EDITORIAL

Ganó Maduro ¿Algo cambia?

Todo ocurrió como se esperaba. Pese a todos los intentos para evitar que se efectuaran o por lo menos sabotearlos, el pasado 20 de mayo se realizaron los comicios presidenciales para el período 2019-2025 y, lo que es muy importante, dentro de la mayor normalidad.

También los resultados fueron los esperados; tras haber obtenido tres contundentes triunfos electorales en los últimos diez meses, el cuarto era predecible e igualmente resultó apabullante: el presidente Nicolás Maduro (Frente Amplio de la Patria) alcanzó el 68 por ciento de los votos, bien distante de los contendientes oposicionistas de derecha Henri Falcón con el 21 por ciento (Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo y Copei); Javier Bertucci, 11 por ciento (Esperanza Por El Cambio)  y Reinaldo Quijada 0,4 por ciento (Unidad Política Popular 89).

Contrario a lo que el imperialismo quiere hacer ver, la democracia en Venezuela continúa rompiendo récords que bien pudieran asentarse en el libro Guinness: veinticuatro procesos electorales en diecinueve años, de los cuales sólo en dos  fue derrotado el chavismo.

Igualmente,  la respuesta del imperialismo y sus acólitos a este último triunfo fue la esperada. Además de no reconocer los resultados, pocas horas después el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, impuso nuevas sanciones económicas a Venezuela. Pese a haber sido invitada expresamente por el Consejo Nacional  Electoral de Venezuela para que enviara  una comisión de acompañamiento, la Unión Europea (UE) no aceptó concurrir alegando, a distancia, sin haber querido participar como observadora, y siguiendo el juego a los criterios de Washington y la dictadura mediática imperialista, que el proceso eleccionario carecía de “los estándares internacionales mínimos”; algunos de los gobiernos que integran la UE han a amenazar con la aplicación de sanciones, imitando al mandatario estadounidense.

Parece que a cambio de algunos  “favores”, la UE ha acatado la antaña Doctrina Monroe, con lo que no sólo deja libre al águila para atacar a sus víctimas, sino también que la ayuda.

No podían quedar atrás los gobernantes de los países que se agrupan pomposamente en el autodenominado Grupo de Lima (organización internacional inexistente desde el punto de vista jurídico) y que bien debemos nombrarla como Grupo de Lacayos de Lima. Ellos tampoco reconocieron las elecciones efectuadas y también comienzan a hablar de sanciones y de sumarse al bloqueo económico contra Venezuela.

Para Donald Trump, la Unión Europea y el Grupo de Lacayos de Lima, no son válidos los criterios de más de 300 invitados internacionales, entre ellos 150 acompañantes de 40 países, tampoco lo es el monitoreo del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) que por boca de su presidente, Nicanor Moscoso, aseguró:“Podemos recalcar que estas elecciones deben ser reconocidas porque son el resultado de la voluntad del pueblo venezolano” y mucho menos son a tener en cuenta las palabras de la representante de la misión de la Unión Africana, Arikana Chihombori Quao, cuando expresó: “No conozco en el mundo un proceso electoral más transparente y riguroso como el de Venezuela”.

Tiene razón  la señora Arikana. El proceso electoral venezolano es totalmente automatizado, se inicia comprobando la identificación con la toma de la huella dactilar, que permite realizar el voto electrónico y finaliza con la entrega de un recibo al votante y otro lo coloca en la urna; tras el cierre de las mesas se realizan auditorías de verificación ciudadana; un fuerte crítico de los gobiernos chavistas, el expresidente estadounidense Jimmy Carter, hace años se vio obligado por la realidad a reconocer que: “de las 92 elecciones que hemos monitoreado, yo diría que el proceso electoral  en Venezuela es el mejor del mundo.”

Para destruir la propaganda contrarrevolucionaria imperialista resulta necesario detenernos en uno de los argumentos utilizados por las fuerzas derechistas para intentar deslegitimizar esos comicios y con ellos a la contundente victoria de Nicolás Maduro: la asistencia a las urnas de poco más del 46 por ciento del padrón electoral.

Es cierto que la asistencia a las urnas fue baja. No obstante, también es real que Maduro -que como dijimos obtuvo el 68 por ciento de los votos-, más que triplicó los sufragios alcanzados por su más cercano oponente (6.157.185 contra 1.909.1729) y más que duplicó los alcanzados por todos sus contrincantes juntos.

En el caso venezolano, la baja participación en comicios electorales puede estar dada por varios factores: la apatía y el descontento por la desfavorable situación económica, motivada por las agresiones estadounidenses en ese campo y por la crisis derivada de la caída de los precios del petróleo; la convicción del electorado de que la victoria de Maduro estaba garantizada, lo que provocó desinterés; la fuerte propaganda extranjera y de los sectores contrarrevolucionarios violentos, allegados a la mafia, y golpistas, que conociendo que serían derrotados -por ser ampliamente minoritarios- decidieron apostar al abstencionismo; un posible agotamiento de las masas ante tantas batallas electorales; por último, existe una tendencia cada día más afianzada en el Continente, inculcada por los ideólogos imperialistas y propalada a través de la dictadura mediática, hacia la despolitización, como forma de alienar a los pueblos y sobre todo a los “peligrosos” jóvenes, y esa tendencia se expresa en el abstencionismo.

No sólo en el caso de Venezuela, todos los movimientos progresistas latinoamericanos y caribeños (yo diría que, en el mundo, toda la izquierda) tendrán que tomar muy en cuenta y estudiar a fondo el fenómeno de la despolitización, para así evitar su utilización por parte de la derecha mundial que busca algo muy importante para su supervivencia: que los seres humanos sean simples consumidores y su pensamiento esté tan programado como el de una computadora.

Ahora bien, a pesar  de que admitamos la baja participación en los comicios, también resulta obvio que ninguno de los que hoy esgrimen ese pretexto para deslegitimar el proceso eleccionario recién concluido tiene moral para hacerlo.

