EDITORIAL

El emperador Trump en lucha contra los nuevos bárbaros.

 

A más de la mitad de su mandato, Donald Trump parece haber obtenido la primera victoria en su política latinoamericana, lo que le sumará fuerzas en la lucha por obtener un segundo periodo presidencial en noviembre de 2020.

 

Recordemos que su plataforma electoral hacia este lado del planeta se basó en la construcción de un muro fronterizo con México para contener la emigración procedente de ese país, Centroamérica y otras regiones del mundo; ese muro tendría que ser pagado por el país vecino.

 

No es primera vez que en ese país de inmigrantes se desata una política anti inmigración. Por sólo citar el ejemplo más reciente, durante las pasadas administraciones  del presidente demócrata Barack Obama, entre 2009 y 2017, fueron deportados 2,8 millones de migrantes, incluidos medio millón de niños nacidos en territorio estadounidense, deportados junto con sus padres. No obstante, fue Donald Trump el primero en hacer de la guerra contra los inmigrantes el eje de su política exterior hacia Latinoamérica y el Caribe. De hecho, durante su campaña electoral prometió deportar a unos 6 millones.

 

Estados Unidos no es una nación, es un país conformado por inmigrantes de muchas nacionalidades, incluyendo a más de 57 millones de latinoamericanos que marcharon hacia la mayor economía del mundo en busca del sueño americano, que para ser conformado y mantenido ha convertido en pesadilla todo el sur de sus fronteras.

 

En lo que algunos analistas, incluyéndome entre ellos, consideran como un fenómeno provocado por los grupos de poder estadounidenses para facilitar a Trump la aplicación de políticas anti inmigrantes y, a su vez, poner en crisis al gobierno del presidente López Obrador, en los últimos meses varias caravanas de ciudadanos centroamericanos cruzaron el territorio mexicano en busca de atravesar la frontera de ese país con Estados Unidos.

 

Así, decenas de miles de seres humanos se internaron en territorio mexicano y al llegar a la frontera con Estados Unidos no sólo se les impidió la entrada sino que ese país procedió a la deportación masiva no hacia los países de origen, sino hacia México que se vio inmerso en una crisis humanitaria que desbordaba sus posibilidades de solución.

 

Desde un principio, negado a utilizar la represión contra los infelices inmigrantes que huían de la miseria y la violencia provocadas por el sistema, el presidente López Obrador hizo saber públicamente al gobierno de Donald Trump que la solución a la problemática migratoria radica en atender las causas a través de la promoción del desarrollo en los países centroamericanos.

 

Lejos de eso, el Departamento de Estado procedió a cerrar programas de asistencia a los países del triángulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) y en específico, su instrumento de penetración, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), desvió millonarios fondos destinados a esta área hacia el financiamiento del autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó.

 

Ante el chantaje de la aplicación de un aumento progresivo a los aranceles de los productos provenientes de México, lo que hubiese provocado una crisis económica de incalculables proporciones, el gobierno de López Obrador llegó a acuerdos con su vecino del norte que lo convierten en un velador de la frontera estadounidense, al comprometerse a desplegar miles de soldados de la Guardia Nacional para cuidar su frontera sur, con Guatemala, y frenar así el flujo de inmigrantes que intenten cruzarla; igualmente, se acepta la devolución a México de los migrantes que soliciten asilo a través de esta vía fronteriza, hasta tanto las autoridades estadounidenses determinen cada caso.

 

A su vez, el emperador Trump, para que no haya equívoco, ha dejado aclarado que si México no cumple con lo acordado, impondrá los aranceles que estime conveniente.

 

Ya en lo que va de año, sólo en lo que a guatemaltecos se refiere, han sido devueltos hacia su país más de 50 000.

 

De esta forma, poco a poco, las muertes en la frontera, los niños latinos que han fallecido encontrándose bajo la custodia federal, el cuidado para garantizar los derechos humanos de los inmigrantes que intenten llegar a Estados Unidos, el financiamiento para solucionar los problemas de los que ya hayan ingresado a su territorio…, todo, poco a poco, con ese acuerdo, va pasando a la responsabilidad de México.

