o EDITORIAL
Honduras: Que Nasralla no cruce la raya.
Por más de veinte días, hasta hoy 16 de diciembre, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha guardado silencio ante el fraude y la represión y con un lenguaje bien distante de esos términos, tan comúnmente por él utilizados para estigmatizar a los gobiernos progresistas, sólo se ha limitado a reconocer “irregularidades” durante la realización de los comicios en Honduras.
Aunque con apariencia de neutralidad, la parcializada posición del jerarca de la OEA a favor del actual presidente y aspirante a la reelección por el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, se mantiene inamovible. Nada ha alterado el ya trazado guión ultraderechista y pro estadounidense: ni las muertes -que organismos defensores de los derechos humanos cifran en más de veinte-, ni las protestas callejeras -pese al implantado toque de queda-, ni la carta pública que la coalición a la que se le escamoteó el triunfo, “Alianza de Oposición Contra la Dictadura”, le dirigiera, en la que se denuncia el “extraño silencio” guardado por esa organización ante estos hechos, pese a que sus propios observadores se pronunciaron -aunque diez días después de efectuadas las elecciones- sobre las “irregularidades” en los comicios.
“Lo peor de todo es que los organismos internacionales saben del robo. Ellos son cómplices del robo. La OEA y la Unión Europea se prestan para el robo”, aseguró el candidato a la presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, el pasado día 10, al referirse al evidente y escandaloso fraude electoral, ejecutado ante la paciente “vista gorda” de los observadores electorales de la OEA y la Unión Europea y la supuesta pasividad de esas “muy democráticas” organizaciones, que en sus informes dirigen tibias críticas contra Tribunal Supremo Electoral (TSE), a sabiendas que éste no es más que el brazo ejecutor de una “dictadura democrática” instalada en el país desde 2009 en que tuvo lugar el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya y que se ha extendido durante los mandatos de Micheletti, Lobo y por último de Juan Orlando Hernández, que en esta ocasión se postuló pese a que la Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial.
Para ello, Hernández se valió de un recurso presentado ante la Sala Constitucional por un grupo de diputados oficialistas a fin de declarar improcedente dicha prohibición, aún cuando la oposición hondureña reclama que la Sala Constitucional carece de atribuciones para modificar la Constitución y la acusan de estar subordinada al Ejecutivo.
En cuanto al gobierno estadounidense, como era de esperar, ni una sola palabra de condena han expresado, ya no Donald Thump ni su Secretario de Estado, los “voceros” gubernamentales que día a día se pronuncian contra gobiernos progresistas que gozan de apoyo popular. Por el contrario, la encargada de negocios de los EE. UU. en Tegucigalpa, Heide B. Fulton, de hecho avaló el fraude al declarar, con las calles repletas de pueblo enardecido, que el TSE debía finalizar el conteo de votos de “manera libre, transparente y sin injerencia”. Para la Fulton, un pueblo que reclama sus derechos es injerencista.
La dictadura mediática mundial también ha sabido jugar su papel silenciador. Cuesta trabajo encontrar en “la gran prensa” alguna referencia a las elecciones en Honduras y cuando así lo hace sólo se refiere a que la oposición las ha catalogado de fraudulentas, sin siquiera mencionar que hasta los observadores de la OEA admitieron que “inexplicablemente” más de 5 mil actas electorales no fueron transmitidas por el TSE en la noche de las elecciones, que ocurrieron cortes del sistema computacional (uno de ellos en momentos en que el candidato opositor se mostraba al frente y al restablecerse aparecía ya en segundo puesto), que el TSE se negó a revisar las miles de actas sospechosas de fraude…
¿Pero si el candidato oposicionista, Salvador Nasralla, no es un hombre catalogado como de izquierda y simplemente es un líder que ha centrado su línea política en la lucha contra la corrupción, por qué tanta unanimidad reaccionaria contra su triunfo?
Indirectamente una de las respuestas a esa pregunta la dio la propia OEA cuando según denuncia de Manuel Zelaya, expresidente de Honduras derrocado en 2009 y coordinador del partido Alianza de la Oposición contra la Dictadura, voceros de la OEA le pidieron a Nasralla desvincularse de él “por ser chavista y pregonar el Socialismo Democrático”.
En un comunicado dirigido al pueblo hondureño, después de denunciar la injerencia del gobierno estadounidense a favor de Juan Orlando Hernández, a través de su embajada en Tegucigalpa, Zelaya dejó en libertad a Salvador Nasralla, como presidente electo, de tomar las decisiones al respecto, de acuerdo a sus intereses.
“Es un gran luchador que gobernó a favor del pueblo y aunque tenemos diferencias ideológicas queremos que el pueblo tenga trabajo, acceso a la salud y a la educación. Y por lo tanto no aceptamos a esas personas que intentan dividirnos”, fue la respuesta de Nasralla al dirigirse al pueblo durante una masiva manifestación, a la vez que también denunció fraude en la elección de diputados y coincidió con Zelaya en cuanto a la injerencia del gobierno estadounidense.
Ocurre que la Alianza de Oposición Contra la Dictadura está conformada por tres agrupaciones políticas: el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), el expresidente del Partido Anticorrupción (PAC) y el Partido Innovación y Unidad (PINU). De las tres, LIBRE tiene su antecedente en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), contra el golpe de estado de 2009, que a partir de 2012 se conformó como partido político bajo esa sugestiva sigla, y que en los comicios de 2013 alcanzó 37 diputados, con un segundo lugar a nivel nacional.
En esa ocasión la candidata a la presidencia por esa joven agrupación fue Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya, líder indiscutible LIBRE, y al que la Constitución no le permite aspirar nuevamente a la presidencia (aunque a Juan Orlando Hernández el Tribunal Constitucional si se lo permitió). Se asegura que, como ahora, entonces a Xiomara Castro también el fraude organizado por Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional le robó la presidencia.
Lo cierto es que el mayor caudal de votos dentro de la Alianza lo aporta LIBRE, que ante la imposibilidad de postular a Zelaya optó por llegar a un acuerdo con Nasralla y presentarlo como candidato de la coalición.
Para la arrogancia de las autoridades estadounidenses resultaría una derrota el devolver el gobierno a una alianza de agrupaciones políticas en la que, en primera instancia, priman los simpatizantes de aquel que fue secuestrado en su residencia, llevado a una base militar yanqui dentro del propio suelo hondureño y desde allí expulsado del país.