Maduro puede afirmar que obtuvo el 68 por ciento de los votos y el 31,7 por ciento de la votación del padrón electoral. Sin embargo, el señor Donald Trump, actual vocero del imperio, sólo obtuvo el 46 por ciento de los votos (por cierto, una cantidad mayor alcanzó su contrincante Hillary Clinton) y sólo el 27, 3 por ciento del padrón electoral. Otros gobernantes del Grupo de Lacayos de Lima, desgobiernan con un porcentajes aún más bajos; por ejemplo: el presidente colombiano Juan Manuel Santos, acérrimo enemigo de la Revolución Bolivariana, llegó a la presidencia sólo con el 23, 7 por ciento de votación sobre el padrón electoral; Sebastián Pineda, en Chile, lo hizo con el 26,5 y Mauricio Macri, en Argentina, arribó al gobierno con el 26,8. Todos ellos, además, triunfaron muy apretadamente sobre sus contrincantes.

 

Entre otros ilustres integrantes del Grupo de Lacayos de Lima que juzgan como dictatorial a la Revolución Bolivariana, se encuentra el golpistas Michel Temer, de Brasil, envuelto en diversos casos de corrupción, y Juan Orlando Hernández, de Honduras, presidente gracias a un escandaloso fraude que hasta la desprestigiado Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo que admitir y al que se le vincula con cárteles de la droga.

 

Cada uno de los desgobernantes de ese Grupo de Lacayos o Grupo de los 12, como también se hacen llamar, son protagonistas de tristes acciones contra sus propios pueblos y la humanidad. Podríamos mencionar muchos ejemplos pero, para cerrar el tema, sólo bastaría nombrar a los presidentes de Guatemala y Paraguay, que acaban de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

 

Ya vimos como los resultados electorales fueron los esperados, al igual que las respuestas del imperialismo y sus acólitos ¿Resulta también predecible el futuro? Lamentablemente creo que si.

 

En medio del asedio y la crisis económica, para el gobierno de Nicolás Maduro esta victoria del 20 de mayo resultaba imprescindible, pues con ella logra demostrar una vez más que las fuerzas chavistas son mayoritarias y se hace evidente que pese a las dificultades, con el desgaste como secuela, basa su poder en los más de 6 millones de votos que logró, provenientes en su mayoría de los sectores populares que conforman el núcleo duro del chavismo.

 

No obstante, no seamos optimistas; aunque la oposición interna se encuentra dividida, desmoralizada y existe un pueblo que se niega, más allá de las convicciones políticas, a ser víctima del terrorismo que la ultraderecha y el imperialista intentaron implantar el pasado año, las fuerzas más reaccionarias del Continente e incluso del mundo se han agrupado en torno al imperialismo estadounidenses e intentarán con nuevas o ya trilladas fórmulas destruir al proceso bolivariano.

 

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, acaba de anunciar el ingreso de su país como socio global -título bastante raro y desconocido- a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); ni geográfica, ni culturalmente, ni …., Colombia pertenece al Atlántico Norte. Con este “ingreso” a la OTAN, Santos de hecho rompe con la Declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz, que él mismo firmara en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) efectuada en La Habana, en enero de 2014

 

El arsenal imperialista es amplio y puede ir desde la intensificación de las agresiones económicas, la traición en el seno de las fuerzas armadas (carta a la que ya han jugado en varias ocasiones), la provocación de un conflicto fronterizo con Colombia o Brasil, hasta la intervención directa, como ya han sugerido altas fuentes gubernamentales estadounidenses, incluyendo al propio presidente Donald Trump.

 

Eddy E. Jiménez

 

TITULARES

-¿Qué busca Colombia en la OTAN? Por Sergio Alejandro Gómez

–La herencia de Bachelet: neoliberalismo con paso firme. Por Pedro Santander y Taroa Zúñiga

-Jóvenes y elecciones: entre el desencanto, la crítica y la movilización. Por Camila Vollenweider y Ava Gómez

–Bolton, asesor de seguridad de Trump: el diplomático más peligroso del mundo.  Por Alfredo Jalife

 

 

¿Qué busca Colombia en la OTAN?

Por Sergio Alejandro Gómez

Ante el anuncio, el gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional «la intención de las autoridades colombianas de prestarse para introducir en América Latina y el Caribe una alianza militar externa con capacidad nuclear, lo que a todas luces constituye una seria amenaza para la paz y la estabilidad regional»

Colombia será el primer país latinoamericano que ingresa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como «socio global».

La nación sudamericana ya tiene una fuerte presencia militar de Estados Unidos, supuestamente con el objetivo de combatir el narcotráfico. Pero su incorporación a la OTAN, símbolo del militarismo injerencista de Washington y sus aliados europeos, supone un paso aún más controvertido.

La decisión del presidente Juan Manuel Santos saltó las alarmas en América Latina, una región con vocación pacífica que en el último siglo solo ha sido atacada por fuerzas militares de Estados Unidos y Gran Bretaña, ambos miembros de la alianza trasatlántica.

La coalición militar tiene sus orígenes en 1949, durante el enfrentamiento contra la Unión Soviética en el calor de la Guerra Fría. Tras la desintegración del bloque socialista a comienzos de los años 90 del siglo pasado, el bloque incumplió su promesa de extenderse hacia el Este y en la actualidad es la principal amenaza militar contra Rusia, al tiempo que conduce acciones militares fuera de su área geográfica.

Colombia mostró por primera vez su interés de ingresar en el 2006, durante el gobierno del militarista Álvaro Uribe, pero fue rechazada por no cumplir con los criterios geográficos. Sin embargo, en junio del 2013, Santos firmó un acuerdo de intercambio de información y seguridad, que fue ampliado a finales del 2016.

El anuncio de la semana pasada incluye a la nación andina en la lista de ocho países que ya eran socios globales de la OTAN: Afganistán, Australia, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán.

UN GUIÑO A WASHINGTON

La decisión de Santos manda un claro mensaje del interés de Bogotá por mantener la alianza con Washington y actuar como su punta de lanza en la región.