Un parecido chantaje aplicó Trump al endeble y desprestigiado gobierno guatemalteco al considerar, públicamente, que “no se ha portado bien” y por ello podrían ser gravadas las exportaciones de ese país hacia Estados Unidos si no firmaba un acuerdo de “tercer país seguro”.

Rápidamente, el presidente Jimmy Morales, quien ya en una ocasión afirmó que podría pedir a Estados Unidos la presencia de militares estadounidenses en su frontera, “llegó” a un acuerdo mediante el cual los migrantes de otras nacionalidades deberán solicitar asilo al llegar a Guatemala y no en la frontera estadounidense. Así, Guatemala se convierte en un “tercer país seguro” para Estados Unidos.

En síntesis, todos los migrantes centroamericanos o de cualquier otra nacionalidad que pretendan ingresar, por vía terrestre, a territorio estadounidense deberán buscar previamente refugio en México o en Guatemala y desde esos países solicitar asilo.

Como colofón, finalizó el mes de julio con una autorización de la Corte Suprema que permite al inquilino de la Casa Blanca la utilización de 2 500 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para la construcción del muro fronterizo con México.

Trump pretende construir los más de 1 500 km de muro que restan a los 1 200 ya existentes, para evitar la “invasión” de los que estima como nuevos bárbaros. Quedaría por ver si se le ocurre envenenar las aguas del Río Bravo, barrera natural que históricamente también funge como “muro” entre los dos países, para que así los supremacistas blancos cuenten también con un “río seguro” que los proteja.

Por el momento, esta parece ser una batalla ganada en su camino a las aspiraciones para un segundo mandato que todo parece indicar sólo podrían ser entorpecidas por una crisis económica -el norteamericano promedio piensa con el bolsillo- o un gran escándalo político. Esperemos; aún es temprano.

 

Eddy E. Jiménez

TITULARES

-Macri no hizo ninguna autocrítica. Por Martín Granovsky

 

-Cómo oculta Estados Unidos el coloniaje. Por Manuel E. Yepe

 

-Guatemala: victoria del abstencionismo y la continuidad. Por Javier Calderón , Nery Chaves García y Bárbara Ester

 

-Cabello: Orden ejecutiva de Estados Unidos demuestra la desconfianza del imperio hacia la derecha.

 

-Capturan paramilitares en Venezuela y otras noticias desde el frente colombiano.

 

Macri no hizo ninguna autocrítica.

Por Martín Granovsky

Si el voto de las PASO se repitiera el 27 de octubre, cosa que naturalmente nadie sabe pero suena probable, el alivio podría transformarse en una nueva política a partir del 10 de diciembre. Es que el voto del 11 de agosto no generó incertidumbre sino certeza.

En vez de “carajo”, el Presidente Mauricio Macri dijo en 8 minutos y tres segundos tres veces la palabra “alivio”. Prometió que un paquete de medidas paliativas , básicamente bonos y moratorias, aliviaría el ahogo de los argentinos. Y, en una aparente vuelta atrás de su reto del lunes a la mayoría que votó mal, afirmó: “Los entendí”. Se le crea o no, es bueno para la democracia que un Presidente exprese respeto a quienes le votaron en contra. El problema es que ya colmó la paciencia colectiva. Ya imitó a Fernando de la Rúa cuando el 19 de diciembre de 2001 terminó de irritar a los argentinos decretando el estado de sitio.

Además, el propio discurso de hoy refleja lo contrario de la comprensión. El mensaje de esta mañana fue solo una corrección de estilo. Lo demuestra una frase: “La incertidumbre ha generado mucho daño”. ¿Cuál es la incertidumbre? A nivel nacional la fórmula Fernández-Fernández le sacó 15 puntos de diferencia a la fórmula Macri-Pichetto. En la provincia de Buenos Aires, ya con los votos bien contados, Axel Kicillof, terminó con un 52 por ciento frente al 34 por ciento de María Eugenia Vidal. Nada menos que 18 puntos de diferencia. Eso no se llama incertidumbre sino victoria. O derrota. Las PASO fueron de hecho un plebiscito contra Macri y un crédito a una política productivista y solidaria. Lo que cualquiera puede palpar estos días no es una sensación de incertidumbre sino de alivio. De otro alivio. El aluvión fue tan imponente que muchos votantes de Macri en 2015 no solo votaron por el Frente de Todos sino que lo dicen en la verdulería. Eso pasa cuando uno se siente acompañado.