Para nada Zelaya puede ser considerado como socialista, simplemente estamos en presencia de una figura progresista que aspira a que Honduras deje de ser un feudo de la ultraderecha nacional y transnacional. Mucho menos puede catalogarse así al periodista Salvador Nasralla, reconocido en toda Centroamérica como un individuo bastante moderado. Es por ello que el imperialismo y la ultraderecha hondureña, a través de la OEA, buscan se deslinde de Zelaya; con ello lo convertirían en una posible figura de transición, si como el pueblo exige, se realizaran nuevas elecciones.
Al momento de redactar estas líneas, Nasralla se encuentra en Washington donde entregará pruebas del fraude al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tanto Almagro como el gobierno estadounidense conocen sobradamente la existencia del fraude que amargamente para ellos, por haber sido tan escandaloso, no pueden ignorar aunque lo minimicen y lo disfracen. Si estamos en presencia de una “jugada” política de Nasralla, como tal pudiera aceptarse; de lo contrario, llegar a “acuerdos” con el imperialismo es claudicar.
Con el fraude electoral quedó demostrada la crisis en la que se encuentra sumida la “dictadura democrática” hondureña y su actual representante Juan Orlando Hernández –al que muchos señalan como jefe del narcotráfico en el país-, pese al apoyo del imperialismo, de la ultraderecha nacional, de la “gran” prensa y hasta de los jerarcas de la Iglesia Católica: uno cosa dice Francisco y otras hacen obispos y cardenales.
Mientras tanto, está en espera un pueblo que -según el Banco Mundial- sobrevive en un 65 por ciento en situación de pobreza, de ellos un 42 en situación extrema. Es muy alentador el que ahora ese pueblo esté en las calles exigiendo sus derechos.
En estos momentos es el imperialismo y la ultraderecha los que se han colocado contra las cuerdas. Ayudarlos a encontrar una salida “negociada” sería mediatizar la posible victoria contra la “dictadura democrática”, neoliberal, corrupta, dícese que narcotraficante…, pero sobre todo sería alejar al pueblo de la esperanza.
Eddy E. Jiménez
TITULARES
– Temer y sus socios van por el exterminio de los derechos de los trabajadores. Por Chevige González Marcó
-“EE.UU. quiere aplastar a Brasil para tener a todo el Continente bajo control”. Entrevista a James Petras. Por Ariel Noyola Rodríguez
– Los comisarios del pensamiento único. Por Carlos Fazio
-El TLCAN: crónica de una renegociación anunciada. Por María Cristina Rosas
Temer y sus socios van por el exterminio de los derechos de los trabajadores.
Por Chevige González Marcó
En el año 1877, la historia de los mártires de Chicago, quienes luchaban por la reducción de la jornada laboral, conmovió y sirvió de ejemplo al mundo como un hito en la defensa de los derechos de los trabajadores. Los patrones imponían jornadas obligatorias de hasta 14 horas diarias.
Esa batalla de los obreros estadounidenses resultó tan significativa para el mundo, que en homenaje a ellos se conmemora el día 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores. El pasado martes 11 de julio, el Senado brasileño, por iniciativa del régimen de facto de Michel Temer y sus socios, aprobó una reforma laboral que representa una burla a los mártires de Chicago y una gran tragedia para el pueblo brasileño.
En primer término, la reforma suprime las ocho horas diarias de jornada máxima de trabajo. Tal cual como en el siglo XIX, los patronos podrán establecer a su conveniencia jornadas laborales de hasta 12 horas diarias y hasta un límite de 60 horas semanales. No conformes con ello, reduce a media hora el tiempo de descanso por almuerzo y suprime el pago de horas extras. Brasil se pone al borde del esclavismo.
La reforma en el Senado fue aprobada por 50 votos a favor, 26 en contra y una abstención. Durante varias horas un grupo de senadoras del Partido de los Trabajadores y del Partido Comunista tomaron el presidium de la cámara para evitar que se efectuara la votación. La respuesta de la mayoría de derecha fue prohibir el acceso a la prensa, cortar el sonido e imponer sus objetivos.
Las asociaciones empresariales y la agrupación de los dueños de medios de comunicación aplaudieron y dieron todo su apoyo a la reforma.
¿CÓMO VULNERA LA REFORMA DIVERSAS REIVINDICACIONES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES?
La reforma no solo plantea la supresión de las ocho horas de límite máximo por jornada laboral. Fieles al pensamiento neoliberal que exacerba la explotación de los trabajadores y deja al criterio del capital todas las reglas. Es por ello que la piedra angular del proyecto aprobado por el Senado es colocar las negociaciones particulares del contrato laboral entre el patrón y los trabajadores por encima de cualquier cosa contemplada en la ley. Pero van más allá, los acuerdos individuales pueden superponerse a los colectivos. De allí se deriva el resto de los derechos pisoteados.
Según la reforma, el salario ya no será pagado sobre una base mensual, sino a partir de las horas o días laborados. Además de ello, el patrono dispondrá informar al trabajador sobre cuál será el tiempo de su jornada laboral.
El proyecto de Temer también se “adapta” a los nuevos tiempos, instaurando la figura del trabajo desde el hogar, pero no para facilitar la vida de los empleados sino para que el patrón acuerde qué tipo de labores puede ejecutar este desde su hogar. Además suprime las obligaciones del patrón en cuánto a normas de seguridad e higiene laboral, bastará con hacer “inducciones” sobre la materia para dar por hecha su parte.
La reforma apunta a facilitar los despidos y a dejar a los trabajadores indefensos, ya que establece acuerdos mutuos de finalización de contratos. No conformes con ello, establecen una forma de amedrentamiento: si el empleado pierde un litigio laboral llevado ante los tribunales debe pagar los costos del juicio.
Antonio Augusto de Queiroz, consultor del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria fue preciso para conceptualizar la reforma laboral en marcha, señaló que se trata de “la completa captura del poder político por parte del poder económico”. Denuncia que lo que se está promoviendo es “un retroceso civilizatorio que suprime el mínimo de equilibrio entre capital y trabajo”, explica que en esa medida persiguen desmontar también el derecho al trabajo, fragiliza la justicia y también las organizaciones sindicales.
Queiroz argumenta que se trata también de un acto de complacencia de Temer con los reales dueños del poder para que ese sector impida cualquier posibilidad de que avance un juicio político en su contra en el Parlamento.