En la actualidad, Estados Unidos puede disponer de una decena de bases militares colombianas, desde las cuales puede amenazar a países vecinos que no son de su agrado y dominar los abundantes recursos naturales de la región.

La cercanía con Washington viene acompañada de presupuestos multimillonarios que se convirtieron en una forma de vida para el sector militar colombiano. No menos de 9 000 millones de dólares han fluido a las arcas de la Fuerza Pública desde la firma del llamado Plan Colombia en 1999, según cifras oficiales.
Sin embargo, los datos demuestran el fracaso del plan, supuestamente destinado a combatir el narcotráfico, y sus graves consecuencias sociales.
En ocho años del gobierno de Uribe y en plena ejecución de la asesoría estadounidense, entre el 2002 y el 2010, más de tres millones de colombianos se vieron obligados a desplazarse de sus territorios, una cifra que equivale a la mitad de los 6,2 millones que se registran en el país desde 1985, según el periódico El Tiempo.
Cuando se inició el Plan Colombia se estimaban en 163 289 las  hectáreas cultivadas con coca. El año pasado, el propio Gobierno de Estados Unidos cifró en unas 150 000 las hectáreas que siguen dedicadas a los estupefacientes en la nación andina, muy lejos de la reducción del 50 % que se proponía.
Asimismo, el saldo de la ocupación militar norteamericana incluye denuncias de abusos y violaciones a 54 niñas menores de edad por parte de soldados estadounidenses en las inmediaciones de las bases militares en Melgar y Girardot.

COMPLACER A LOS SECTORES MILITARISTAS

El fin del conflicto armado conlleva la reducción del número de unidades militares y los presupuestos dedicados a combatir a las guerrillas, fondos que se podrían emplear en los planes de desarrollo.
Pero el escenario de una Colombia en paz, tras la firma de históricos acuerdos con las principales guerrillas del país, puede ser la peor pesadilla para quienes lucran con el negocio de la guerra desde hace más de medio siglo.
La firma de un acuerdo con la OTAN buscaría también calmar los ánimos entre algunos sectores militares que sienten que salen perdiendo con la paz y que cuentan con gran influencia sobre la vida política del país, que está en pleno proceso electoral para escoger al sucesor de Santos.
El sector de defensa colombiano, según datos del GESI (Grupo de Estudios en Seguridad Internacional), asesora la reestructuración de las policías de Honduras, Guatemala, República Dominicana y Panamá, y Santos podría estar buscando con sus últimas movidas capitalizar aún más la exportación de servicios militares.
Un aspecto polémico es el papel que jugará dentro de la alianza trasatlántica y si se involucrará en acciones bélicas más allá de sus fronteras.
«Este programa busca trabajar para la construcción de la integridad con las fuerzas militares», dijo Santos el lunes pasado tratando de aclarar el alcance de su decisión. «No vamos a participar en operaciones militares de la OTAN», añadió.
Sin embargo, el año pasado, el comandante del Ejército de Colombia, el general Alberto José Mejía, reveló al diario local El Colombiano que su país se preparaba para involucrarse en el entrenamiento de tropas en Afganistán, algo que finalmente no sucedió.
Los socios globales «desarrollan cooperación con la OTAN en áreas de interés mutuo, incluidos los desafíos de seguridad emergentes, y algunos contribuyen activamente a las operaciones de la OTAN, ya sea militarmente o de alguna otra manera», indica la organización en su página web.

DARLE LA ESPALDA A AMÉRICA LATINA
Santos, en el final de su segundo mandato, pretende dejar entre su legado el ingreso de Colombia a lo que él llama «líderes de buenas prácticas» a nivel internacional.
Esa definición incluye a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de los países más desarrollados que aceptó la semana pasada la membresía colombiana tras un proceso de siete años.
«Ser parte de la OCDE y de la OTAN mejora la imagen de Colombia y nos permite tener mucho más juego en el escenario internacional», dijo el Presidente.
Sin embargo, sus acciones constituyen un portazo en la cara de América Latina y sus más cercanos vecinos, en especial Venezuela, que sufre constantes ataques por parte de Estados Unidos y está considerada como una «amenaza extraordinaria» a la seguridad nacional de ese país.
En un comunicado emitido poco después del anuncio de Santos, Caracas denunció ante la comunidad internacional «la intención de las autoridades colombianas de prestarse para introducir en América Latina y el Caribe una alianza militar externa con capacidad nuclear, lo que a todas luces constituye una seria amenaza para la paz y la estabilidad regional».
En el 2016, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Venezuela y Bolivia mostraron su preocupación ante el acercamiento de Colombia a la OTAN e incluso se llegó a proponer una reunión urgente de Unasur para debatir el tema.
Sin embargo, Colombia tiene compromisos diplomáticos que estaría violando con su ingreso a la OTAN. Entre otros instrumentos, es signataria de la disposición del Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe; la Declaración de La Habana de la Celac, que proclama América Latina y el Caribe como Zona de Paz; la Declaración de Sudamérica como Zona de Paz, y las Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad y sus Procedimientos aprobados en el marco del Consejo de Defensa Suramericano de la Unasur.
«Colombia es un país que debe estar inscrito en la órbita de las naciones que están construyendo paz y no intervenciones militares o acciones bélicas en el mundo», dijo a la prensa el senador Iván Cepeda, integrante de la comisión del Congreso que trata asuntos de política internacional y defensa nacional.
«No veo qué tiene que hacer Colombia, que está intentando consolidar su proceso de paz en este momento, en pactos o bloques militares que pueden terminar llevándonos a dinámicas de guerra internacional», concluyó.