Si el voto de las PASO se repitiera el 27 de octubre, cosa que naturalmente nadie sabe pero suena probable, el alivio podría transformarse en una nueva política a partir del 10 de diciembre. Es que el voto del 11 de agosto no generó incertidumbre sino certeza.

Ante esa certeza opositora la explosión del dólar fue programada por el Gobierno con una operación de inteligencia el viernes y perfeccionada, como los delitos, por la demora de Macri en hablar el lunes. No apareció en público antes de la apertura de las operaciones sino después de las cuatro de la tarde, cuando todo ya estaba cocinado. Después del “carajo” fue el turno del “jodete”.

El supuesto alivio de Macri, en cambio, tiene huecos notables.

El hambre no apareció entre las emergencias citadas por el Presidente. Ni de ahora en adelante ni cuando repitió la ficción oficial de un gobierno dedicado a construir rutas las 24 horas.

El único congelamiento se refirió al precio de la nafta. Y por 90 días. Es decir, de aquí al 14 de noviembre. ¿Estará pensando Macri que las elecciones no se definirán el 27 de octubre y llegará a un ballottage el 24 de noviembre?

Tampoco apareció ninguna de las regulaciones normales que impone sobre el mercado financiero cualquier país capitalista normal. Cero mención sobre un mínimo de permanencia de los capitales, o de límites para remesar ganancias, o de trabas para una fuga que según la UMET ya superó largamente los 100 mil millones de dólares.

No hay un freno a las suspensiones.

No hay un freno a los despidos.

No hubo ningún anunció a desdolarizar las tarifas.

No informó Macri que desconectará el precio interno del trigo del valor de exportación

No hubo ni siquiera una mención a los desocupados.

Queda por ver si de ahora en adelante Macri al menos se resigna y cambia la pose de patrón de quebrachales a político derrotado. Macri ni llega a la famosa categoría de pato rengo con que se compara a los presidentes norteamericanos, con su influencia diluida, al final de su mandato. Simplemente, ya no es.

Quizás lo ayude a tomar conciencia ese mundo al que siente propio pero que ya está averiguando qué piensa y qué hará Alberto Fernández. El poder acompaña a los perdedores solo hasta la puerta del cementerio.

Fuente: Telesurtv.net

 

 

 

Cómo oculta Estados Unidos el coloniaje.

Por Manuel E. Yepe*

En septiembre del 2017, millones de estadounidenses en Puerto Rico padecieron los embates del ciclón María. Según un estudio realizado meses después del evento, se perdieron escuelas, empleos, hogares y más de 4 000 vidas.

Pero cuando el presidente Donald Trump visitó la isla el 3 de octubre de ese año, no respetó luto alguno. Se estaba haciendo el tonto. En un centro de socorro en las afueras de San Juan, imitó los movimientos de un jugador de baloncesto al hacer tiros al aro. Con varios rollos de toallas de papel con su brazo izquierdo y las yemas de los dedos de su mano derecha, los lanzó uno tras otro a la multitud de fotógrafos.

Que el presidente hiciera payasadas en momentos de angustia es cosa acostumbrada ya en el personaje. Pero el letal desprecio de los estadounidenses del continente por Puerto Rico es también una constante histórica. Cuando Franklin Roosevelt dijo que “la única solución” a la pobreza de la colonia era “usar los métodos que Hitler usó efectivamente” -refiriéndose a la esterilización forzada- estaba revelando un racismo contundente, chocante hasta en Trump.

Daniel Immerwahr, en su libro Cómo ocultar un imperio, una historia de Estados Unidos, explica cómo los residentes de Estados Unidos se han olvidado de Puerto Rico y otros territorios que ha controlado desde sus primeros días. El libro no se refiere a persona, ni lugar o evento alguno en particular, trata de lo que la gente piensa o no piensa. Fija su atención en “las fuerzas que han hecho que los estadounidenses olviden y así impidan una valoración moral sobre el imperio y su animador, el racismo”.

Esta inconsciencia es muy extraña. Otras potencias imperiales de los siglos XIX y XX no solo pensaron mucho en sus posesiones, sino que también se preocuparon por ellas. Británicos y franceses, belgas y japoneses han celebrado su imperio con fiestas, himnos y desfiles.