Por su parte, la expresidenta Dilma Rousseff afirmó que “Brasil está de luto, después de 74 años de conquistas, por 50 votos, el Senado impone la derrota de los trabajadores. La ley del trabajo está muerta”.
QUIEREN VOLVER A LA ESCLAVITUD
Sobre el proyecto de reforma laboral aprobado en el Senado, el expresidente Lula da Silva advirtió refiriéndose a la cúpula gobernante: “Esa gente quiere volver a los tiempos de la esclavitud, al tiempo anterior al Gobierno de Getúlio Vargas”.
Ayer en Sao Paulo y otras ciudades brasileñas hubo protestas contra el proyecto de Temer, que fueron invisibilizadas, una vez más, por los grandes medios. También se efctuaron movilizaciones en solidaridad con Lula.
DOBLE GOLPE
En un lapso de pocas horas el régimen de Temer y la élite de derecha trató de ejecutar golpes seguidos contra el pueblo brasileño. Casi en paralelo ocurrió la sanción de la reforma laboral en el Senado junto a la difusión de la sentencia que, en primera instancia, condena al expresidente Lula da Silva a una pena de nueve años por el delito de corrupción.
Durante los últimos días, el propio Mandatario de facto zozobraba entre acusaciones de corrupción. Era evidente la jugada para voltear el foco de la opinión pública. “El golpe no cierra si Lula puede ser candidato”, señaló el expresidente Da Silva en sus primeras declaraciones luego de conocida la sentencia del juez Sergio Moro.
El líder del Partido de los Trabajadores es el favorito en las encuestas para lograr nuevamente la Presidencia de Brasil en las elecciones previstas para 2019. Sin embargo, ante la posibilidad de que Temer salga antes de tiempo por sus vinculaciones con hechos ilícitos, la cúpula empresarial y política que secuestró al país decidió blindarse.
Lula ratificó que no hay ninguna prueba que sustente la condena en su contra. El exmandatario subrayó que “no es a Lula al que pretenden condenar sino a un proyecto de país. Están destruyendo los fundamentos de la democracia”. Precisamente la reforma laboral de ayer era una demostración más de lo afirmado por Da Silva. La intención real es eternizar la dictadura de los empresarios.
EL ZARPAZO DE LAS ÉLITES
El 31 de agosto de 2016, la élite de Brasil dio un zarpazo contra la democracia y comenzó el secuestro de Brasil. El objetivo no era solo sacar a Dilma Rousseff y al Partido de los Trabajadores (PT) del Gobierno, lo estratégico para las cúpulas políticas y económicas de la derecha era acabar con todos los avances y reivindicaciones logradas desde que el obrero metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva ganara la Presidencia del país en el año 2002, con un impresionante 61% de los votos.
Cincuenta millones de brasileños pudieron salir de la pobreza gracias a las políticas de los gobiernos del PT; entre 2008 y 2012, la tasa de desempleo se redujo en 30 por ciento. Según cifras de la FAO, entre 2003 y 2014, la pobreza extrema en Brasil se redujo en 75%. En el mismo informe se indicaba que la inversión social durante ese período era de 35 mil millones de dólares.
Además de los logros sociales y económico dentro de sus fronteras, el gigante suramericano comenzó a tener una política exterior propia y soberana, de cara a la integración regional. La Unasur y la Celac nacen con el impulso decidido del líder venezolano Hugo Chávez y de Lula da Silva. El Mercosur también había dejado de ser un conciliábulo de reparto de intereses económicos entre las burguesías de sus países miembros para adquirir una nueva dimensión social y política.
No se trataba de cualquier nación la que daba el vuelco que dio Brasil. Era la séptima economía mundial, el país más extenso de Latinoamérica, con un enorme peso y una gran posibilidad de liderazgo, un apoyo fundamental del eje de gobiernos progresistas que avanzaron en la región. Un peligro para las políticas de Washington y del imperialismo, que evidentemente no iban a permitir de brazos cruzados la completa rebelión en lo que consideran su “patio trasero”.
LA TRAICIÓN ASESTÓ LA PUÑALADA
Dentro del complejo ajedrez político brasileño, el PT y sus aliados de izquierda compartieron también espacios de gobierno con otras organizaciones y figuras de carácter conservador, pese a ello, lograban en el apretado juego sacar adelante los principales aspectos de sus objetivos para transformar al país.
Dilma Rousseff concurrió a las elecciones del año 2014 en fórmula con el vicepresidente que asestó la puñalada de la traición: Michel Temer. El segundo al mando fue tras bastidores quien hizo las maniobras del impeachment mediante el cual se ejecutó la ilegal destitución de la primera presidenta electa en la historia de Brasil.
Meses antes del golpe contra Dilma había circulado una nota de voz en la que se escuchaba a Temer ensayar su primer día como presidente. El fraude contra la democracia y el pueblo estaba montado en las mayorías de derecha que predominaban en las cámaras del Senado y en diputados. Consumado el derrocamiento de la legítima Presidenta, el régimen de facto de Temer no tuvo rubor para mostrar todas sus intenciones.
Se formó un gabinete machista, sin la presencia de mujeres, integrado por hombres de piel blanca, la mayoría de ellos relacionados con la esfera empresarial. De inmediato anunciaron también la ejecución de reformas que amarraran a Brasil a un pavoroso retroceso neoliberal. La flexibilización laboral era uno de sus objetivos fundamentales y este martes 11 de julio, el mismo Senado que selló el golpe contra Dilma aprobó la reforma de la Ley del Trabajo para colocarla a la medida de los empresarios.
Fuente: Correo del Orinoco
“EE.UU. quiere aplastar a Brasil para tener a todo el Continente bajo control”.
Entrevista a James Petras.
Por Ariel Noyola Rodríguez
La sentencia judicial dictada en primera instancia contra Luiz Inácio Lula da Silva por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero abre la posibilidad de encarcelar al ex presidente de Brasil hasta por nueve años y medio. Si esta condena es ratificada en segunda instancia Lula perdería sus derechos políticos y ya no podría presentarse como candidato en la elección presidencial de 2018.
América Latina está en riesgo de volver a convertirse en el “patio trasero” de Estados Unidos en caso de que las fuerzas conservadoras consoliden su poder dentro del Gobierno brasileño. Luego de la destitución parlamentaria de la presidenta Dilma Rousseff, ahora buscan encarcelar a la máxima figura del Partido de los Trabajadores (PT).
