bajo la dirección de Raúl Castro, el prestigio por su papel en el proceso de paz en Colombia, la solidaridad con la que cuenta la Isla en el escenario internacional -que eleva los costes potenciales de una actitud hostil- y la propia debilidad de tales Gobiernos a pesar de sus victorias, debida a la difícil coyuntura económica y la resistencia popular que persiste pese a las derrotas electorales sufridas por la izquierda.
No obstante, la inestabilidad de la geopolítica continental no garantiza que la situación pueda evolucionar de forma negativa si tenemos en cuenta al menos dos factores:
– El primero de ellos, que se alinearía con la hipótesis del endurecimiento de la postura de Estados Unidos contra Cuba, tiene que ver con las declaraciones del Secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, que en un discurso previo a una gira latinoamericana que lo llevó a México, Perú, Argentina, Colombia y Jamaica, reivindicó la “Doctrina Monroe” entre fuertes declaraciones contra Venezuela, Cuba, China y Rusia.
– El segundo tiene que ver con las seis elecciones presidenciales que en este 2018 tendrán lugar en Brasil, México, Colombia, Venezuela, Paraguay y Costa Rica, lo cual hace de la posibilidad de una restauración conservadora en la región un peligro real. Particularmente importante, debido a los importantes nexos económicos con Cuba, es el caso de Venezuela, donde el adelanto de las elecciones generales al 22 de abril – y su reprogramación para el 20 de mayo- ha producido un recrudecimiento, si cabe, de la ofensiva del imperialismo norteamericano contra el Gobierno de Maduro perfectamente articulada con sus dóciles aliados del llamado Grupo de Lima (conformado por Argentina Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú)[xvi]. La retirada de la invitación de Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Lima los días 13 y 14 de abril, o las declaraciones del Secretario General de la OEA y el mencionado Grupo de Lima en contra de la legitimidad de las elecciones en dicho país, podrían ser la antesala de sanciones más duras como el embargo petrolero o incluso la intervención militar[xvii]. En caso de materializarse el peor de los escenarios, es más que probable que el Gobierno de Estados Unidos y sus aliados en la región desaten una nueva ofensiva contra Cuba bajo la hipótesis de que el relevo generacional ofrece un escenario propicio para derrocar la Revolución.
Respecto a las relaciones internacionales con el resto del mundo destacan las sólidas alianzas con China (segundo socio comercial e importantísimo aliado político), el fortalecimiento de las relaciones con Rusia, el nuevo acuerdo de cooperación Cuba-Unión Europea alcanzado recientemente tras la derrota de la Posición Común, y la no menos importante cooperación Sur-Sur con países como Vietnam, Irán, Angola o Argelia, por mencionar solo algunos[xviii]. No obstante lo anterior, la escena internacional actual está marcada por un carácter inestable y potencialmente explosivo si, como muchos especialistas afirman, nos encontramos en un momento de transición estructural del sistema internacional marcado por el largo declive de la hegemonía estadounidense, la emergencia de un mundo multipolar, y un panorama económico que puede ser síntoma de una crisis más profunda en el contexto del capitalismo histórico[xix].
Por todo ello, el nuevo Gobierno cubano elegido el próximo mes de abril no deberá bajar la guardia en este frente donde existe la posibilidad de que se presenten importantes desafíos. Así, el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), el sostenimiento de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y la continuidad del pragmatismo sin que ello signifique el abandono de su tradicional política anti-hegemónica y de contra-dependencia, seguirán siendo algunas de las prioridades en este ámbito.
Apuntes finales
Los retos y las amenazas han sido la condición natural de la Revolución Cubana desde su mismo surgimiento. En el contexto de la nueva etapa marcada por la necesidad de construir un socialismo más sustentable, próspero y democrático, sin embargo, el desafío del relevo generacional reviste un carácter nuevo. Pero si bien la coyuntura en el corto y el medio plazo no puede calificarse como la más idónea, ya sea en el ámbito interno, en las relaciones con Estados Unidos o en el panorama geopolítico latinoamericano o mundial, la clave del éxito no dependerá, en última instancia, de ello. Lo fundamental, en palabras llanas, es y será el poder. O dicho de otra forma, el desafío fundamental del relevo generacional en la Revolución Cubana radica en la construcción de una nueva hegemonía nacional-popular y socialista, en las condiciones históricas y estructurales del siglo XXI. Ello requerirá grandes dosis de creatividad, audacia y pragmatismo sin renunciar a los principios ni a su heroica historia.
[iii]Castro, R. (2011). “Informe Central al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba” [En línea]. La Habana, 16/04/2011, disponible en: http://www.cuba.cu/gobierno/rauldiscursos/2011/esp/r160411e.html. Véase también: Duharte, Emilio (2015). “Actualización del modelo ¿solo económico? A propósito de las relaciones entre reformas políticas e irreversibilidad del socialismo en Cuba”, Universidad de la Habana, 279, pp. 153-173.
[v] Juan Valdés Paz identifica hasta cinco tendencias: “convencional” (similar a la “estatista”), “guevarista”, “socialistas críticos”, “socioliberales” y “socialdemócratas”. Véase: http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos/jvp.pdf
[vi] Para un análisis más pormenorizado sobre los retos en la economía, véase: http://www.celag.org/cuba-retos-politicos-economicos-contexto-pre-electoral/
[viii] https://aulablog.net/2017/06/19/3751/. Para ampliar la información, véase: http://www.celag.org/trump-en-cuba-y-el-escenario-regional/
[x] http://www.celag.org/trump-cuba-regreso-la-guerra-fria/
[xv] Para un informe breve y sintético sobre qué es el bloqueo y cuáles son sus efectos más significativos, véase: http://www.celag.org/bloqueo-cuba-impacto-tensiones-del-legado-la-guerra-fria/
[xvi] Sobre las declaraciones del Grupo de Lima, ver: https://www.telesurtv.net/news/Grupo-de-Lima-rechaza-elecciones-presidenciales-de-Venezuela-20180213-0062.html ; Respecto a la retirada de la invitación de Perú a Venezuela, ver: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43054144; En relación a la posibilidad del embargo petrolero, ver: http://www.abc.es/internacional/abci-embargo-petrolero-venezuela-pendiente-solo-201802081826_noticia.html
[xviii] http://www.cries.org/wp-content/uploads/2017/09/011-alzugaray.pdf
[xix] http://www.cries.org/wp-content/uploads/2017/09/010-sanahuja.pdf
Fuente: Celag