OPERACIONES RECIENTES DE LA OTAN

1995: Operación Fuerza Deliberada, contra Bosnia y Herzegovina. El conflicto civil en esa región deja miles de muertos y cientos de miles de desplazados.
1999: En violación de la carta de la ONU, sin la aprobación del Consejo de Seguridad, se lleva a cabo la operación Fuerza Aliada, mediante la cual la aviación atacó durante 78 días los objetivos vitales de Serbia, causando graves daños materiales y humanos.
2001: Comienza la operación militar Libertad Duradera, en territorio de Afganistán. 17 años después, aún se mantienen sobre el terreno unidades militares bajo el mando de la OTAN, en una guerra que parece no tener fin.
2001-2003: A petición del Gobierno de Macedonia, la OTAN lleva a cabo tres operaciones militares (Cosecha Necesaria, Zorro Ámbar y Armonía Aliada).
2004-2011: Misión de apoyo de asesores militares de la OTAN en Irak para entrenar a fuerzas de seguridad iraquíes. Se calcula que cerca de un millón de iraquíes han muerto como consecuencia directa o indirecta de las fuerzas de ocupación.
2001: Operación militar en Libia. Como consecuencia de los bombardeos fallecieron varias decenas de civiles, se desestabilizó el país y Libia pasó de ser una de las naciones más desarrolladas de África a un Estado fallido, dominado por traficantes de armas y personas.

Fuente: Granma

La herencia de Bachelet: neoliberalismo con paso firme

Por: Pedro Santander y Taroa Zúñiga

 

 

Mientras en los medios y las redes se intenta hacer creer que se avanzó con Bachelet hacia un país más progresista, en la realidad ocurre que su legado incluye darle (por segunda vez) la banda presidencial a uno de los hombres más ricos del país, con cuentas en paraísos fiscales y que se rodea de pinochetismo.

Durante la última semana de Michelle Bachelet como presidenta de Chile se instaló en la agenda de los medios una discusión en torno a cuál sería “el legado de Bachelet”. Fue  un intento deliberado y coordinado por diversos políticos, columnistas y plumas afines al saliente Gobierno de cerrar estos cuatro años dando la sensación de que efectivamente se trató de un Gobierno de centro-izquierda que habría logrado avances progresistas para beneficio del país. “Se corrió el cerco” fue el slogan elegido por esas plumas para argumentar que el país es hoy mejor que hace cuatro años, que hoy el cerco ideológico de la derecha es menos estrecho que cuando Bachelet asumió.

Se trata de un intento poco creíble y tardío de torcer la realidad mediante estrategias mediático-comunicacionales. Poco creíble porque la porfiada realidad muestra una cara muy distinta. Partamos resaltando uno de los datos más duros: por segunda vez Michelle Bachelet deberá entregar la banda presidencial a Sebastián Piñera, multimillonario hombre de negocios que esta vez optó sin complejos por mostrar al país un gabinete de extrema derecha, con varios reconocidos pinochetistas entre sus ministros. Entonces, mientras en los medios y las redes se intenta hacer creer que se avanzó con Bachelet  hacia un país más progresista, en la realidad ocurre que su legado incluye darle (por segunda vez) la banda presidencial a uno de los hombres más ricos del país, con cuentas en paraísos fiscales y que se rodea de pinochetismo. Sí, se corrió el cerco…hacia la derecha.

Eso no es todo. La ex presidenta no avanzó en un asunto esencial para efectivamente democratizar la sociedad chilena: la cuestión constitucional. Debe recordarse que Chile es el único país sudamericano de todos los que vivieron dictaduras militares que mantiene la constitución del dictador: rige aún la constitución de Pinochet. Y fiel a su errático estilo, cinco días antes de terminar su mandato la presidenta apareció sorpresivamente en cadena televisiva anunciando que enviaría un proyecto de reforma constitucional al Congreso, “para honrar mi compromiso asumido con Chile”. Se trataba del mismo Congreso que termina su mandato también el domingo 11 de marzo para ser renovado por otro muy distinto. Este hecho provocó burlas e indignación, incluso entre sus propios partidarios. Diputados democratacristianos calificaron este envío de última hora como “un circo, una falta de respeto”. Incluso el electo senador socialista y expresidente de la OEA, José Miguel Insulza, señaló que “no ha habido en el Palacio de La Moneda, como lo hubo en los primeros tres Gobiernos de la Concertación y parcialmente en el primer Gobierno de Bachelet, una dirección política que ordenara la conducción del Estado y de la coalición, y por lo tanto, ordenara al país”.

Es, además, un misterio saber quiénes redactaron el proyecto de nueva Constitución que ya ingresó al Congreso. El propio Sebastián Piñara, en entrevista al diario El País lo destaca, “esta Constitución que se presentó hace algunos días atrás, no la conocía prácticamente nadie, ni siquiera los partidos de la Nueva Mayoría de centroizquierda. Esa no es la forma, creo yo”. También es un misterio por qué se decidió incluir ciertas disposiciones. Por ejemplo, el artículo 24 fue uno de los que llamó más la atención. El texto aumenta el mínimo de edad para poder postular al cargo de Presidente de la República de 35 a 40 años. Esto inmediatamente fue visto como una señal dirigida al naciente Frente Amplio (FA), que obtuvo, para sorpresa de todos, 20 diputados y un senador, y cuyos principales líderes, los diputados Giorgio Jackson (31) y Gabriel Boric (32), o el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (33), están hoy con la edad mínima para postularse a dicho cargo en 2022. “Ley anti millenials” ha sido bautizada esa iniciativa bacheletista.

No olvidemos que el Frente Amplio fue una de las principales sorpresas en las elecciones pasadas: logró el 20 % en la carrera presidencial con Beatriz Sánchez, el 16 % de la votación popular en las parlamentarias, contando así con una bancada que será clave en la próxima Legislatura, considerando que Piñera no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados.

Y en el terreno de la lucha por los Derechos Humanos tampoco se corrió el cerco, muy por el contrario, se mantuvieron las mismas camisas de fuerza. Bachelet prometió en septiembre de 2014 ante el país que pondría fin a la Ley de Amnistía de 1978 que aún rige en Chile y que beneficia a los genocidas…no lo hizo. También prometió en 2015 a Carmen Gloria Quintana, sobreviviente de ser quemada viva por una patrulla militar en 1986 y símbolo de la lucha antidictatorial, que cerraría la cárcel especial Punta Peuco, recinto penal con canchas de tenis donde están recluidos los pocos militares condenados por violaciones a los DDHH. Hasta el último día y en medio de una inmensa ola de rumores, Chile esperó que cerrara el penal, de hecho, ella hasta el sábado no quiso ni confirmarlo ni negarlo, sólo decía que gobernaría “hasta el último día”. No lo hizo.