RT reproduce en exclusiva la entrevista que Ariel Noyola Rodríguez realizó a James Petras, sociólogo estadounidense y asiduo estudioso de la política exterior de Estados Unidos y la realidad latinoamericana. Petras considera que Lula necesita convocar a la sociedad brasileña a la movilización, o de lo contrario, será encarcelado. Una vez aplacado Brasil, ya nada impedirá que Estados Unidos tenga el control absoluto de toda la región.
Ariel Noyola Rodríguez (ANR).- ¿Cuál es tu lectura de la sentencia judicial en contra del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva? ¿Consideras que es parte de una estrategia que busca inhabilitar a Lula como candidato a la presidencia de Brasil para 2018?
James Petras (JP).- Así es, la derecha brasileña está intentando imponer a toda costa un Gobierno neoliberal con el objetivo de revertir las medidas progresistas conseguidas en Brasil durante los últimos años. El proceso judicial en contra de Lula está muy contaminado. No hay ninguna prueba contundente que ponga en evidencia que el ex presidente brasileño esté efectivamente involucrado en actos de corrupción. Son acusaciones sin sustento. Dicen que él recibió un lujoso departamento, sin embargo, no existe ningún contrato firmado.
Por eso creo que las acusaciones contra Lula son más bien instrumentos políticos para que Michel Temer, el golpista que ahora ocupa la presidencia, siga desmantelando todos los logros alcanzados por los Gobiernos del PT. Lo que Temer está haciendo es reducir el gasto público, terminar con los programas sociales, disminuir los salarios de los trabajadores, privatizar las empresas estatales y eliminar los subsidios. En suma, el actual Gobierno brasileño quiere acabar con todo rastro del Estado de bienestar.
Un primer paso de esta ofensiva fue la destitución de Dilma el año pasado. Y ahora quieren encarcelar a Lula. Toda esta estrategia, repito, viene acompañada de una política económica que busca colocar a las mayorías en la marginalidad. En el plano internacional, esta ofensiva significa la subordinación de Brasil a los mandatos de una potencia imperial, y no solamente me estoy refiriendo a Estados Unidos, sino también a la Unión Europea.
Considero que el encarcelamiento de Lula podría cambiar la correlación de fuerzas en todo el continente latinoamericano. Una vez que Estados Unidos consiga controlar Brasil de manera definitiva, como ya ha sucedido con Argentina bajo la presidencia de Mauricio Macri, entonces será mucho más fácil llevar adelante la dominación de todo el continente.
ANR.- Los Gobiernos del PT, en alguna medida, fortalecieron soberanía nacional y regional a través del impulso de las empresas brasileñas, el lanzamiento de un programa de seguridad y defensa propio e, incluso, revivieron la idea de un desarrollo nuclear con autonomía. En este sentido, ¿Consideras que Estados Unidos formó parte de esta ofensiva contra los Gobiernos del PT?
JP.- Es fundamental comprender que Washington no estuvo fuera de los círculos de poder en América Latina durante todo este tiempo. Tenemos que reconocer que el presidente Lula y otros dirigentes de corte progresista, mantuvieron una política que, en buena medida, compartió el ejercicio del poder con las empresas multinacionales, los inversionistas de Wall Street y las cúpulas militares. Los mandatarios progresistas nunca apostaron por una ruptura radical con el viejo régimen, no desafiaron de modo abierto a Estados Unidos.
Varios presidentes latinoamericanos pensaron que podían tejer algunas alianzas con Washington a fin de ganar de influencia y, de esta manera, hacer avanzar sus agendas sociales sin colisionar con los norteamericanos. Utilizaron estas alianzas con la Casa Blanca como una táctica desde finales del siglo pasado, en plena crisis del neoliberalismo. Al final de cuentas ellos pensaron que resultaba mejor compartir el poder en lugar de lanzar una ofensiva más radical pero que podría poner en riesgo su permanencia en el Gobierno.
Sin embargo, si lo observamos desde la perspectiva de la Casa Blanca, la situación fue muy diferente. Esta táctica fue usada por Estados Unidos para reorganizarse, acumular fuerzas y, llegado el momento indicado, lanzar un contraataque. En este sentido, hay que aceptar que los Gobiernos progresistas de América Latina cometieron un error muy grave, en términos tanto tácticos como estratégicos: desmovilizar a las masas populares.
Los mandatarios de los Gobiernos progresistas creyeron que iban a tener la capacidad de mantener bajo control la injerencia de Estados Unidos en la región latinoamericana únicamente sentándose a negociar, haciendo uso de la vía diplomática. Lamentablemente una vez desmovilizadas, las masas populares ya no tuvieron la fuerza suficiente para hacer frente a esta nueva ofensiva de Estados Unidos.
Los Gobiernos progresistas pudieron haber aprovechado la posición de fuerza de la gozaron en un principio para tomar todo el poder en sus respectivos países y poner fin al intervencionismo. Pero esto no sucedió y ahora estamos siendo testigos de las consecuencias: el Gobierno de Estados Unidos otra vez está ganando presencia en América Latina, incluso socavando alianzas regionales importantes como el Mercado Común del Sur (Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela).
No estamos hablando simplemente de un ataque contra la soberanía de un solo país, se trata de una gran ofensiva que vulnera la soberanía de toda América Latina, es la integración regional la que está en juego. En estos momentos Estados Unidos quiere aplastar a Brasil, y luego seguirá con Venezuela; lo que intenta es tener a todo el continente bajo control. Washington busca garantizar para sus empresas el suministro de recursos naturales estratégicos e incrementar su dominación sobre los mercados. El apetito por el petróleo es la razón que está detrás del hostigamiento en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
Estados Unidos libra una guerra de conquista contra la región. Pienso que Washington quiere montar una versión latinoamericana de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para vencer cualquier tipo de resistencia que ponga en cuestión su hegemonía. Una “OTAN latinoamericana” encabezada por Estados Unidos es un proyecto que luego sería reproducido en otras partes del mundo, en el Medio Oriente y Asia por ejemplo, para socavar la influencia de China, Rusia e Irán y otros países que no se han sometido a los lineamientos de la política exterior norteamericana.
México es el gran laboratorio de Estados Unidos para dominar toda América Latina. En México la policía federal y los militares que están en guerra contra el narcotráfico actúan siempre en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos. Para Washington es decisivo contar con el apoyo de políticos corruptos y empresarios. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) es un claro ejemplo de integración subordinada. Y este modelo es el que Estados Unidos pretende extender a toda la región.