Esos imperios proporcionaban prosperidad económica y con ello afirmaban su superioridad nacional. De todos los grandes colonizadores, solo EEUU apartaba sus ojos de tal circunstancia.

Immerwahr llama a que los estadounidenses observen el verdadero contenido del imperio estadounidense. Que su principal preocupación no sea el metafórico imperio de la United Fruit sino el de los espacios más allá de sus fronteras que Estados Unidos compró, conquistó, anexó y gobernó.

Geográficamente, Puerto Rico, Guam, una colección de otras pequeñas islas y unas ochocientas bases militares conocidas diseminadas por todo el mundo abarcan un reducido territorio, no significan mucho por su extensión, aunque sirvan de alguna manera para valorar el poder de Estados Unidos. En el 1791, las cosas eran distintas, porque sólo el 55% de los territorios de Estados Unidos estaba limitado por estados. El resto era administrado federalmente sin que la Constitución precisara algo sobre el asunto. Solo el Congreso y el presidente tenían autoridad fiduciaria sobre ellos.

De todos los grandes colonizadores, solo los estadounidenses apartaron los ojos de esta realidad. A medida que los colonos europeos “blanqueaban” esos territorios, se aseguraban de su admisión en la unión. A mediados de la década del 1830, se presentó una propuesta de crear un estado nativo-americano, el Territorio Occidental, dentro del área llamada Indian Country (País Indígena), pero la propuesta fracasó. A partir de entonces, el Indian Country fue reduciéndose hasta llegar a tener su extremo sur en lo que hoy es Oklahoma. Docenas de tribus concentradas allí solicitaron colectivamente la estadidad, pero no llegaron a obtenerla. Sin embargo, Oklahoma fue admitida en el 1907, con fronteras trazadas para asegurarle una amplia mayoría habitantes de piel blanca.

Oklahoma fue una de las últimas áreas continentales en obtener la estadidad, pero ya medio siglo antes, Estados Unidos se estaba expandiendo al extranjero. En el 1857 los estadounidenses comenzaron a anexarse islas del Caribe y el Pacífico Sur para obtener el precioso guano (excremento de guanaco). Las emisiones de efluentes de las aves marinas se endurecen en una corteza nociva y rica en nitrógeno, que resultó ser un fertilizante muy útil. En el 1904, Estados Unidos había reclamado casi cien islas guaneras.

Aunque los fertilizantes más baratos reemplazaron en gran medida al guano, la fiebre de ese oro blanco dejó huella duradera en el imperio estadounidense. Inaugurando un patrón que se repetiría una y otra vez, los especuladores lideraron el esfuerzo en el extranjero, y el gobierno federal los respaldó militar y legalmente.

Más importante aún fue que la administración del Franklin Pierce (14º presidente de Estados Unidos del 1853-1857) declaró, y el Congreso codificó, que cualquier isla en la que un ciudadano estadounidense descubriera el guano sería una “pertenencia” estadounidense, un término escurridizo que disimula otros como la “posesión” o “colonia” o “estado libre asociado”.

*Manuel E. Yepe es periodista cubano especializado en política internacional, profesor asociado del Instituto de Relaciones Internacionales Raúl Roa de La Habana, miembro del Secretariado del Movimiento Cubano por la Paz.

Fuente: Por Esto

 

 

 

 

Guatemala: victoria del abstencionismo y la continuidad.

Por Javier Calderón , Nery Chaves García y Bárbara Ester

 

El domingo 11 de agosto, el electorado guatemalteco cerró una de las elecciones más inusuales en su historia. Con una estruendosa abstención que alcanzó el 61,41% fue electo Alejandro Giammattei, del partido Vamos, con 1.907.696 votos válidos (57,95%), imponiéndose sobre Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) que llegó a 1.384.005 votos (42,04%).

En medio de múltiples denuncias de fraude y de proscripción de candidaturas, las elecciones presidenciales en Guatemala develaron la intromisión del aparato judicial, una evidente corrupción y desbalances en el proceso de escrutinio, con la aparente anuencia u omisión de ellos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Demostraron, también, la fuerte intromisión de los EE. UU. en la política local: Donald Trump, en medio del proceso electoral, decidió imponer a dicho país el rol de “país tapón” contra el flujo migratorio mesoamericano.