Cuando hace cuatro años asumió la presidencia, Michele Bachellet tenía todas las posibilidades y condiciones de hacer aquello que hoy nos quieren hacer creer que hizo: abrir una nueva etapa e intentar cerrar con menos neoliberalismo este ciclo político nacional, abierto en 1990 con la vuelta a la democracia, y que está llegando a su fin.

Tenía el apoyo electoral, simpatía popular, mayoría en ambas cámaras…pudo haber usado esa energía para sentar las bases de un proceso orientado realmente a cambiar la Constitución. En 2013 se instaló con fuerza la idea de la Asamblea Constituyente, la mayoría del país apoyaba esa iniciativa, de acuerdo a todos los estudios de opinión. Pero optó por hacer y seguir el camino que ya constituye una marca de época de la socialdemocracia mundial: administrar el neoliberalismo, dando apariencia de progresismo con gestos comunicacionales y con ciertos avances en políticas identitarias, especialmente las orientadas a la igualdad de género. Efectivamente, en ese terreno Bachelet logró sacar adelante la despenalización del aborto en tres causales, así como la unión civil entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, no hubo ningún intento de hacer un Gobierno verdaderamente trasformador, de tocar el capital, de disminuir la desigualdad, o de aumentar la soberanía del país frente a las trasnacionales. En ese sentido, el primer Gobierno de Piñera  (2010-2014) y este último de Bachelet se parecen bastante. En ambos períodos Chile figura como el país más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también en ambos el alineamiento geopolítico ha sido con la Alianza del Pacífico, con una política exterior muy anti bolivariana. Asimismo, en ambos Gobiernos estallaron los casos de corrupción más grandes de los últimos 25 años, de hecho, varios ex ministros de Piñera están acusados por la Justicia.

Cabe, en todo caso, recordar que el potente despertar de los movimientos sociales en Chile se dio durante la anterior administración de Piñera, especialmente durante 2011-2012. Fue tal la fuerza de estos movimientos que se instalaron temas vedados por la elite, como los de reforma laboral, nueva constitución, fin al lucro en la educación, etc. Temas que Bachelet tomó como banderas de lucha y con los cuales resultó elegida, descomprimiendo la conflictividad social, pero en beneficio del capital (otra marca de la socialdemocracia).

¿Cambiará algo con la llegada de Piñera?

Al contrario de lo que viene sucediendo en Argentina, Brasil y Ecuador, donde la llegada de gobiernos de derecha después de años de gobiernos progresistas ha significado un retroceso en las políticas sociales, tangible en la pérdida de derechos ya adquiridos (suspensión de beneficios, recortes en gasto social, indultos a represores etc.) en Chile no se ha avanzado lo suficiente como para retroceder. Podemos incluso decir que lo que no se hizo durante los gobiernos de la Concertación, sentó las bases seguras para el avance y profundización del neoliberalismo en el país sureño.

El plan de gobierno de Sebastián Piñera[1] inicia con un llamado reverencial a la meritocracia y el individualismo: “Tengo la convicción de que juntos construiremos tiempos mejores. Lograrlo depende de nosotros (…) de soñar con una patria (…) donde todos tengan las oportunidades para poder volar tan alto y llegar tan lejos como su propio mérito y esfuerzo lo permitan”. En una frontal ruptura con los llamados a conquistar la segunda y definitiva independencia  que realizaron en bloque los países latinoamericanos durante la década ganada, el próximo gobierno de derecha asocia como línea de continuidad histórica el “progreso”: “Hace doscientos años conquistamos nuestra independencia; hoy es hora de conquistar definitivamente nuestro desarrollo”.

En la comprensión de desarrollo del futuro equipo de gobierno, la ruptura con el pasado parece ser un paso fundamental. A pesar de que la dictadura pinochetista no ha sido superada ni en términos de justicia ni en plano legislativo, como mencionamos anteriormente, la propuesta anunciada en el plan de gobierno llama a acabar con la “cultura de la retroexcavadora”, metáfora absolutamente desgraciada si consideramos que aún se desconoce la ubicación de la mayoría de los detenidos desaparecidos durante la dictadura  (de un universo de aproximadamente 1200 detenidos desaparecidos  han sido identificados 164).

En este plano, se hace sospechoso uno de los puntos en el apartado sobre los derechos humanos en el mencionado plan: “Por razones humanitarias y de dignidad permitir que las personas de edad muy avanzada, o con enfermedades terminales graves, o que les impidan valerse por sí mismas, y que se encuentren cumpliendo condenas en cárceles, puedan sustituir la pena por arresto total en su propio domicilio o, según su elección, en un establecimiento adecuado a su situación de salud o avanzada edad”. Un artículo como este podría avalar acciones como las emprendidas por el Gobierno de Macri, en Argentina, que ha beneficiado con prisión domiciliaria a asesinos condenados por perpetrar delitos de lesa humanidad y genocidio durante la dictadura, acciones que representan un verdadero retroceso en lo avanzado sobre esta materia durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Vale la pena acotar que, como mencionamos antes, no hay tanto que retroceder en este plano: en Chile se han procesado más de 600 represores y asesinos, pero solo han sido condenados unos 345 de los cuales solo cumplen condena efectiva 112. El apartado mencionado podría utilizarse para suavizar las pocas condenas que se cumplen.

A nivel discursivo, también destaca en la propuesta de plan de gobierno la insistencia en acabar con la “indignidad de la pobreza”, sin realizar ninguna mención a las causas históricas de empobrecimiento, asimilando además la igualdad social a la capacidad de consumo; el recurrente llamado a sostener la familia tradicional como base estructural de la sociedad (en un país en el que el 77 % de los hogares monoparentales son sostenidos por mujeres y en el primer quintil un 30,2 % de mujeres destinan su tiempo al cuidado y quehaceres del hogar, frente a un 1 % de hombres[2]); y la tendencia a estructurar políticas de protección e “impulso” para la clase media y el beneficio de los “emprendedores e innovadores”.