ANR.- ¿Qué futuro político avizoras para Brasil en caso de que Lula sea encarcelado? La sociedad brasileña parece desencantada con buena parte de la clase política. Si las elecciones carecen de legitimidad ¿Consideras que existe alguna otra forma de encauzar todo este descontento social?
JP.- Mira, la lucha de la sociedad brasileña por recuperar la capacidad de dirigir su propio destino no pasa únicamente por la vía electoral. En estos momentos la derecha controla el Congreso, el poder judicial está sometido y las leyes se manipulan de forma arbitraria. Pienso que la única vía hacia la transformación es impulsar una ruptura radical con el viejo régimen. Es fundamental una movilización constante y prolongada. Hasta ahora Lula se ha venido apoyando en sus abogados y los congresistas de su partido, sin resultados favorables.
Es evidente que esta batalla no se va a ganar a través de procesos judiciales pues no hay imparcialidad. Si la vía electoral es cancelada, entonces sólo queda convocar a una huelga general, paralizar las oficinas del Gobierno y detener el sistema transporte. O Lula sale a las calles y convoca a la movilización popular, o terminará en la cárcel. No hay otro camino.
Es cierto que existen muchos obstáculos. En Brasil la guerra mediática es tremenda. Pero el poder de los medios de comunicación tiene límites. Hemos visto que los grandes medios de comunicación estaban en contra del comandante Hugo Chávez, y los venezolanos lo respaldaron; y lo mismo sucedió con el ex presidente argentino Néstor Kirchner. Incluso hay que recordar que varios medios de información como O Globo estaban en contra de que Lula fuera presidente en 2002, y la sociedad brasileña terminó por imponer su voluntad.
Los medios de comunicación solamente consiguen tener un impacto significativo cuando la sociedad está en la inercia y los políticos se apoyan fundamentalmente en la institucionalidad. Pero en el momento en el que la gente siente que no tiene otra alternativa, cuando su situación económica está en franco deterioro, la influencia de los medios de comunicación ya no es determinante para dictar el rumbo de un país.
ANR.- Un verdadero honor conversar contigo James, gracias por concederme esta entrevista.
Fuente: RT
Los comisarios del pensamiento único.
Por Carlos Fazio
Hoy, cuando la canalla mediática está desatada en el mundo occidental, no está de más recordar que como otros términos del discurso político, la palabra “democracia” tiene un significado técnico orwelliano cuando se usa en exaltaciones retóricas o en el “periodismo” habitual, para referirse a los esfuerzos de Estados Unidos y de sus aliados para imponer la democracia liberal representativa a estados considerados “forajidos”, como la Venezuela actual.
En ese contexto, se ha convertido en lugar común que cuando más democracia y libertades se dice reconocer y defender, más se reprime la facultad de pensar; sobre todo, la actividad de pensar a contracorriente. Con la novedad de que en la persecución del pensamiento crítico ya no hay fronteras. Pero sucede, además, que en el nuevo panóptico planetario y en el contexto de la guerra de espectro completo en curso, quienes cuestionan el orden hegemónico o no se ajustan al marco del dogma establecido por los amos del universo, pueden convertirse en objetivo político-militar.
Pensar entraña riesgos y trae consecuencias. Ello ocurre en las ciencias sociales y las humanidades, pero también en el periodismo. En la actual coyuntura, bien lo saben, entre otros, Atilio Borón (Página 12, Rebelión.org) y Luis Hernández (coordinador de Opinión de La Jornada), quienes por practicar el ejercicio crítico de pensar con cabeza propia, son objeto de mofa, presiones y campañas de estigmatización y criminalización por un puñado de diletantes vigilantes del pensamiento único neoliberal que responden a un mismo y nauseabundo guion de Washington.
“Nicolás Maduro dictador” emite la voz del amo desde las usinas del poder mundial, y el eco es amplificado urbi et orbi por una cohorte de amanuenses subvencionados y tarifados. El esquema es simple: para el periodismo mercenario, el “Maduro dictador” sustituye hoy “las armas de destrucción masiva” de Sadam Hussein en 2003. El saldo de la mentira del Pentágono como arma de guerra costó más de un millón de muertos; pero eran iraquíes.
El modelo “comunicacional” está bien engrasado. Permite debates, críticas y discrepancias, en tanto se permanezca fielmente dentro del sistema de presupuestos y principios que constituyen el consenso de la élite. Es un sistema tan poderoso que puede ser interiorizado en su mayor parte, sin tener conciencia de ello. En general, quien tiene ideas equivocadas o intenta romper el molde es ignorado o apartado; pero en ocasiones puede ser satanizado por los llamados intelectuales públicos, pensadores políticamente correctos o gente que escribe editoriales y cosas así, y es colocado frente al paredón de la “prensa libre”.
Recuerda Marcos Roitman que los ideólogos del actual sistema de dominación han reinterpretado los saberes y el conocimiento bajo una única racionalidad: la del capital. El capital niega su carácter totalitario. En su dimensión política, el capitalismo socializa la violencia y deslastra la historia que le resulta incómoda. Bajo los criterios de la “colonialidad del saber”, es capaz de eliminar al nazismo y al fascismo −también al franquismo, al somocismo o al pinochetismo− como fenómenos inherentes a su racionalidad.
Hace más de un cuarto de siglo, en Los guardianes de la libertad (Grijalbo Mondadori, 1990), Noam Chomsky y Edward S. Herman develaron el uso operacional de los mecanismos de todo un modelo de propaganda al servicio del “interés nacional” (de EU) y la dominación imperial. Nos enseñaron a examinar la estructura de los medios (la riqueza del propietario) y cómo se relacionan con otros sistemas de poder y de autoridad. Por ejemplo, el gobierno (que les da publicidad, fuente principal de ingresos), las corporaciones empresariales, las universidades.
Asimismo, diseccionaron a los medios de élite (The New York Times, The Washington Post, CBS y otros) que marcan “la agenda” de los gestores políticos, empresariales y doctrinarios (profesores universitarios), pero también la de otros periodistas, analistas y “expertos” de los medios de difusión masiva que se ocupan de organizar el modo en que la gente debe pensar y ver las cosas.
Demostraron, en síntesis, cómo mediante la violencia sicológica o simbólica e indignantes campañas de intoxicación lingüística (des)informativas y supresiones (“las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca”, alerta a su vez Emir Sader); manipulaciones, normas doble-estándares y duplicidades; sesgos sistemáticos, matizaciones, énfasis y tonos, y de la selección del contexto, las premisas y el orden del día general, se lleva a cabo el control elitista de la sociedad mediante lo que Walter Lippmann denominó “la ingeniería del consenso”.