Los hechos mencionados generaron las condiciones propicias para que el candidato ultraderechista, Alejandro Giammattei, fuera electo presidente. Claramente se trata de un triunfo que deja a Guatemala con un futuro aciago y que merece la atención de todo el continente.

Elecciones intervenidas

Las elecciones en Guatemala estuvieron marcadas por diversas intervenciones. La primera de ellas tuvo que ver con el papel del Poder Judicial, dictaminando quiénes podrían o no participar como candidatos(as) en la primera ronda electoral. De esta manera, Zury Ríos, del Partido Valor, y Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, quedaron fuera de las elecciones. La primera de ellas fue excluida por ser hija del exdictador Efraín Ríos Montt, mientras que Aldana por un presunto caso de corrupción. Por otro lado, Mario Estrada, del Partido Unión del Cambio Nacional (UCN), fue arrestado por la DEA en Miami debido a sus vinculaciones con el cártel de Sinaloa.

El Tribunal Supremo Electoral no dio garantías: la culminación de la primera ronda electoral trajo una serie de denuncias de fraude electoral, que fueron desde las planteadas por Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que tienen que ver con la conformación de las papeletas, hasta el fallido trabajo desempeñado por las empresas Telgua y Datalogic Systems S.A., en su tarea de traslado informático y protección del material electoral. No hubo ninguna sanción por parte del TSE -que no alteró el calendario electoral- a pesar de que las denuncias de fraude eran contundentes, profundizando así el descontento social reflejado en la potente abstención.

Otra intromisión fue la de los grupos de poder corruptos. La corrupción, lejos de ser un tema de debate electoral, se convirtió en un espacio de injerencia política. Todas las fuerzas de derecha definieron cerrar el camino de lucha contra la corrupción abierto con la aprobación del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2006, apoyando la interrupción (y expulsión) liderada por la gestión del actual presidente, Jimmy Morales, con el objetivo de detener los pocos avances en materia de corrupción que se llevaron a cabo por la CICIG, encabezada por el magistrado Iván Velásquez.

A estas irregularidades se suma la acción de intervención del presidente de los EE. UU, Donald Trump, para que Guatemala se convierta en un “Tercer País Seguro”; o bien -como señalan las organizaciones de sociedad civil- un campo de concentración de migrantes centroamericanos(as). El presidente saliente, Jimmy Morales, cedió a dicha presión y provocó que la Corte de Constitucionalidad emitiera un criterio en el que indicaba que el Ejecutivo no puede firmar tratados internacionales de esa envergadura sin que éste fuera conocido y aprobado por el Congreso. Tras ello, Jimmy Morales emprendió una nueva batalla contra el muy debilitado Poder Judicial, acompañado por la élite empresarial del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala.

Dicha situación, que socava la soberanía guatemalteca, posiciona a EE. UU. como un actor de intervención en las elecciones y a un muy complaciente Jimmy Morales que reforzó la captura del Estado por grupos de poder mafioso y la política de securitización en Guatemala en detrimento de la institucionalidad y los derechos de las poblaciones más vulnerables. Sin duda, el proceso electoral guatemalteco en 2019 se caracterizó por la intromisión político-judicial, que permitirá nuevas modalidades y posibilidades injerencistas para la región.

Resultados electorales

Alejandro Giammattei obtuvo 1.907.696 votos válidos (57,95%), mientras que Sandra Torres recogió 1.384.005 (42,04%). Sin embargo, el verdadero ganador fue el ausentismo: 61,41%. En Guatemala la abstención ha tendido a ser alta en todas las segundas vueltas, a excepción de las primeras elecciones democráticas de 1985, que tuvieron un 62.38% de participación. Sin embargo, en estos últimos comicios, Guatemala registra el abstencionismo más alto en lo que va del milenio.

Fuente: CELAG

 

 

 

Cabello: Orden ejecutiva de Estados Unidos demuestra la desconfianza del imperio hacia la derecha.

8.8.19. La orden ejecutiva firmada este lunes por el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump para congelar todos los bienes y activos de Venezuela en la nación norteamericana evidencia la desconfianza de los ejes imperiales hacia la derecha por intentar derrocar la Revolución Bolivariana, indicó este miércoles el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.