En el plano de la educación, que ha sido uno de los campos de batalla más intenso durante los últimos años, no se contempla –frontalmente- el retroceso en los pequeños avances en materia de gratuidad pero si se considera el resguardo de “la libertad de las familias en elegir y participar en la educación de sus hijos” así como defender el derecho de los padres y apoderadas a “realizar  aportes de carácter voluntario, no regulares, con el objeto de financiar actividades extracurriculares”, políticas que pueden impulsar – aún más-  la diferencias en términos de acceso y calidad de educación básica según la clase social de los estudiantes.

También se apunta reiterativamente a la disminución de la participación del Estado en el plano de la educación,  argumentando – en una estrategia ya clásica de la derecha – la necesidad de “despolitizarla”, priorizando la calidad por encima de las ideologías políticas.   En los últimos diez años, la participación política de los estudiantes ha sido el factor de movilización más intenso en Chile. Justamente las movilizaciones estudiantiles y la politización de la juventud, fue lo que permitió el nacimiento del Frente Amplio, la única opción alternativa de izquierda entre los tradicionales partidos políticos, a la que sin duda el Gobierno de Piñera no dudará en clasificar como parte de “la minoría ruidosa y radicalizada”  que menciona en su propuesta de gobierno.

Con un gabinete pinochetista y un plan de gobierno que apunta al progreso y a la “superación personal”, el nuevo Gobierno de Chile se prepara para continuar la ruta esbozada durante la dictadura y nunca desdibujada por la concertación. El neoliberalismo  se prepara para avanzar sin las máscaras de  la transición, lo que también podría impulsar una oposición sin caretas: la opción más viable para la transformación es que la izquierda se radicalice en el ejercicio opositor.

[1] Disponible en: http://www.sebastianpinera.cl/images/programa-SP.pdf

[2] http://www.eldesconcierto.cl/2017/03/07/encuesta-casen-77-los-hogares-monoparentales-liderados-mujeres/

Fuente:  Celag  http://www.celag.org/la-herencia-bachelet-neoliberalismo-paso-firme/ 

 

Jóvenes y elecciones: entre el desencanto, la crítica y la movilización

Por: Camila Vollenweider y Ava Gómez / Celag

 

Los jóvenes son el grupo poblacional con una mayor presencia en la región, un fenómeno que algunos países han acertado en denominar “bono demográfico” o “dividendo demográfico”.

El auge de los medios digitales y de las redes sociales ha puesto de manifiesto no sólo la visible preponderancia de los más jóvenes en el ciberespacio, sino también las capacidades inusitadas de la interactividad en la movilización colectiva de la juventud latinoamericana.

A lo largo de la década del 2000 la región fue testigo de diferentes movilizaciones juveniles orientadas por objetivos específicos, que posteriormente se fueron ampliando al conjunto de las sociedades y se convirtieron en acontecimientos políticos y culturales que impactaron a lo largo y ancho del continente.

Los nuevos repertorios de la movilización colectiva se orientaron por demandas puntuales en torno a  la educación, como fue el caso de las manifestaciones de “Los Pingüinos” en 2011 en Chile, en las que los jóvenes reclamaban amplias mejoras en el sistema educativo; o las manifestaciones convocadas el mismo año en Colombia por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en la que estudiantes universitarios se organizaron para luchar en contra de la reforma a la Ley 30, que consideraban una profundización en el deterioro de la educación pública.

Más recientemente, en 2016, un grupo de jóvenes universitarios se organizó a través de redes sociales para movilizarse a favor de la paz, una vez se conocieron los resultados del plebiscito en Colombia. En una manifestación multitudinaria los jóvenes se convirtieron en un revulsivo del cambio a favor de los Acuerdos de Paz, expresando una posición contraria a los resultados de las urnas.

Estas movilizaciones tuvieron como resultado la interpelación a la política tradicional de los países en donde tuvieron lugar y fueron movimientos construidos desde la autonomía, la horizontalidad y la distancia de las formaciones políticas tradicionales. Pero no implicaron a posteriori la formulación de movimientos o partidos integrados institucionalmente para disputar procesos electorales. De los mencionados, fue quizá el movimiento estudiantil chileno el que se acercó más a la constitución efectiva de una formación política a través de Juventud Rebelde, si bien su impacto en la disputa política sigue siendo marginal.

Masivo y visible

Los jóvenes son el grupo poblacional con una mayor presencia en la región, un fenómeno que algunos países han acertado en denominar “bono demográfico” o “dividendo demográfico” y que, se estima, comienza su decadencia conforme avanza la segunda veintena del siglo XXI. Ellos también han sido protagonistas en los procesos electorales más recientes.

En Costa Rica los jóvenes entre 17 y 35 años fueron la población con mayor peso en el padrón electoral (1.383.498, representando un 40%). Después de las pasadas elecciones, el 33% de las nuevas curules en el Congreso estarán ocupadas por políticos menores de 40 años, mientras que la edad promedio pasará de 50 a 46 años. Además, su participación se visibilizó en la primera y la segunda vuelta electoral, los principales votantes de Carlos Alvarado fueron jóvenes, mujeres y personas con grado universitario[iii] [iv].

En el caso de Honduras, el 70% de la población es menor a los 40 años y 691,781 fueron nuevos votantes, una cifra equivalente al 13% del Censo Nacional definitivo Electoral, con un total de 1,497,290 son jóvenes electores, comprendidos entre los 18 y 25 años, representando el 24.7 % del CNDE.