Ese modelo de propaganda −por lo general dicotómico o maniqueo: verbigracia “Maduro dictador vs. la oposición democrática de la MUD”; las hordas chavistas vs. los luchadores de la libertad de D. Trump− deja entrever que el “propósito social” de los medios es inculcar y defender el orden del día económico, social y político de los grupos privilegiados. Para ello, la fórmula es sencilla: los dueños de la sociedad utilizan a una “clase especializada” −conformada por “hombres responsables” y “expertos” que tienen acceso a la información y a la comprensión, en particular, académicos, intelectuales y periodistas− para que regule las formas de organización del rebaño desconcertado; para manufacturar el consentimiento y mantener a la chusma a raya.
Todo el sistema de ideas políticas del imperialismo tiende a argumentar su derecho a la dominación, a la supeditación del Estado a los monopolios en todas las esferas de la vida; a la manipulación de las masas y la desinformación de la “opinión pública”. Según Lippmann, la labor del público es limitada. El público no razona, no investiga, no convence, no negocia o establece. Por ese motivo, “hay que poner al público en su lugar”. La multitud aturdida, que da golpes con los pies y ruge, “tiene su función: ser el espectador interesado de la acción”. No el participante.
Fuente: La Jornada
El TLCAN: crónica de una renegociación anunciada.
texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra texto de mostra
Por María Cristina Rosas*
Como es del dominio público, el próximo 16 de agosto dará inicio en Washington, D.C., la primera ronda de renegociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Esta renegociación, a la que ésta autora se referirá a partir de ahora como “TLCAN 2.0”, se produce en un momento particularmente difícil en las agendas nacionales de cada uno de los países involucrados, especialmente en México.
El arranque de este encuentro, que se extenderá hasta el 20 de agosto, promete ser escabroso. El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que el TLCAN es el peor acuerdo comercial de la historia y le achaca la pérdida de empleos en la Unión Americana. Alguien debería decirle que, en su momento, el tratado norteamericano fue un parteaguas en las negociaciones comerciales internacionales debido a los temas que incluyó, mismos que iban más allá del simple desarme arancelario. En ese entonces, en el seno del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en la Ronda de Uruguay, misma que se desarrolló de 1986 a 1994, se buscó incluir tópicos nunca antes negociados en el terreno comercial, como los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el comercio en servicios, las inversiones, etcétera. Así, mientras que la Ronda de Uruguay se estancaba, México, EU y Canadá proseguían con la gestación de un acuerdo comercial que, al concluir, sentó el precedente para poner en la mesa del GATT esos temas que tanto ruido hicieron en la agenda económica global. En otras palabras: el TLCAN ayudó a que la Ronda de Uruguay pudiera culminar, dando pie, asimismo, al nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que es el foro multilateral más importante para buscar la eliminación de obstáculos al comercio en el planeta. Y eso no es todo: el TLCAN fue el parámetro conforme al cual el propio EU desarrolló negociaciones subsecuentes con diversos países del mundo. Entonces, siguiendo con la lógica de Trump, si el TLCAN fue la peor negociación jamás realizada, ¿qué podría decir el mandatario estadounidense de la extensa red de acuerdos comerciales que se inspiraron en el tratado norteamericano y de la Ronda de Uruguay -y de la propia OMC y de los que forma parte el vecino país del norte?
Pero para poner en contexto al TLCAN 2.0, vale la pena recordar la evolución del TLCAN original, sus logros y, por supuesto, sus desafíos. El TLCAN original fue anunciado en 1990 y gestionado durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, George Bush padre y Brian Mulroney en los primeros años de la década de los 90. La asimetría fue la nota en la negociación y no sólo por la franca debilidad de México frente a las dos economías desarrolladas con las que debió lidiar. México llegó a aprender. Nunca antes se había presentado en un encuentro, frente a frente, con lo más granado del aparato empresarial, comercial y político de la Unión Americana, para negociar un tratado de esas proporciones. Así, tuvo que aprender y también destinó muchos esfuerzos y recursos contratando lobistas y cabilderos para que el Congreso de aquella nación diera su aprobación al producto final que, como se recordará, entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994.
El TLCAN original, aunque, en nombre, trilateral, en realidad fue una negociación fracturada, donde México y EU negociaron los rubros que más importaban a ambos, en tanto Canadá, que desde 1989 tenía un acuerdo comercial bilateral con los estadounidenses se insertó al proceso trilateral para proteger sus intereses. A ello hay que sumar la escasa relación comercial entre México y Canadá y el hecho de que canadienses y estadounidenses son socios globales con una agenda estructural que los mantiene muy integrados y no sólo en el terreno económico. Ambos son miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), ambos monitorean el espacio aéreo norteamericano a través del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), y también ambos son países altamente desarrollados y graneros del mundo.
Pese a ello, el TLCAN original reportó beneficios a los tres países. Gracias a este instrumento, el comercio creció, tanto entre México y Estados Unidos, como también entre los mexicanos y los canadienses. Si se considera al comercio trilateral, éste ascendió en 2015 a más de 1 billón de dólares, tres veces superior al imperante previo a la entrada en vigor del tratado norteamericano.
En el caso de la relación entre México y Canadá, se incrementaron las rutas aéreas directas para ambas naciones, de manera que ya no fue indispensable hacer escala en EU para que los viajeros pudieran ir a uno u otro país. Desde la entrada en vigor del TLCAN original, el comercio bilateral México-Canadá creció a una tasa anual promedio de más del 10 por ciento –aunque en épocas más recientes, el comercio creció a tasas de un dígito-, predominando entre las exportaciones mexicanas automóviles, televisores, enseres domésticos, muebles y equipo médico, en tanto el país de la hoja de arce vende a la República Mexicana principalmente equipo para aeronaves, buques y vehículos, maquinaria y aparatos mecánicos, grabadores de sonido y reproductores y productos metálicos. México tiene una balanza comercial superavitaria con los canadienses. En el terreno de las inversiones, Canadá ha incrementado en 25 veces los montos de recursos destinados a México, especialmente en los sectores minero, manufacturero y de comunicación.
Por otra parte, el comercio entre México y Estados Unidos pasó de 81 mil 498 millones de dólares en 2003, a 539 mil 174 millones de dólares en 2015, lo que significa un promedio anual al alza de 7. 7%. Con la Unión Americana, México tiene también una relación comercial superavitaria. Asimismo, las inversiones estadounidenses en México han crecido en seis veces desde la puesta en marcha del TLCAN original.