«En verdad, lo que demuestra es la desconfianza del imperio norteamericano de sus lacayos y creer que con eso va a amedrentar, acobardar al pueblo de Venezuela. No conoce a este pueblo, señor Trump quién le informó que el pueblo se iba a asustar, le están mintiendo. Lo están engañando, y si usted cree eso es usted el engañado», expresó Cabello en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión.

En este sentido, indicó que la noticia de la firma de estas nuevas medidas coercitivas contra el pueblo venezolano, no había sido consultada a la derecha venezolana.

«Ellos (la derecha) fueron obviados de estos anuncios. Ninguno sabía nada. Lo sorprendió. Nosotros teníamos la información, y ellos no sabían nada. Por eso las contradicciones», recalcó.

Ante esta amenaza, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el Gobierno Nacional no continuará el diálogo con los sectores extremistas de la oposición venezolana, especialmente ante su actitud frente las nuevas agresiones del Gobierno de EEUU contra el país.

«El imperialismo se volvió loco y le dio una puñalada a la vida económica de nuestro país y ellos salieron hacer fiesta, en esas condiciones no», expresó Maduro en un contacto telefónico al programa, no obstante, ratificó que el Gobierno Nacional mantiene conversaciones con otros sectores políticos, económicos, sociales y culturales.

El exdiputado de la Asamblea Nacional (AN) en desacato y nulidad jurídica, Juan Guaidó, celebró la orden ejecutiva de la administración de Trump, al asegurar que «esta acción busca proteger a los venezolanos».

Con la nueva orden, la administración Trump recrudece sus ataques contra Venezuela, cuyas acciones se ejecutan desde el pasado 23 de enero, tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre EEUU y la nación suramericana, luego de su participación en el intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro.

A estas medidas se le suma el bloqueo económico, financiero y comercial, que ha dejado pérdidas millonarias al país, así como las recientes «sanciones» contra los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), programa de alimentación que atiende a más de seis millones de familias con la distribución de alimentos de primera necesidad a bajo costo.

Fuente: Correo del Orinoco

 

 

 

Capturan paramilitares en Venezuela y otras noticias desde el frente colombiano.

En el marco de la conmemoración al natalicio del Libertador Simón Bolívar y a la Batalla Naval del Lago, el pasado 24 de julio, el presidente Nicolás Maduro anuncia el inicio del Ejercicio de Acción Conjunta Campaña Libertadora Simón Bolívar.

Los ejercicios militares se estarán ejecutando en el estado Sucre, Táchira y Zulia para combatir los grupos de violencia, terrorismo, narcotráfico y cualquier tipo de amenaza transfronteriza en Venezuela.

Combatir el esquema del Estado frágil o fallido

El 8 de agosto el Comandante del CEOFANB, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, supervisó las maniobras realizadas en el Puente Internacional de Tienditas en el estado Táchira. En este contexto, se informó el despliegue de más de 2 mil efectivos en la zona norte del estado, logrando encontrar un campamento en Pico Judío, capturando a cinco paramilitares en esa operación y tres paramilitares más en la parroquia La Palmita, alejado del puente Las Tienditas, al norte del Táchira.

Al tomar estos campamentos se incautaron drogas, material estratégico militar, combustible, más de 40 mil dólares y vehículos. En suma, toda la operación conjunta logró capturar a 28 paramilitares.

Ceballos expresó que el objetivo de estas células paramilitares es el crear las condiciones ideales para el almacenamiento de material bélico y así lograr obtener un control territorial y hasta comercial para poder mantenerse.

Además, explica que en el caso de recibir una agresión, esas células se activarían contra el Estado venezolano, y esto sería un elemento fundamental en la mutación forzada a un Estado frágil, en el que los cuerpos de seguridad convencionales no podría controlar a estos grupos armados.

Es que la base de la línea discursiva en contra del Estado venezolano por parte de la élite estadounidense, es calificarlo como un Estado frágil o fallido, siendo una fiel maniobra de legitimación para la intervención y el saqueo. Puesto que hace poco, en abril de este año, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Mike Pence acusó a Venezuela de ser un Estado fallido.

De esta manera, se está armando la nueva arquitectura geoestratégica para la defensa integral la Nación, concluye el Almirante Ceballos, en aras de retener y controlar las acciones e intenciones de los grupos paramilitares.