Para el caso de Paraguay fueron 1.841.832 los jóvenes entre 18 a 34 años que estaban habilitados para votar, de ellos 884.927 tenían entre 18 a 24 años. Y, a pesar de que la tendencia fue el incremento de la participación en las elecciones generales (con 62,28% en 2003; 65,41% en 2008; y 68,56% en 2013), al comparar por grupos de edad el nivel de intervención más alto corresponde a los ciudadanos de 40 años para arriba (más del 70%); en tanto, el segmento de 18 a 24 años tuvo el menor nivel (inferior al 63%). En el caso de los pasados comicios del 22 de abril se estima que la participación de los más jóvenes se mantuvo a tendencia histórica de participación.

2018: juventud y nuevo progresismo

En los casos de Colombia y México hay dos candidaturas que están moviendo fuertemente al electorado joven. En el caso colombiano, Gustavo Petro hoy aglutina el mayor porcentaje de intención de voto en una primera vuelta entre los jóvenes de entre 18 y 24 años con el 43,7%, seguido de Iván Duque (35,3%) y, bastante por detrás, Germán Vargas lleras con 13,3%. En una eventual segunda vuelta, el candidato de Colombia Humana también recoge la mayoría del apoyo joven: el 60,5% de los jóvenes encuestados lo apoya, mientras que Duque recoge el 37,3%[v].

En el haber de Petro se encuentran no sólo un universo discursivo que abarca temáticas que atraen a los jóvenes –como el medioambiente, minorías, etc.- y programas específicos en educación y empleo, sino que se ha erigido entre buena parte de ellos como una alternativa de cambio al establecimiento.

Algo similar ocurre con Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por MORENA. En un país con 30.6 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, de los cuales 7.5 millones no estudian ni trabajan y el 60,6% de los que trabajan lo hacen en la informalidad, AMLO se lleva las preferencias juveniles. Según la tercera edición de la encuesta Voto Millenial de Nación 321, el 51% de los jóvenes votaría por AMLO –sin considerar el 29% de indecisos-, mientras que Ricardo Anaya, más próximo generacionalmente con sus 38 años, se lleva el 29% de la intención de voto[vi].

A nivel programático, López Obrador ha propuesto un ambicioso programa de becas de estudio y de formación laboral para jóvenes con pocos recursos, cupos para todos los jóvenes que quieran estudiar y representación de este segmento de edad en su futuro gabinete. Pero más allá de las propuestas, AMLO atrae a este grupo etario por su imagen de incorruptible, combativo con el decadente sistema político mexicano representado por el PRI y de figura política coherente. Un dato no menor al respecto es que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, de los más de 90 millones de ciudadanos habilitados para votar, 36.156.742 (36%) son jóvenes de 18 a 34 años.

Jóvenes: un electorado fundamental, crítico y reacio a la política tradicional

2018 es un año en el que discurren diversas campañas electorales, que han sido permeadas por la preponderancia del voto joven. Movilizarlo ha sido el leitmotiv de buena parte de los equipos de campaña que, con mayor o menor éxito, han articulado discursos, actividades, programas y formas de comunicar con el estilo y los códigos de esta parte del electorado. Dado su peso en los padrones electorales, atraerlos a las urnas y a los candidatos en las últimas elecciones regionales fue una necesidad constante.

Sin embargo, fueron y son pocas las propuestas que logran generar conexiones robustas dado que los jóvenes, aunque participan masivamente a través de redes sociales, tienen escasa presencia en los comicios. Y, aunque ocupan las calles de forma masiva y con diversas formas de protesta, encuentran escasamente seductoras las propuestas de los candidatos.

El nuevo progresismo latinoamericano parece haber identificado fórmulas concretas que pueden reflotar las relaciones entre los jóvenes y la política tradicional, aunque todavía es pronto para afirmar que van a poner fin al abstencionismo juvenil. Comenzar por propuestas claras y específicas, pero, sobre todo, viables, parece ser un primer paso hacia un acompañamiento definitivo.

[i] https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa

[ii] https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa

[iii] https://ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/EncuestaFebrero2018/Informe-encuesta-FEBRERO-14.pdf

[iv] https://ciep.ucr.ac.cr/images/INFORMESUOP/EncuestaAbril2018/Informe-encuesta-ABRIL-25.pdf

[v] https://es.scribd.com/document/377558353/Resultados-de-la-Gran-Encuesta-Caracol-television-Blu-Radio-y-Semana-27-de-abril#from_embed

[vi] http://www.nacion321.com/voto-millennial/encuesta-millennials-lo-tienen-claro-51-votaria-por-amlo-para-presidente1

Fuente: TeleSur

 

Bolton, asesor de seguridad de Trump: el diplomático más peligroso del mundo

Por Alfredo Jalife

 

Estados Unidos, en franco declive, exhibe una fractura conceptual/generacional/ demográfica/geográfica donde las fuerzas centrífugas han acelerado su vertiginosa dinámica.

Los maravillosos jóvenes de high school realizaron una histórica marcha en Washington, con alrededor de un millón de manifestantes, exigiendo con justificada razón la abolición de las armas que han cobrado tantas vidas inocentes, mientras la esquizofrenia política de sus padres y abuelos arrecian la carrera armamentista con un bipartidista presupuesto bélico.

Muchos de los padres y abuelos de los jóvenes pacifistas pertenecen al trumpismo militarista, a los sectores fascistoides del Partido Republicano, y a la Asociación Nacional del Rifle –estancada en el siglo XVIII bajo el manto anacrónico de la Segunda Enmienda, cuando la Primera Enmienda de la libertad de comunicación ha sido pisoteada por Facebook, del israelí estadunidense Mark Zuckerberg.

Las derrotas multidimensionales de EU provienen de los desastres militares y financieros de Baby Bush, agudizados por Obama en su fuga hacia delante contra Rusia y China, que han encajonado a Trump, de 70 años, a adoptar posturas intransigentes con el fin de detener la abrupta caída de la otrora superpotencia unipolar rezagada frente a la resurrección militar de Rusia y al ascenso geoeconómico irresistible de China.