A lo anterior hay que sumar que desde 1994, el comercio entre los tres países norteamericanos creció más que el crecimiento del comercio mundial hasta el año 2000, en tanto a partir de entonces ha ido a la par de éste. Por lo tanto, decir que el TLCAN original es el peor acuerdo comercial de la historia, equivale a negar que una parte importante de la expansión comercial estadounidense es producto de sus vínculos con México y Canadá. En números, México y Canadá representan la tercera parte de los intercambios comerciales de EU con el mundo amén de que el 40 por ciento del crecimiento de las exportaciones estadounidenses deriva del acceso que el TLCAN les ha garantizado en los mercados mexicano y canadiense. Por la posición que tienen entre los países con los que más comercia EU, Canadá ocupa la segunda y México la tercera posiciones. Como es sabido, la República Popular China (RP China), sin tratado comercial alguno, es el principal socio comercial de los estadounidenses. Asimismo, tanto para México como para Canadá, EU es su principal trade partner.
Ciertamente EU ha hecho del tema del déficit en su balanza comercial, el leitmotiv para justificar la renegociación del TLCAN original. Sin embargo, en honor a la verdad, vale la pena aclarar varias cosas. En primer lugar, el mayor responsable del enorme déficit comercial de EU con el mundo es la RP China. Con ese país, Washington lleva a cabo el 15 por ciento de sus intercambios comerciales globales. En segundo lugar, Trump ignora convenientemente que las balanzas comerciales que tiene con México y Canadá, se han mantenido relativamente estables al paso de los años. Con Canadá, de hecho, Washington tiene una relación superavitaria, en tanto con México es deficitaria, y ésta equivale al 10 por ciento del comercio de bienes y servicios que mantiene con el mundo, o bien, el 0. 3 por ciento del producto interno bruto (PIB) estadounidense. Es decir, uno de cada 10 dólares del déficit comercial de EU con el mundo deriva de su relación con México, por lo que el 90 por ciento restante obedece a los intercambios que mantiene con la RP China y otras naciones. De hecho, ha sido Beijing, en los pasados 20 años, el principal responsable del déficit comercial de EU, equivalente al 35 por ciento de la balanza comercial negativa de la Unión Americana con el mundo. ¿Por qué entonces Washington se empeña en denostar el TLCAN original? Éste le ha traído innegables beneficios. ¿Por qué no cargar las baterías contra la RP China, con quien no tiene tratado comercial alguno? En todo caso, es evidente que el TLCAN original ha llevado a que Washington goce de beneficios cuantiosos al comerciar con sus vecinos norteamericanos y que al no tener un tratado comercial equivalente con Beijing, no cuenta con las herramientas para desarrollar intercambios más equitativos o convenientes a sus intereses instrumentales particulares con el gigante asiático.
En tercer lugar, el comercio de EU con México es deficitario, no por los bad hombres ni las maquiladoras, ni los bienes producidos aquí que son llevados a aquel mercado, como lo expresa tan a menudo Trump. De hecho, son sus importaciones de energía y recursos naturales, las que alimentan al déficit estadounidense y no las de bienes y servicios. Con México y Canadá, Washington tiene déficits en el sector energético debido a que tanto sus empresas como sus consumidores privilegian la adquisición de fuentes energéticas relativamente baratas de sus vecinos norteamericanos y se prevé que dicho déficit crezca, debido a la construcción de oleoductos entre Canadá y EU y a la reforma energética en México, misma que abre nuevas posibilidades a los inversionistas del vecino país del norte en el mercado nacional. Llama la atención, entonces, que Trump achaque al comercio de bienes manufacturados la responsabilidad de su déficit con México. Lo que no admite es que EU no está dispuesto a depender para su aprovisionamiento energético, de países volátiles, como los de Medio Oriente o Venezuela, por lo que busca afianzar su seguridad energética a través del acceso a los recursos naturales de México y Canadá.
¿Qué esperar en renegociación del TLCAN 2.0?
En preparación para el TLCAN 2.0, las autoridades mexicanas afirman haber realizado extensas consultas con empresarios, cámaras y asociaciones de productores y exportadores, inversionistas, universidades, consultores y representantes del sector cultural. Sin embargo, parece ser que no se ha hablado con todos los mencionados, o las consultas se han limitado a una formalidad que ha sido altamente excluyente. Generalmente, las empresas mexicanas más globalizadas son consultadas. Sin embargo, el empleo en el país lo generan las pequeñas y medianas empresas (PyMES), con las que hay algunos acercamientos y no con todas. Se ha dicho también, que las consultas ascienden a unas 250 reuniones de trabajo, pero, a la fecha, a horas de iniciar el proceso renegociador, la sociedad mexicana carece de la información necesaria para poder participar y promover sus intereses en un escenario que la impactará de diversas maneras. De entrada, todas las consultoras prestigiadas y las propias autoridades de las Secretarías de Hacienda y Economía, reconocen que se avecina un proceso complicado que impactará al tipo de cambio.
Adicionalmente hay muchas dudas en torno a los acuerdos paralelos del TLCAN original. Como se recordará, una vez que estuvo listo el texto base y dado que hubo cambio de gobierno en EU desde que se inició la negociación en los 90, la administración estadounidense de William Clinton solicitó la suscripción de dos acuerdos paralelos, uno en materia ambiental y otro de cooperación laboral, los cuales, en las condiciones actuales, podrían sufrir cambios. Por ejemplo, la administración de Donald Trump ha retirada a su país del Acuerdo de París, por lo que su postura en materia ambiental seguramente incidirá en el acuerdo paralelo respectivo. No se pierda de vista que tanto México como Canadá han suscrito el Acuerdo de París, lo que los confrontará, en esta materia, con Washington. También está pendiente el tema de los salarios mínimos, el cual es de extrema relevancia para el acuerdo de cooperación laboral. No menos preocupante es el anuncio de parte del gobierno estadounidense, de que desea eliminar el capítulo XIX del TLCAN a efecto de incorporar demandas laborales.
Cuando el TLCAN vio la luz, no hubo cláusulas democráticas que condicionaran los beneficios del tratado a la observancia del respeto a los derechos humanos. Sin embargo, hoy es un tema insoslayable y, como se recordará, otros países como los que integran la Unión Europea, plantearon como condición no negociable, la inclusión de la cláusula democrática en el acuerdo suscrito con México. Dadas las circunstancias imperantes en México, es razonable suponer que el tema aflore.