Así, Freddy Bernal informó vía Twitter que el comandante del grupo paramilitar colombiano, Los Rastrojos, Baudilio Díaz Lazaro, fue detenido. En marzo fue capturado el cabecilla de este grupo, Wilfrido Torres Gómez, en el estado Carabobo.

Venezuela: el distractor de la oligarquía colombiana

Debido a su histórica relación territorial con Venezuela, Colombia es un actor clave en esta ofensiva geopolítica de amenazas de intervención de la élite estadounidense. Debido a esto, se muestra como un país intimidado en materia de seguridad por el Estado venezolano, jugando un papel proxy al servicio de la agenda bélica estadounidense.

En este cuadro, ya han acontecido algunos falsos positivos que añaden más elementos a la construcción del escenario o condiciones favorables a una escaramuza militar entre ambos países.

El presidente de Colombia, Iván Duque, asomó a través de su cuenta Twitter que el próximo mes en las Naciones Unidas, denunciará al gobierno de Venezuela, por supuestamente “proteger” a terroristas colombianos.

Duque pone sobre la mesa la supuesta violación de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad, incluyendo a Venezuela como patrocinador del terrorismo, lo que corresponde a otro elemento más para asentar el concepto de Estado fallido en Venezuela.

Días atrás, según informa la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), grupos armados asesinaron a dos guardias indígenas de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

La Defensoría del Pueblo de Colombia, el 12 de agosto, manifestó la gran preocupación de las amenazas, atentados y homicidios contra la población indígena en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, por parte de grupos armados ligados con el narcotráfico. En el comunicado la Defensoría del vecino país hizo un llamado a los cuerpos de seguridad para que tome medidas efectivas en la prevención de las violaciones masivas a los Derechos Humanos.

La columnista de El Tiempo, Sara Tufano, denuncia a través de su cuenta Twitter la situación, y afirma que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 158 líderes indígenas y 94 desde lo que va de periodo de gobierno de Iván Duque.

Con esto, a simple vista se muestra cómo la cuestión venezolana es el as bajo la manga de Duque y Uribe en la esfera mediática, para mitigar los problemas internos de Colombia.

El Estado fallido es el colombiano y Venezuela paga las consecuencias

Visto así, Venezuela es una opción de salida con un doble objetivo: oculta la crisis social, económica y securitaria, mientras estrecha los lazos de Duque con los intereses geopolíticos de la Administración Trump, que a diferencia de la de Obama, le exige al Estado colombiano “reducir el narcotráfico” y promover con mayor firmeza el cambio de régimen en Venezuela.

El cuadro de violencia política y armada a lo interno se refleja a su vez en la expansión de grupos armados y paramilitares a lo interno de la vida social colombiana, una situación que en la lógica extorsiva de Nariño sería “responsabilidad de Venezuela”, intentando vincularla mediáticamente y sin pruebas al grupo armado ELN.

Pero la incapacidad del Estado colombiano de ofrecer una salida política y estable al conflicto, no sólo ha promovido que el conflicto se torne aún más catastrófico, también ha incentivado que el paramilitarismo (el brazo armado del neoliberalismo) se disloque aún más de su contorno territorial y busque en la frontera venezolana mayores fuentes de acumulación en las economías sumergidas.

La ventana de oportunidad política (y militar) que ofrece esta situación es aprovechada por los operadores de la guerra contra Venezuela, visualizan en el recreducimiento del conflicto colombiano la configuración de células armadas, dotadas de financiamiento por la lógica del contrabando que impera a ambos lados de la frontera, y su posterior instrumentalización cuando las circunstancias de una guerra no convencional lo amerite.

Por esta razón, Duque acusa a Venezuela de “proteger terroristas” y capitanea una ofensiva narrativa para desligar a su gobierno de las consecuencias que tiene para Venezuela la agudización del conflicto colombiano, mientras cree ganar puntos en opinión pública llevando fuera de sus fronteras “la lucha” contra el ELN.

Debajo de este chantaje, opera la agenda de una guerra binacional, la cual aprovecha la debilidad de Duque para volcar el enorme e inagotable mercado de armas, paramilitares y contratistas privadas estadounidenses que atraviesa a Colombia, hacia Venezuela.

Fuente: Misión Verdad