Baste señalar el histórico lanzamiento el 26 de marzo en Shanghai del petroyuan, respaldado por oro, que pone a la defensiva al otrora inexpugnable bastión financierista de la dupla Washington/Londres (https://goo.gl/jwC4Ys), lo cual, a mi juicio, explicaría los artefactos del inmundo Rusiagate –montado por el espía británico Christopher Steele, hoy a salto de mata–, y el extraño envenenamiento del desertor doble espía ruso Sergei Skripal–hasta hoy sin evidencias y con alegatos de altamente probable que hasta un juez penal y venal de rancho desecharía –endosado por la primer británica Theresa May a Rusia y que ha valido la aparatosa expulsión masiva de una centena de diplomáticos rusos de la anglósfera y la Unión Europea, a unos meses de la Copa Mundial de Futbol.

Los nacionalismos económicos del Brexit y el trumpismo huyen hacia delante cuando sus respectivos mandatarios adoptan estrafalarias medidas al borde de una pre-guerra, lo cual exhibe más sus debilidades que sus fortalezas y los lleva hasta desechar a su anterior socio: la británica Cambridge Analytica (https://goo.gl/iyqCrg).

El contexto y el timing son parte sustancial del todo en geoestrategia.

No se pueden soslayar la serie de eventos azorantes a partir del primero de marzo cuando el zar Vlady Putin posicionó a Rusia como la máxima potencia militar del planeta capaz de horadar cualquier defensa en cualquier parte del mundo de quien sea con sus invencibles nuevas armas nucleares (https://goo.gl/ueBFAp) –que The New York Times y The Washington Post consideran bluff.

Días mas tarde, el zar Vlady Putin fue elegido en forma apabullante con 77 por ciento de los sufragios en una nutrida votación, mientras en China, el mandarín Xi Jinping era ungido por la asamblea como mandatario de por vida (https://goo.gl/yfXczt).

Ante los fulgurantes avances de Rusia –que incluye su triunfo en la guerra de Siria– y China –con su asombroso lanzamiento del petroyuan/oro–, la dupla anglosajona del Brexit/trumpismo, hoy en franca declinación electoral, ha respondido con su alucinante propaganda negra –que goza del casi monopolio de los multimedia globales donde el grupo del israelí-húngaro-británico-estadunidense George Soros juega un papel primordial debido a su vinculación con el Mossad, la CIA y el MI6– y su pueril coreografía simultánea del Rusiagate/envenenamiento de SS/expulsión masiva de diplomáticos rusos/Facebook y Cambridge Analytica/la guerra comercial contra China.

Como hubiera acotado el inmortal bardo británico Shakespeare: mucho ruido, pocas nueces.

La masiva expulsión de diplomáticos soviéticos ya había sido experimentada en forma infructuosa por México en la década de los años 70.

¿Por qué Gran Bretaña, hoy en irrelevancia imperial, aparece en todo este esquema? ¿Será porque se le cayó su modelo financierista instalado hace 203 años en Waterloo?

Curiosamente, Netanyahu no siguió a Londres y se puso del lado del zar Vlady Putin (https://goo.gl/DFYJpz).

Las defenestraciones de Rex Tillerson y del teniente general H. R. McMaster endurecen al gabinete de Trump con el arribo de los megahalcones Mike Pompeo, de 54 años, John Bolton, de 69 años, y la torturadora Gina Haspel, de 61 años, en la CIA.

La salida del teniente general H. R. McMaster era más que cantada después de que fue atrapado filtrando secretos de la Casa Blanca nada menos que a George Soros, lo cual fue delatado por el espionaje del primer ministro Netanyahu.

Dejo en el tintero la guerra civil entre globalistas encabezados por Soros y nacionalistas jefaturados por Netanyahu: pecuniaria guerra fratricida sionista (https://goo.gl/tbYhZ7).

Los megahalcones rebasan la realpolitik de los militares cuando el trumpismo pasa de la militarización a la israelización.

En Israel no ocultan su júbilo por la llegada de dos íntimos aliados de Netanyahu: Mike Pompeo, anterior ex director de la CIA y hoy a cargo de la Secretaría de Estado ya muy desvalida, y, sobre todo, con el tóxico ex embajador bushiano John Bolton cuyo nombramiento como asesor de seguridad nacional son malas noticias para Irán, en buen tiempo para Netanyahu (https://goo.gl/Ep3L1T).

Alguien podrá aducir, no sin razón, que Trump no necesita de consejeros que le calienten su volcánica cabeza siempre en erupción.

Sin Bolton de asesor de seguridad nacional, Baby Bush libró dos guerras cataclísmicas: Iraq y Afganistán; en esta última EU prosigue su guerra después de 17 años.

Con Bolton, ¿Cuántas guerras emprenderá Trump?

Una tesis fascinante, quizá utópica, del británico Alastair Crooke, anterior analista del MI6 y hoy uno de los mejores hermeneutas del Medio Oriente, quien juzga que con la llegada de los megahalcones, Trump hará subir la escalada sicológica hasta el paroxismo en las principales crisis desde Corea del Norte hasta Irán, evitando importunar a Rusia, salvo en la coreográfica de los anatemas propagandísticos, para promover al borde del precipicio acuerdos que beneficien a EU (https://goo.gl/W2eeGJ).

¿Será Bolton el espantapájaros de Trump para negociar mejor desde una posición de cacofónica fuerza retórica?

Enarbolo dos hipótesis: 1. A nivel doméstico, Trump levanta la puja para impedir su inminente impeachment por el fiscal especial Robert Mueller cuando han arreciado sus escándalos pornográficos y, 2. A nivel externo, muy al estilo de su Arte para negociar (https://goo.gl/wuzmnm), Trump maximaliza su puja de apostador para encontrar una solución en las mejores condiciones posibles con cuatro agendas simultáneas aparentemente incoercibles de Norcorea/Irán/China/Rusia.

Juan Cole, connotado académico y experto del Medio Oriente, no mastica sus palabras y califica a Bolton de lo que realmente es: un criminal de guerra con vínculos terroristas, mucho más que un halcón (https://goo.gl/zYhyQz).

Fuente:  La Jornada.