Para EU también es importante que el TLCAN 2.0 cuente con cláusulas anticorrupción, lo que implicaría que, si se detectaran situaciones de este tipo por parte de empresas de México y Canadá, se les consideraría prácticas desleales de comercio y por lo tanto, serían punibles.
El capítulo de propiedad intelectual se antoja complejo, considerando los debates y tendencias observadas en las negociaciones de acuerdos previos suscritos por Washington con países como los Centroamericanos y la República Dominicana en el CAFTA, o bien, los diversos planteamientos esgrimidos por las autoridades estadounidenses sobre el particular en el seno de la OMC.
Otro rubro que seguramente planteará desafíos al país, es el capítulo energético, donde tanto EU como Canadá mantienen posturas liberalizadoras y de pleno acceso a los recursos energéticos y minerales de México.
La estrategia mexicana
En el momento de escribir estas líneas, hay muchas incógnitas sobre los rumbos que podría tomar la gestión del TLCAN 2.0. Hay muchas preguntas y, hasta ahora, pocas respuestas.
Hay temas, ciertamente, que no deberían sufrir grandes modificaciones, por ejemplo, las disposiciones sanitarias y fitosanitarias; las barreras técnicas al comercio; los acuerdos paralelos; los derechos de propiedad intelectual; las reglas respecto a las empresas estatales; las compras del sector público; las políticas de competencia; y las buenas prácticas regulatorias. México incluso podría negociar el acceso al mercado de bienes agropecuarios con EU, toda vez que, entre Washington y Ottawa, por no ser economías complementarias en este ramo, no parece factible una concertación en la materia.
México, ha señalado que se incorporará una perspectiva de género en la negociación, pero no ha explicado cómo ni dónde lo hará. Vaya, no está mal, pero sería deseable contar con más información al respecto.
Un tema del interés de los tres socios norteamericanos, es el comercio con la RP China, país que, como se explicaba, es el primer socio comercial de EU y el segundo de Canadá y México. A los tres preocupa el gigante asiático y el sentido de la renegociación del TLCAN 2.0 también es fortalecer a América del Norte vis-à-vis las economías asiáticas. Mejorar la competitividad de la región debe ser una prioridad, pero conforme a reglas e intereses compartidos, no subordinados a lo que disponga únicamente EU.
De los tres socios norteamericanos, México es el que más se ha integrado a la economía estadounidense con el TLCAN. Claro está que EU y Canadá tienen una integración intraindustrial de larga data, pero llama la atención que, en el mercado de importaciones canadiense, la Unión Americana participaba con 23. 5 por ciento entre 1993 y el 2005, pero declinó para ubicarse en 18.3 por ciento en 2016. La diferencia de 5. 2 puntos porcentuales fue ganada por la RP China. A pesar de esto, la integración de las cadenas industriales en América del Norte es una realidad como se sugería líneas arriba. Considerando las importaciones estadounidenses procedentes de México y Canadá, el contenido estadounidense de las importaciones desde México es de 40 por ciento y desde Canadá, de 25 por ciento. Para el caso de la industria automotriz el contenido estadounidense de las importaciones procedentes de México oscila entre el 47 y el 85 por ciento. En contraste, las importaciones que realiza EU desde la RP China, sólo tienen un 4 por ciento de contenido estadounidense. Estos datos son relevantes porque muestran una vez más, que al ser México el socio más asimétrico en América del Norte, es también el que más tiene que perder si las cosas salen mal en el TLCAN 2.0.
Para finalizar, no está de más recordar que pese al estilo más relajado que muestra el gobierno canadiense en la voz de su carismático Primer Ministro Justin Trudeau, a México siempre se le ha visto en el país de la hoja de arce como un intruso que le resta márgenes de maniobra a los canadienses en Estados Unidos. Lejos de una alianza entre México y Canadá durante la gestión del TLCAN 2.0, se espera que Ottawa vaya por lo que concierne a sus intereses, y México, pese a ser una economía importante a nivel mundial, no le resulta tan prioritario a los canadienses. Por lo tanto, México está sólo en esto, si bien sería un buen momento también, para explotar la enorme red de tratados comerciales que tiene con el mundo, si no por otra razón, como parte de una estrategia negociadora con Washington. México debe echar mano de los acuerdos que posee con potencias comerciales como Japón y la Unión Europea y recordarle a la Unión Americana que esas naciones han dedicado atención a su relación con los mexicanos. EEUU sabe que México es, en éste renegociación, el más débil, pero es de esperar que la enorme experiencia con que cuenta el país en materia de negociaciones comerciales, opere a su favor.
Dicho esto, era de esperar que hubiera una renegociación del TLCAN original, y era previsible que iba a ocurrir de todos modos, habida cuenta de la necesidad de actualizar el citado tratado, a las condiciones imperantes en la economía internacional. Con Trump o sin Trump, esto iba a ocurrir de todos modos. El TLCAN elevó el comercio y las inversiones, como se ha visto, pero existe la necesidad de llevar la relación económica entre las tres naciones norteamericanas por nuevos derroteros. Sin embargo, es deseable que el proceso se desarrolle con inteligencia por parte de los negociadores mexicanos. Hay varias cartas que México puede jugar. La principal, por supuesto es que México es clave para la prosperidad de EU. Corresponde entonces, a los negociadores mexicanos, jugar esa carta, sensibilizando a sus contrapartes con prudencia, pero también con firmeza. Hoy México tiene una larga experiencia en negociaciones de tratados comerciales, por lo que no puede escudarse en que es novato o no sabe qué hacer. Muchos de quienes formaron parte del equipo negociador de México durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy son respetados consultores. Muchos de ellos fueron consultados por diversas naciones que buscaban negociar tratados comerciales. Incluso, Herminio Blanco fue candidato a ocupar la dirección general de la OMC con el aval de Estados Unidos. Lo bailado entonces, ya nadie se lo quita al país. Por lo tanto, México puede y debe llegar a Washington, sabiendo que antaño hizo lo más difícil, por lo que las autoridades nacionales, aun a pesar de Trump, no tienen excusa para hacer, aun en las condiciones actuales, una mala negociación. Para decirlo de otro modo, los negociadores mexicanos no llegarán para aprender.
*María Cristina Rosas es Profesora e investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fuente: nuevatribuna.es